os trabajadores mexicanos, como todos los explotados y oprimidos del mundo, anhelan un cambio social logrado con métodos pacíficos y democráticos, pues conocen en carne propia y por la historia el precio en sangre y en sufrimientos de los cambios violentos. Pero cuando no pueden mantener su modo anterior de vida, ni asegurar su existencia misma, pueden verse obligados a reaccionar colectivamente y a responder a la violencia criminal del Estado y de los delincuentes y a la injusticia con la autodefensa y con una acción violenta liberadora.

Para que hoy en México un cambio por vía electoral fuese posible debería imperar un grado mínimo de legalidad y de democracia, y el Estado de la oligarquía y del capital financiero internacional debería ser capaz de respetar lo que dicen las urnas, aunque el veredicto le fuese desfavorable. Pero ¿quién puede creer en la posibilidad de elecciones limpias, con resultados honestos, cuando la violencia desenfrenada decapita, como en Guerrero, candidatos, decidiendo así por anticipado quiénes representarán al Estado capitalista, y cuando la llamada justicia y las fuerzas del orden a su servicio consolidan la alianza entre el aparato estatal y un narcotráfico sostenido y alimentado desde Estados Unidos para someter y dominar a México y obtener mano de obra y recursos baratísimos?

Si Estados Unidos amenaza a Venezuela porque ese país es políticamente independiente, aunque siga siendo dependiente en materia económica, y porque ayuda a las economías cubana y caribeñas, ¿es posible creer que aceptaría en México –que está integrado a la economía y la sociedad estadunidenses– un gobierno con veleidades de independencia? Si durante la Revolución Mexicana, cuando Washington no tenía aún un ejército, Estados Unidos invadió México y ocupó Veracruz, ¿permanecería ahora pasivo cuando es la primera potencia mundial y decide sin apelación quién amenaza su seguridad interna?

¿Podría ser garante de elecciones libres un gobierno nacido del fraude y derivado de otro gobierno que militarizó el país, mató a decenas de miles de personas y metió el narcotráfico dentro de las fuerzas armadas?

Si en Guerrero los comuneros, los campesinos, con el apoyo de los demás explotados y oprimidos, eligen el camino de la autodefensa porque no creen en los aparatos del Estado ni en su justicia tuerta, que ve sólo los intereses de los poderosos, y se autorganizan y arman para garantizar sus vidas y la democracia, ¿es sensato y moralmente aceptable dejarlos solos para colaborar en la farsa de elecciones regionales, imposibles de realizar en las actuales condiciones?

Durante mucho tiempo los capitalistas negaron el voto a los trabajadores y a las mujeres, que conquistaron con duras luchas su derecho a sufragar. El voto es algo que debe defenderse. No se trata hoy, pues, de negar las elecciones por principio, sino de contraponer a esta farsa electoral en Guerrero las elecciones democráticas, en asamblea, de los representantes populares y de los ciudadanos en armas designados por esas asambleas para combatir los delitos y los abusos de todo tipo. Se trata de garantizar el derecho democrático de seleccionar –y revocar, si es necesario– los propios representantes elegidos por voz popular.

Contraponer la participación en la farsa electoral favorable al PRI –para colmo reuniendo los restos del moribundo PRD– a aquello que están votando ya los guerrerenses equivale a condenar al olvido a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, es políticamente incorrecto y es éticamente inaceptable y condenable, porque equivale a un sostén indirecto al régimen oligárquico que nos oprime.

El tiempo y los recursos humanos y de todo tipo que se utilizan para avalar y legalizar unas elecciones que no reúnen las condiciones mínimas para ser consideradas democráticas y válidas (se votaría en estado de sitio, con ocupación militar del territorio, bajo la coacción permanente del terror estatal y de los narcos y en medio de asesinatos), deberían ser utilizados mejor para reforzar y difundir lo que hacen los trabajadores guerrerenses y exigir, apoyándose en los movimientos sociales y dándoles pleno sostén, las reivindicaciones más elementales de los trabajadores mexicanos: castigo a los culpables de la desaparición de los 43 normalistas, paz, derecho a un trabajo digno en el país, justicia y pleno respeto por los derechos humanos y del trabajador, anulación de todas las leyes reductivas de los derechos laborales y lesivas contra la propiedad nacional de los recursos naturales, un plan de empleo que esté financiado por la reducción drástica de los privilegios de gobernadores, legisladores, políticos y banqueros y por el control de la tremenda corrupción estatal.

En vez de servir al narcoestado ligado al imperialismo, hay que crear los gérmenes de un nuevo Estado democrático mediante asambleas resolutivas y ejecutivas, planes locales de desarrollo y reconstrucción del territorio llevados a cabo por organismos elegidos, organizados y controlados por asambleas populares. La autorganización, la autonomía, la autogestión, la autodefensa, son los instrumentos para eso. No hay salvadores supremos ni providenciales: sólo la fuerza y la conciencia de los trabajadores organizados y su independencia política frente al Estado y a los organismos de mediación de éste, como los partidos del régimen, podrán defender y liberar a los oprimidos, vejados, humillados, reprimidos todos los días y sacar al país de la actual barbarie en que está cada vez más sumido.