lo largo de seis meses la administración de Enrique Peña Nieto no ha podido instalar en el grueso de la opinión pública una versión aceptable de lo que sucedió en Iguala con estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Primero, el gobierno federal quiso hacerse el desentendido, tratando de dejar el asunto en el mero ámbito local, en una suerte de conflicto entre particulares y policías municipales. Luego enderezó la mira contra el gobierno estatal a cargo del priísta-perredista Ángel Aguirre Rivero, con la vista puesta también en el objetivo electoral de restituir al PRI en el mando guerrerense. Y finalmente hubo de asumir el caso en su dimensión precisa, como problema de máximo interés nacional y grave resonancia internacional, el más fuerte enfrentado hasta la fecha por ese peñismo que de medio año a la fecha ha ido cayendo en varios sentidos, uno de ellos el de la aceptación popular, según han ido reportando diversas encuestas.

El pasmo y la ineficacia de la administración Peña frente a la desaparición de los 43 desembocaron en la irritante verdad histórica dada a conocer por Jesús Murillo Karam como fabulador en jefe. Con una frialdad manipuladora se fue construyendo la historieta insostenible cuyo punto culminante habría sido la incineración de cuerpos en un basurero y la disolución de restos en un río, hasta agregar al trágico surrealismo mexicano el expediente de asesinatos masivos incomprobables en términos forenses oficiales, sin cuerpos ni restos humanos acreditables, en una treta del Karamba, que más allá de las consecuencias judiciales en el ámbito nacional (la siembra de un proceso indebido que años más adelante pueda llevar a liberaciones de inculpados y al carpetazo final tan gubernamentalmente deseado), ha pretendido cerrar el paso a las indagaciones y eventuales condenas desde instancias internacionales por la desaparición forzada de personas y la responsabilidad histórica y legal del Estado mexicano y sus máximas autoridades actuales.

Los terribles enredos procesales y la penosa incapacidad política del peñismo (no sólo en este caso, pero marcadamente en él) tienen como referente original una imprecisa asignación de responsabilidades en los sucesos de Iguala. Una tragedia de esa magnitud hubiera llevado a políticos pragmáticos a descabezar de inmediato a autoridades y personajes locales involucrados en el asunto y a presentar una rápida versión oficial que ayudara a aminorar las suspicacias y protestas. Pero algo se atoró y sigue atorado en la relatoría gubernamental de los hechos. ¿Quién o quiénes, de alto nivel político, ordenaron o permitieron la salvaje orden fatal contra los estudiantes? ¿Cuál fue el papel de los múltiples agentes federales, del Cisen, de Gobernación, el Ejército y la Marina, en cuanto a la información oportuna de hechos públicos y escandalosos que iban sucediendo en la pequeña población guerrerense? ¿Cuál era la vinculación del mando militar local con el presidente municipal, José Luis Abarca, y con el cártel dominante en el lugar, el de los Guerreros Unidos? ¿Por qué Peña Nieto se tardó tanto en abordar el asunto y tomarlo en el ámbito federal?

Y, sin embargo, todo se fue dosificando en función de la apuesta oficial de que el paso del tiempo y el desgaste de las protestas permitirían imponer una versión a modo de los intereses oficiales. Una apuesta fallida, pues la movilización en demanda de justicia se mantiene, con resonancia en el extranjero, sin que el ánimo nacional considere superado el tema. A seis meses de distancia, Ayotzinapa es la mayor condena histórica de un gobierno tan prolijo en cuanto a escándalos de corrupción y abusos de poder (Tlatlaya, opacado por el caso guerrerense pero de dimensiones parecidas a las de éste; las casas de los poderosos obtenidas a través de contratistas agradecidos y el golpe al periodismo crítico contra Carmen Aristegui y su equipo).

Ah, por cierto, ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, rindió un informe de labores en Los Pinos (¿anfitrión es destino?), lo que permitió a Enrique Peña Nieto fijar postura discursiva en vísperas de los seis meses sin los 43. El mexiquense dijo con toda solemnidad que las autoridades están obligadas a respetar y hacer respetar la ley y que (oh, rendido ante el esplendor retórico) quien quebrante este precepto fundamental del estado de derecho tiene que asumir las consecuencias. Ante su amable visitante, también conocido como el ombudsman, dijo EPN que está dispuesto a hacer un frente común con la CNDH para cumplir con lo que nuestro país demanda, exige y necesita, es decir, una cultura cada vez mayor en favor de los derechos humanos, de la protección de los mismos.

Astillas

El anuncio hecho por Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de Hacienda, es contundente. Habrá recorte en el sector gubernamental, hasta quedar con las mínimas plazas indispensables, en un apretar de cinturón burocrático que lanzará a miles a la incertidumbre y la desesperación económicas…

El Instituto Nacional Electoral mantiene un optimismo a prueba de todo, pues asegura que se siguen construyendo las condiciones adecuadas para que haya elecciones en Oaxaca y Guerrero…

Por su parte, los organizadores del juego de selecciones entre México y Brasil el mismo día de los comicios, a las cuatro de la tarde, aseguran que en nada se afectará la participación de los ciudadanos en las urnas, pues quien quiera acudir a sufragar podrá hacerlo antes de sucumbir a la distracción balompédica (oportuno el dirigente del PRI, César Camacho, al asegurar que se prevé ese día un triunfo tricolor) …

Martí Batres, en nombre de Morena, ha invitado a la Ceteg a establecer una alianza de índole electoral para apoyar a Pablo Amílcar Sandoval como candidato a gobernador y buscar que en la entidad haya por primera vez una administración de izquierda… ¡Hasta mañana!

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