Integrantes de la Unión Nacional de Maquineros exigieron a la Secretaría de Gobernación (SG) la suspensión de los operativos para el decomiso de máquinas tragamonedas.

En una reunión con funcionarios de la SG solicitaron regulación, así como la presentación de documentos en los que se sustenta la movilización policial en su contra.

La SG afirma que las maquinitas tragamonedas son ilegales y forman parte de un entramado en el que participa la delincuencia organizada; además, ubica esta actividad como fuente de otros ilícitos y ludopatía, especialmente en perjuicio de niños y jóvenes.

Araceli Gutiérrez, dirigente de la agrupación de maquineros, refutó los argumentos del gobierno federal en contra de este sector, al que denominó industria del entretenimiento.

Nuestra demanda es que dejen de hacer esos operativos tan atroces; que nos respeten como ciudadanos, que hagan los operativos legales y que demuestren que nuestras máquinas son prohibidas. Estamos siendo violentados, robados, dijo.

En opinión de este grupo, el incremento de los operativos es parte de una estrategia política de la ex directora general de Juegos y Sorteos de la SG, Marcela González Salas, actual candidata a diputada federal por el PRI.

Este aspecto fue expuesto por escrito al Instituto Nacional Electoral (INE). El titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de organismo, Carlos Alberto Ferrer Silva, dio acuse de recibo de la denuncia respecto a una eventual infracción a la norma electoral, por probables actos anticipados de precampaña y campaña.

Tras una reunión con funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno de la SG, se acordó establecer una mesa de trabajo con la Procuraduría General de la República y de la propia Dirección de Juegos y Sorteos (acéfala desde el 6 de marzo, tras la salida de Gutiérrez Salas), especialmente para analizar el tema de los operativos.

La ex funcionaria fue enfática en cuanto a la continuidad de los operativos; según la cuenta de Gobernación, de un aproximado de 140 mil máquinas tragamonedas ilegales se había decomisado, al corte de febrero, unas 25 mil, por lo que restaban en el país 115 mil artefactos.

Gutiérrez dijo que en los operativos algunos de los propietarios han sido llevados al Ministerio Público en calidad de presentados pero en unas cuantas horas son liberados sin cargo alguno, de ahí que cuestiona la legalidad de los actos de autoridad.

Dijo que en esta industria del entretenimiento están involucradas, en toda la cadena comercial, cerca de 3 millones de personas de todo el país.

La autoridad miente. No puede tener esa estadística (de los decomisos) porque las destruyen en nuestra cara; las máquinas no llegan a las bodegas y las que llegan ahí ya están saqueadas, señaló en entrevista realizada en la SG.