l próximo miércoles 25 de marzo en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será resuelto el caso de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio. Es muy importante que la sentencia que dicte la Corte sea realmente protectora y acorde a lo establecido en la sentencia del Campo Algodonero dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seguramente Carmen Aristegui hubiera dedicado a este caso un buen rato en su noticiario, si no le hubiesen amordazado la boca esta semana. Como a la Carmen de Bizet, que sonaba con estridencia en la manifestación afuera de MVS el lunes pasado: otra gitana de fiero temperamento fue también silenciada.
La problemática del feminicidio en el estado de México ha sido denunciada y visibilizada por organizaciones de la sociedad civil y por algunas autoridades. En esa entidad hay muchas cosas que no están bien. De 2007 a 2009 se denunció un crecimiento de 38 por ciento en las tasas de defunción femeninas con presunción de homicidio. La respuesta a esta denuncia ha sido la omisión, y en algunos casos se ha manifestado una actitud discriminatoria en la que las autoridades encargadas de procurar justicia minimizan y justifican este grave problema social.
Mariana, de 29 años de edad, fue encontrada muerta en su casa el 29 de junio de 2010. Su madre, Irinea Buendía Cortez, ha narrado que cuando llegó al lugar de los hechos observó que el cuerpo de su hija estaba mojado y presentaba rasguños y golpes. Irinea ha denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México la violencia grave que constantemente sufría su hija, ya que en reiteradas ocasiones había sido amenazada de muerte por su esposo, un policía judicial de esa entidad.
A pesar de que los familiares denunciaron que un día antes de su muerte Mariana había decidido separarse del marido, por la violencia que él ejercía en su contra, las autoridades encargadas de investigar el caso no realizaron las actuaciones que les obligaba el protocolo de investigación del delito de homicidio desde la perspectiva de feminicidio. Finalmente la autoridad determinó que la causa de muerte era un suicidio y cerraron la investigación.
Han sido más de cuatro años de lucha por parte de Irinea y los familiares de Mariana para que su caso no quede en la impunidad. El largo camino que recorren las víctimas para buscar el derecho a la verdad y a la justicia en casos de feminicidio enfrenta obstáculos por las graves omisiones y negligencias del proceso de investigación, falta de la debida diligencia y de perspectiva de género. Acompañados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, los familiares han agotado todos los recursos jurídicos disponibles para lograr el acceso a la justicia, entre ellos la revisión de amparo ante la SCJN, el cual fue atraído en 2013 por su interés, trascendencia y por la gravedad de la problemática.
Estamos ante una oportunidad histórica para que los ministros de la SCJN (incluyendo al nuevo y seriamente cuestionado Eduardo Medina Mora) por primera vez puedan pronunciarse sobre las actuaciones específicas que las autoridades ministeriales, periciales y policiales deben realizar en casos de muertes violentas y feminicidio, como lo estableció la sentencia del Campo Algodonero. Porque la determinación que dicte la primera sala puede coadyuvar u obstaculizar el acceso a la justicia. Esa sentencia tendría que obligar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a investigar nuevamente los hechos que concurrieron en la muerte de Mariana Lima Buendía, bajo la hipótesis de un feminicidio. Y de igual manera, reconocer las graves omisiones, negligencia y corrupción con que actuaron las autoridades que investigaron la muerte de Mariana: acciones dolosas para encubrir al agresor.
En conclusión, la SCJN tiene la oportunidad de establecer un precedente importante para plantear los criterios mínimos de debida diligencia con perspectiva de género, los cuales deben observar las autoridades de procuración y administración de justicia, para garantizar el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad y la reparación integral del daño a las víctimas de violencia feminicida.
Dice el diccionario médico que cuatro minutos después de una paro respiratorio, de un ataque de asfixia, las personas mueren, si no se les ventila de forma artificial. No sé cuántos minutos nos queden a la sociedad mexicana antes de la asfixia, pero comparto con muchos esa sensación de estrangulamiento, de obstucción de las vías respiratorias, de falta de oxígeno.
Pocos espacios nos ventilan, como este diario en el que ejerzo la libertad de escribir, como los textos de la revista Proceso, como el tiempo que nos abría cada mañana Carmen Aristegui en MVS. Me hace falta el inconfundible timbre de voz con el que despertaba, ese canto de pájaro que mientras anuncia, amortigua las más rudas noticias; esa amiga con quien diariamente, mientras tomabamos el primer café, lloraba con nosotros la violencia y la impunidad y la negligencia y la corrupción. Ya no huele igual el café, ya no me calienta ni el Sol.
Twitter: @Gabrielarodr108
