n grupo interdisciplinario e independiente de expertos y expertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó ayer que el Poder Judicial de nuestro país investigue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, registrada en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del año pasado, como un acto de desaparición forzada, debido a que de esta forma el caso tendría relevancia internacional y sería imprescriptible. Los especialistas informaron además que solicitaron mediante la cancillería una entrevista con el personal militar del Batallón 27 para esclarecer su participación en los hechos, y que pidieron a las autoridades mexicanas una copia digital completa del expediente del caso; que se brinde atención médica a familiares de las víctimas; que se resguarde toda la información relevante y se continúe con las búsquedas correspondientes, pues todavía no tenemos una certeza de lo que ha pasado con el conjunto de los 43 estudiantes.

Más allá de que el mensaje emitido por el referido grupo de visitadores haya sido formulado en términos cuidadosos y diplomáticos –se reconoce, por ejemplo, el trabajo prolijo hecho por la Procuraduría General de la República–, en el fondo constituye una severa descalificación al desempeño de las autoridades nacionales, particularmente las encargadas de procurar justicia, en torno a los hechos ocurridos en Iguala.

En efecto, la afirmación de que no se tiene certeza de lo ocurrido con los normalistas desaparecidos confronta la versión que la Procuraduría General de la República (PGR) ha manejado como la verdad histórica de los hechos, la cual ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por carecer de evidencia empírica que la sustente y ha sido impugnada por los familiares de las víctimas, su entorno social de apoyo y diversas personas y entidades científicas, políticas y sociales en el ámbito nacional e internacional.

Tan inaceptable como el empeño por cerrar el caso con base en una reconstrucción de hechos que resulta inverosímil a ojos de un amplio sector de la opinión pública, fue la renuencia del ex procurador federal, Jesús Murillo Karam, a formular acusaciones de desaparición forzada en contra de los presuntos responsables detenidos por el caso Iguala, con el argumento de que ese tipo penal es de reciente aparición en el marco normativo nacional: semejante afirmación es inadmisible por cuanto constituyó una confesión de incapacidad propia por parte de la PGR para integrar acusaciones con base en el tipo penal adecuado y porque minó la seriedad de sus investigaciones y conclusiones.

Por lo que hace a la solicitud de deslindar la responsabilidad de los militares en los hechos, debe recordarse que ese mismo planteamiento, formulado en su momento por organizaciones nacionales y por los familiares de los normalistas, fue calificado de absurdo por el hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: con ello, se eliminó a priori una línea de investigación necesaria y pertinente para esclarecer lo ocurrido y se colocó a las instancias militares en línea de confrontación directa con los padres que buscan a sus hijos.

Los señalamientos formulados por la CIDH constituyen, en suma, un recordatorio del desempeño errático y tardío que ha caracterizado al gobierno federal en el caso comentado. Es necesario que la actual administración corrija ese rumbo de acción, pero también es lamentable que esa rectificación, de ocurrir, derive de observaciones formuladas por una comisión internacional y no de un compromiso efectivo con la justicia y la verdad.