l designado para pronunciar la oración fúnebre medita por unos momentos y considera emplear una fórmula rutinaria: Permítanme, por respeto al fallecido y a sus seres queridos, omitir las dolorosas circunstancias de su muerte. Luego cae en la cuenta de que la sola alusión es impertinente, se limita a referir cuán bueno y generoso era aquel hombre, ensaya un par de reflexiones vulgares sobre la eternidad y el cosmos, recomienda entereza a los deudos y el funeral pasa al capítulo siguiente con toda la solemnidad que se pueda. Perfecto: nadie se atreverá a cuestionar la omisión del orador, aunque la mitad de los presentes están muriéndose (buen sitio para hacerlo) por conocer detalles del deceso. Ya se enterarán en otro momento de que el difunto del sepelio imaginario está metido en su mueble postrero porque en un arranque de locura, o tal vez de cachondería, cayó en la mala ocurrencia de tener relaciones sexuales con la pantera del zoológico, se introdujo a la jaula en forma furtiva y fue despedazado por el felino, cuyas endorfinas, por lo que cabe inferir, no estaban en su punto más alto.

Técnicamente hablando, el pronunciante del último adiós ha cometido un acto de autocensura y ha violado el derecho a la información de unos oyentes que acudieron al funeral tal vez porque apreciaban al muerto (era un hombre bueno y generoso), pero sobre todo por su avidez de conocer detalles de la pérdida irreparable. Ha hecho lo que hacemos todos varias veces al día a lo largo de nuestras vidas: impedir que un pensamiento desafortunado se abra paso hacia la lengua (o hacia el teclado, o hacia el idioma de los gestos) y nos eche a perder la convivencia. Qué niño tan feo puede ser una impresión común, pero dista de convertirse en expresión verbal porque sabemos que es ofensiva para los parientes del engendro y no hay postulado de honestidad que justifique el pronunciar (al menos, en presencia de ellos) semejante agresión.

Tampoco es bonito escuchar que tu casa huele a desagüe, pero debes disculpar al invitado que se preocupa por tu salud y te llama aparte para decírtelo y recomendarte un buen plomero. Dependiendo de las formas y de la solidez de tu sentido común, es posible incluso que le agradezcas la franqueza, tomes el dato que te ofrece y hagas reparar el albañal fracturado que ha vuelto mefítica tu existencia. Y cuando una amistad avezada se da cuenta de que los vecinos se roban tu electricidad por medio de una instalación furtiva, más vale que te ponga al tanto y que deje de lado consideraciones acerca de si lo tomarás a mal o no. Pero si no te dice nada al respecto y luego te enteras de que lo supo y prefirió mantenerte en la ignorancia, es altamente probable que le agarres rencor. O sea que la autocensura está normada por sutiles ejercicios de criterio en los que interviene siempre un cálculo de cuán beneficioso y cuán dañino puede resultar lo que se tiene por decir.

La censura a la expresión de terceros tampoco es en sí misma condenable. Una vez tuve que taparle la boca, literalmente, es decir, poniéndole la palma de la mano sobre el belfo, a un tipo muy bruto que me dio un aventón: se metió en sentido contrario en una calle, fuimos detenidos por una patrulla de tránsito y él porfiaba en insultar a los agentes que lo abordaron. Por lo demás, uno tiene todo el derecho del mundo a colgarle el teléfono a un vendedor impertinente, a borrar de la pared de su casa un garabato pintado por manos anónimas, a excluir de sus comunicaciones a necios y delirantes y a escoger a sus amigos, enemigos e interlocutores en las redes sociales, por más que algún despistado se queje de que ha sido afectado en su derecho a la libre expresión.

Pero estos son asuntos entre particulares, como dice ahora la Secretaría de Gobernación para deslindarse del despido de Carmen Aristegui y de su equipo de trabajo de MVS, o sea, términos muy parecidos a los que usó la misma dependencia en tiempos del calderonato (febrero de 2011) cuando esa misma periodista fue expulsada por pedir a la Presidencia que esclareciera si su titular padecía, o no, de alcoholismo: se trata de la decisión de una empresa. Tenía sentido poner sobre la mesa aquella sospecha nacional, justificada por diversos testimonios, porque la adicción al alcohol es un padecimiento que afecta la conducta y, por lo tanto, la eficacia de un gobernante y de su gobierno. Si el rumor no hubiera sido sobre alcoholismo sino, pongamos por caso, sobre gonorrea, el cuestionamiento habría sido impertinente e intrusivo de la intimidad y para colmo irrelevante porque la gonorrea no altera las decisiones políticas de nadie, o no en forma significativa. Pero la hipocresía fue uno de los sellos característicos de la usurpación calderonista y aquella pregunta pareció intolerable a su protagonista principal.

A diferencia de lo que ocurre entre personas, la censura convertida en política pública es tan odiosa e injustificable que fue eliminada hace ya un tiempo de la mayor parte de las legislaciones del mundo en su forma original y primitiva, es decir, en la atribución de la autoridad de supervisar con antelación lo que va a ser difundido por cualquier medio y de suprimir parcial o totalmente sus contenidos. La lógica democrática estipula que cada quien debe hacerse responsable de lo que dice y que si hay algo socialmente peligroso en el decir y en el escribir (incitación a delinquir, por ejemplo) o si la expresión atropella los derechos de un tercero (difamación, por ejemplo), debe ser corregido a posteriori en el ámbito de los tribunales. Y es lo correcto.

Pero las reglas no escritas, las redes de complicidad y encubrimiento entre empresas y gobierno y la brutal carencia de sentido ético de la élite del poder (político, económico, mediático y delictivo) le otorgan facultades para censurar de facto a comunicadores incómodos. En vez de la censura a priori de la Inquisición, en el México contemporáneo se ejerce la censura ad æternum mediante el asesinato de periodistas, y en vez del juicio a posteriori se recurre a la venganza política ejecutada por la mano de un tercero que es casi siempre un agente empresarial.

Vaya que los asuntos que Carmen Aristegui ha hecho pasar por cámaras y micrófonos inspiran pensamientos altisonantes; se me vienen a la mente, entre los más obscenos, el historial de delitos sexuales de Marcial Maciel, las tropelías de Mario Marín, el góber precioso; las andanzas de la dupla Gordillo-Yunes, el lenocinio corporativo en el PRI-DF, las hasta ahora inexplicadas ganancias residenciales de Peña-Rivera-Videgaray, las mentiras de Eduardo Medina Mora, gordas como cucarachas del trópico, sobre su supuesta ignorancia de la operación Rápido y Furioso. En esos trabajos informativos se necesita un fino ejercicio de criterio para hacer del conocimiento público tales cosas sin deslizarse al sensacionalismo ni a los afanes escandalosos; es precisa, además, una gran convicción ética para anteponer el interés público y social y el derecho a la información por sobre los riesgos personales –el riesgo, por ejemplo, de ser despedida– que conllevan tales revelaciones; además es indispensable templar las ganas de soltar al aire cualquier chismarajo que llega sin la fundamentación requerida e incluso de comunicar historias dotadas de verosimilitud sin antes corroborarlas punto por punto; y se requiere también de un enorme poder de contención para no estallar en improperios cuando uno cuenta esas cosas. En ese sentido Aristegui ha ejercido una mesura irreprochable y rigurosa. Por lo demás, no le he escuchado nunca un resbalón informativo que pudiera dar pie a un juicio por difamación ni una afirmación que pudiera interpretarse como apología del delito ni una sola agresión personal. Por eso, en su caso, la censura no se atreve a decir su nombre. Se trata, pues, de asuntos entre particulares.

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