En vísperas de que concluya el plazo legal de un año para que llegue a su fin el concurso mercantil de la desarrolladora de vivienda Geo, cientos de familias que la acusan de haberles vendido casas de interés social construidas con materiales de baja calidad y sobreprecio hasta de 40 por ciento presentaron este martes un escrito con más de mil firmas al juez Enrique González Meyenberg, rector del concurso mercantil, para pedirle que suspenda el procedimiento y declare la quiebra de la empresa.

Lo que pretenden los afectados por Geo –en los cuatro años recientes han litigado en los tribunales contra varias inmobiliarias, con el apoyo de la asociación Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna– es que el juzgador no admita la posibilidad de que Geo reciba un nuevo financiamiento de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), ya que la ley de concursos mercantiles (reformada en 2013) prevé esa posibilidad para evitar la quiebra de una constructora que enfrente graves problemas económicos.

Según los abogados de quienes adquirieron viviendas de baja calidad y con sobreprecio, Geo y otras inmobiliarias han incumplido su obligación constitucional de construir viviendas dignas y decorosas, ya que la mayoría fueron edificadas sin cumplir con los servicios de urbanización y con materiales de baja calidad.

Si González Meyenberg avala este concurso mercantil y autoriza que el gobierno de Enrique Peña Nieto, vía SHF, dé dinero a Geo para que liquide las deudas con sus acreedores, tanto el juez como el gobierno federal serán cómplices de una violación flagrante al derecho humano de ofrecer vivienda digna y decorosa para los mexicanos. Lo que debe hacer el juez es decretar la quiebra de Geo para que no sea rescatada por el gobierno, sostuvo Humbertus Pérez Espinoza, representante de los afectados.

Entrevistado en el palacio de justicia federal de San Lázaro, adelantó que si el juzgador no frena el concurso mercantil de Geo, el Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna recurrirá al juicio de amparo y, de ser necesario, llevará el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y/o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A más tardar el próximo 23 de abril, el juez González Meyenberg (quien en 2006 fue separado de sus funciones y removido de un juzgado de distrito en la Paz, Baja California Sur, acusado de liberar irregularmente a tres detenidos en una finca donde había armas y drogas, pero años después fue reinstalado por la SCJN, deberá emitir una resolución en la que dé por concluido el periodo de concurso mercantil de Geo (un año).

Una vez que eso ocurra, el polémico juzgador abrirá la etapa de convenio concursal entre la empresa y sus acreedores, a fin de buscar un convenio de pagos que evite la quiebra de la empresa.