Las procuradurías y fiscalías locales reportaron, al corte del 31 de enero pasado, un total de 25 mil 293 casos de personas no localizadas. El rezago mayor en cuanto a investigación y clarificación del paradero de la gente reportada en esa situación es de 2014.

La mayoría de los desaparecidos son mexicanos, aunque de 10 por ciento de los expedientes no se conoce siquiera la nacionalidad de los ausentes.

Del grupo de casos de delitos del fuero común, sólo 125 de los desaparecidos están clasificados como extranjeros, y en el caso de los del ámbito federal son 40 los registros.

Por entidad, Nuevo León es la que presenta un incremento de casi 100 por ciento en cuanto a integración de averiguaciones previas, al pasar de mil 138 a 2 mil 9 casos de no localizados, de octubre de 2014 a enero de 2015.

También hay alza en Chihuahua y Sinaloa, aunque no tan grande. En el primer caso, el penúltimo corte estadístico evidenció mil 145 asuntos de este tipo, y en las cifras de enero se consigna mil 413. En Sinaloa, la relación es de mil 393-mil 569. Según esta información, en 19 entidades hay alzas en el registro de personas desaparecidas.

Los registros de personas relacionadas con averiguaciones previas del fuero común que permanecen sin localizar van en ascenso. La clasificación oficial indica que 745 expedientes son de hechos anteriores a 2007.

De aquellos casos denunciados durante el último año del sexenio de Felipe Calderón, continúan en rezago 3 mil 409 expedientes de personas no localizadas; de 2013, 4 mil 327, y de 2014, 5 mil 810. Para el primer mes de este año ya se habían sumado 345 personas cuyo paradero es desconocido.

El archivo del fuero federal es menor, aunque igualmente hay ocho historias no esclarecidas anteriores a 2007; de 2012 persisten 42; de 2013, primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, siguen 96 en esa situación; en 2014, 208, y en enero pasado hay ocho casos.

Los datos anteriores son compilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, con base en la información oficial que le envían las procuradurías y fiscalías estatales, así como la Procuraduría General de la República.

En los casos por entidad, as autoridades no precisan claramente la nacionalidad y edad de los no localizados.

Ante ello, grupos civiles pugnan por una clasificación más explícita, en especial para identificar plenamente los casos de desaparición forzada, es decir, cuando en ella participan elementos del Estado mexicano (policías, militares, etcétera), con o sin vinculación con el crimen organizado.