Las comisiones dictaminadoras de la Ley General de Transparencia analizan la posibilidad de formular cambios al dictamen que quedó ya en primera lectura, y hoy se vota en el Senado, aunque hay oposición del PRI, toda vez que considera que lo mejor es que se apruebe lo ya consensuado.

La intención era presentar un adendum, que incluyera modificaciones en los puntos solicitados por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y organizaciones sociales en materia de transparencia, pero hasta anoche no hubo acuerdo.

El IFAI hizo llegar a las comisiones dictaminadoras un escrito con siete observaciones al dictamen final, entre ellas que en esa legislación se precise de manera categórica y no potestativa que en las leyes federales no podrán establecerse supuestos de reserva o confidencialidad que contravengan disposiciones de la Ley General de Transparencia.

De manera concreta, el IFAI pide armonizar el contenido del artículo 67 con el principio de preminencia de la legislación, porque, tal como está redactado, pareciera que la normativa electoral se sobrepondrá a la Ley General de Transparencia y lo mismo ocurrirá con el artículo 83, relativo a la materia de hidrocarburos.

Persisten ambivalencias

Por su parte, el Colectivo por la Transparencia indicó que si bien en las modificaciones que se han realizado al proyecto de Ley General de Transparencia se han eliminado muchas de las propuestas regresivas que se pretendía introducir, aún existen aspectos preocupantes, como la ambigüedad en torno a la prevalencia de esta ley respecto de otras; la ambivalencia que se mantiene en la apertura de información cuando se trate de casos graves en materia de derechos humanos, o el deber de generar información por los sujetos obligados.

En un posicionamiento del Colectivo por la Transparencia, que engloba a diversas organizaciones dedicadas al tema, subrayaron que entre los avances que se deben reconocer en el proyecto que se discutirá en el pleno del Senado destacan: la obligación de aplicar la prueba de daño, la desaparición de la causal de reserva por motivos de estabilidad económica, la transparencia de las cancelaciones y condonaciones fiscales.

El organismo destacó las modificaciones en la redacción de los artículos relacionados con el proceso para recurrir las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información por parte del consejero jurídico de la presidencia.

En contraste, hay algunos temas donde los términos en que está el proyecto son cuestionables, en especial el tema de los derechos humanos. Hay ausencia de claridad sobre las facultades del Ifai en cuanto a la información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, reconocen que se retiraron algunas propuestas regresivas, como la relacionada con el pronunciamiento previo de autoridad competente.

No obstante, el colectivo destaca que no se reconoció la facultad del Ifai para poder llevar a cabo esta declaración prima facie. Por ello el organismo sostiene: esta ausencia de claridad del Poder Legislativo sobre un tema primordial para los derechos humanos tiene como consecuencia posponer la toma de decisiones y dejar en mano del Poder Judicial la última palabra sobre un tema trascendental. Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que tendrá que resolver este asunto.

En cuanto a la prevalencia de la Ley General de Transparencia sobre otras, ésta no está claramente asegurada, pues con la redacción actual sigue abierta la posibilidad de plasmar causales de reservas en otras leyes. Y citan por ejemplo el caso de las obligaciones de transparencia en materia energética, donde se prevé que las obligaciones de transparencia puedan estar previstas en otras legislaciones.

Respecto de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, cuestionaron que la obligación de transparentar las versiones públicas queda sujeta a la voluntad de los servidores públicos. De quedar así, sería mejor que esta obligación desaparezca de las obligaciones de transparencia, porque sujetarla a la voluntad de los mismos servidores es contraproducente y se contrapone con otras disposiciones en leyes estatales, considera el Colectivo por la Transparencia.

Por separado, el panista Javier Corral prepara una serie de reservas, entre ellas al artículo 72, a fin de que se establezcan disposiciones concretas y claras para la transparencia en el Congreso y ambas cámaras queden obligadas a hacer público el destino de los recursos millonarios que manejan.

Todo indica que, de haber cambios, serán mínimos, ya que podrían abrir la puerta para que otros involucrados, como el Poder Judicial, demanden también adecuaciones al dictamen.