En el Senado se analiza un punto de acuerdo presentado por PRI y PVEM, mediante el cual solicitan que esa cámara exhorte a los gobiernos de los estados y al del Distrito Federal que atiendan las irregularidades y violaciones a los derechos humanos de los jóvenes que se encuentran recluidos en los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes.

Los legisladores hacen referencia al informe que el día 3 de este mes remitió al Senado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde se da cuenta del cúmulo de anomalías y abusos a las garantías fundamentales de los menores que se encuentran en esos recintos.

Priístas y pevemistas resaltan en su propuesta que, para eliminar la posibilidad de que esos espacios de internamiento para adolescentes operen como universidades del crimen, se les debe garantizar a los internos un proceso adecuado de reintegración ­social.

De las denuncias que la CNDH recibió de los jóvenes recluidos en esos sitios, y que enunció en el informe que entregó al Senado, destacan que en la mayoría de esos lugares a los menores se les obliga a permanecer en posturas forzadas, algunos desnudos y otros esposados por tiempos prolongados, así como inmovilizados.

La CNDH reveló en el informe que en algunos centros los custodios rocían a los internos con gas pimienta y se les priva de agua y alimentos en los lugares de castigo donde son encerrados. Además, les vendan los ojos, reciben maltrato físico, insultos, amenazas”.

Los legisladores pidieron en su punto de acuerdo que el Senado solicite que se prohíba la permanencia de elementos policiales armados dentro de las estancias de reclusión de los menores y que se instalen suficientes aparatos telefónicos gratuitos para que puedan comunicarse con sus familiares.