l titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, indicó ayer que la caída del precio internacional del petróleo no es transitoria, descartó su recuperación a corto plazo y advirtió que esa situación seguiría golpeando los ingresos del gobierno, por lo que el reto en realidad no es 2015 (sino que) ocurre en 2016 y en adelante.

La preocupación de las autoridades económicas nacionales y los organismos financieros internacionales por el panorama del año entrante no es nueva: el propio Videgaray advirtió en enero pasado que el gobierno federal se estaba preparando para hacer recortes al gasto público en 2016 ante la caída de los ingresos generados por las exportaciones de hidrocarburos. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, ha anunciado un recorte en sus pronósticos de crecimiento de la economía mexicana para 2016, motivado por la previsible baja en las exportaciones de crudo del país.

Es previsible, por lo demás, que la caída en las cotizaciones internacionales de crudo no afectará únicamente las arcas del gobierno federal. De acuerdo con la calificadora Moody’s, la reducción de 120 mil barriles diarios en su plataforma de producción para 2015, anunciada por Petróleos Mexicanos, constituye un factor crediticio negativo para los estados, habida cuenta de que las participaciones por ingresos petroleros representan alrededor de 30 por ciento del presupuesto y son la fuente de pago de 88 por ciento de la deuda de algunas entidades y municipios. Particularmente grave es el escenario que se vislumbra en entidades productoras de petróleo como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Si hasta ahora el optimismo del gobierno federal en sus análisis prospectivos ha contrastado, a la postre, con una realidad de dificultades económicas, crecimiento insuficiente y desempleo, el hecho de que el discurso oficial de la actual coyuntura prefigure un escenario de estancamiento, recortes en el gasto público y bajas en las proyecciones del producto interno bruto pone en el horizonte del año próximo un descalabro económico y social de grandes dimensiones.

Dicha perspectiva es atribuible no tanto a las fluctuaciones en los precios del crudo cuanto a la persistencia, en la coyuntura nacional presente, de una política económica inviable. En efecto, el empeño por continuar aplicando en el país los preceptos más extremos del Consenso de Washington no sólo no ha representado una mejora para la calidad de vida, la reactivación del mercado interno y el desarrollo de la economía, sino que representa un factor de riesgo adicional en momentos como el actual: la privatización de la industria nacional de los hidrocarburos, por ejemplo, no sólo no generará el flujo de inversión previsto. Para el gobierno, ese traslado de la propiedad pública a manos privadas representará una caída adicional en los ingresos públicos –de por sí mermados por la baja en las cotizaciones internacionales y en la producción de crudo–, en la medida que implicará compartir con particulares los filones más redituables de la renta petrolera.

La conclusión ineludible de esta situación es que para superar las penurias económicas de la actualidad y las que se prefiguran para el futuro próximo resulta contraindicada la realización de reformas estructurales de orientación neoliberal. Se requiere, por el contrario, de una política económica que sea capaz de reactivar el mercado interno y de crear empleos, que impulse a la industria nacional, restituya el poder adquisitivo de los salarios, ponga fin al agobio fiscal de la población y al encarecimiento generalizado de productos y servicios y rescate al agro del abandono al que ha sido conducido a lo largo de las tres décadas pasadas.