En el contexto de una legislación que no considera graves los delitos contra el medio ambiente e impone penalizaciones menores a los infractores, en los tres años pasados se duplicó el número de derrames tóxicos en el país. Ocurrieron mil 598 siniestros, de los cuales dos terceras partes correspondieron a Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección el Medio Ambiente (Profepa), entre 2012 y 2014 se impusieron más de cuatro mil 168 multas a la industria minera, de hidrocarburos y de otro tipo, principalmente química, por un global de apenas 304.1 millones de pesos. Además, fueron clausuradas 80 instalaciones, 51 de forma total y 29 temporalmente.

En este lapso, los derrames provocados por Pemex se triplicaron, al pasar de 197 en 2012 a 649 en 2014, y los escurrimientos tóxicos de la minería se duplicaron de 8 a 16; algunos fueron muy graves. En el resto de las industrias sancionadas, la cifra se redujo de 203 a 140.

Para el subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa, Arturo Rodríguez Abitia, las sanciones que fija la legislación son insuficientes para impedir que se violen las normas. Esto nos limita y hace que los dientes con que cuenta la Procuraduría no sean tan grandes.

En entrevista, señaló la necesidad de que el Congreso considere graves los delitos ambientales, elevando sustancialmente las sanciones, pues hasta ahora sólo se consideran así los que ocurren en un área natural protegida bajo determinadas circunstancias. Estamos trabajando con el Congreso, pero la participación de la sociedad puede ser muy útil, señaló Rodríguez Abitia.

Del total de derrames tóxicos en el país, los petroleros son los de mayor número; la mayoría se deben a tomas clandestinas en los ductos de Pemex, y han aumentado sustancialmente en años pasados.

Señaló que en estos casos, aunque el responsable es un tercero, a Pemex se le exige la reparación del daño provocado por dichas tomas, sin imponérsele una multa, la cual sólo procede cuando el derrame es atribuible a una falla humana, de mantenimiento u operación de la empresa productiva del Estado mexicano.

En 2014 la Profepa hizo más de 7 mil visitas de inspección; en 2 mil 804 no se registraron irregularidades, y en 4 mil 300 éstas fueron menores. En 80 casos las faltas merecieron clausura, parcial o total, de las instalaciones.

Respecto de la minería, Ramírez Abitia señaló que hasta ahora la Profepa ha inspeccionado 840 de las mil 200 instalaciones que operan en el país, situación que estiman concluir este mismo año, con 300 inspectores. En términos generales, una de cada 20 revisiones a instalaciones mineras concluye con clausura parcial o total.

Dijo que a raíz del derrame provocado por la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, en Cananea, a finales de agosto pasado, este tipo de instalaciones ahora tienen mayor atención de la sociedad mexicana.

Señaló que la Profepa ha puesto especial atención en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y El Bajío, pues ahí están las grandes instalaciones mineras que manejan enormes volúmenes de sustancias peligrosas, que pueden representar grandes riesgos para la población y el medio ambiente.