Un día después de que el dirigente del PRI, César Camacho Quiroz, afirmó que la justicia no se da por consigna en ese partido, la ex presidenta nacional del tricolor, María de los Ángeles Moreno Riegas, expresó que el fallo para no expulsar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre se dio debido a presiones políticas.

Antes de la ceremonia del 21 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, que encabezó la cúpula de ese partido, la asambleísta condenó la impunidad que rodea al hijo del rey de la basura y cuestionó que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria decidiera no expulsarlo.

Moreno, quien sufrió agresiones del grupo que sigue a Gutiérrez de la Torre, expuso que la comisión debe reconsiderar el fallo de sólo suspenderle sus derechos, y aplicar la expulsión que reclaman militantes por el caso de la red de prostitución que operaba en el PRI capitalino.

Por la mañana, en conferencia de prensa, el consejero nacional del tricolor Armando Barajas, quien interpuso la demanda de expulsión del ex dirigente del PRI en el Distrito Federal, anunció que recurrirá el fallo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sostuvo que la resolución se basó sólo en los testimonios de las tres mujeres que habrían participado en la red de prostitución del hijo del rey de la basura.

Un día después de que el dirigente nacional, César Camacho Quiroz, justificó el acuerdo con el argumento de que en el PRI no se hace justicia por consigna, Barajas refirió que casualmente Sandra Vaca Cortés, Priscila Martínez González y Adriana Rodríguez Regalado, que habrían operado la contratación de mujeres para otorgar favores sexuales a Gutiérrez de la Torre, fueron localizadas el 18 de marzo por la comisión y ese mismo día las llevaron a declarar y lo hicieron en favor de su ex jefe.

Se trata de las tres mujeres que son investigadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y sospechosamente ni el Ministerio Público ni el Instituto Nacional Electoral lograron localizarlas, declaró.

Barajas consideró que el fallo se tomó en una reunión que no debió llevarse a cabo porque la comisión no está debidamente integrada, ya que Reyna Araceli Tirado renunció al cargo de presidenta de esa instancia, e “indebida e ilegalmente Laura Ivonne Zapata Martínez ostenta el cargo de ‘presidenta en funciones’, cargo que no existe en el código de justicia partidaria”.

Expuso que al no ser legal su cargo, tampoco lo son todos los actos que firme y presida, en concreto la convocatoria a la sesión del viernes y la resolución emitida.