Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano refrendó ayer su compromiso con la protección de los derechos de las personas y su determinación para hacer frente a los retos en la materia, con el acompañamiento de la sociedad civil y del propio organismo multilateral.

En un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República (PGR), se califica de medida sin precedente que en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa se haya aceptado que un grupo de expertos de la CIDH revise el tema. Ello debido a su capacidad para incidir, a través de recomendaciones, en cuestiones estructurales en materia de desaparición forzada.

Sobre las víctimas de la llamada guerra sucia, el gobierno ratificó su compromiso para continuar la búsqueda de personas desaparecidas durante esa época, y el trabajo conjunto con la sociedad civil para ese fin.

Las dependencias recordaron que en su 154 periodo de sesiones, la CIDH convocó al Estado mexicano a participar en cinco audiencias temáticas: sobre la situación de los derechos humanos en Guerrero, las desapariciones forzadas, la violencia contra las mujeres, la reforma energética y su relación con los derechos económicos, sociales y culturales, y el acceso a la justicia de los migrantes.

En los encuentros, realizados en Washington, participaron representantes de organizaciones civiles y autoridades mexicanas, las cuales actualizaron a la comisión respecto de los avances para actualizar el marco jurídico, entre los que mencionó la iniciativa de reforma constitucional enviada al Senado el primero de diciembre de 2014 para crear leyes generales sobre desaparición forzada y tortura.

En la audiencia sobre la reforma energética, funcionarios destacaron que esa legislación se basa en criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad.

Aseguraron que la legislación secundaria desarrolló instrumentos claves para proteger los derechos de propietarios de las tierras, incluyendo métodos de adquisición de propiedad y mecanismos para evitar asimetrías entre contratantes y dueños de la tierra.