n respuesta a la publicación de un decreto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el que se declara emergencia nacional por la situación política venezolana y se indica que el país sudamericano amenaza la seguridad nacional estadunidense, los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) emitieron ayer un llamado a Washington para que evalúe y ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela bajo los principios de soberanía, al tiempo que solicitan la derogación del citado decreto ejecutivo.

El reclamo de los gobiernos del Cono Sur coincide con el formulado ayer mismo por 132 institutos políticos de 40 países que participan en un seminario internacional en la ciudad de México y que consideraron la postura estadunidense como una declaración de guerra y una acción violatoria de la soberanía de Venezuela y de la región.

El rechazo casi unívoco de los gobiernos y las élites políticas del subcontinente a la más reciente escalada de hostilidad de Washington contra Caracas es un claro repudio a los intereses hegemómicos de la superpotencia en la región y una muestra clara de que, pese a la persistencia de esos intereses, Estados Unidos ha perdido influencia geopolítica en lo que antes era su área de control por antonomasia. Muestra de ello es que su postura respecto de Venezuela encuentra hoy más eco en actores como el gobierno español de Mariano Rajoy, perteneciente al derechista Partido Popular, y en foros como el Parlamento Europeo –que el pasado jueves emitió una condena contra el gobierno venezolano, con la oposición de los partidos ibéricos Podemos e Izquierda Unida–, que en los gobiernos del llamado hemisferio occidental.

Respecto del primer punto, es de destacar que el llamado de la Unasur no contiene una pronunciamiento específico sobre la situación política de Venezuela, sino reclama el respeto a la autodeterminación de ese país. En contraste, la actitud de Washington deja ver hasta qué punto permanece vigente el histórico intervencionismo de ese gobierno en asuntos de otros estados, que en el mejor de los casos se ha traducido en el involucramiento verbal en temas internos sobre los que no tiene ningún derecho a opinar y, en el peor, en el respaldo a las asonadas oligárquicas y militares contra gobiernos democráticamente constituidos y su remplazo por dictaduras implacables. Con esos precedentes es inevitable concluir que Estados Unidos representa una amenaza hemisférica mucho más real para las soberanías latinoamericanas que la que pudiera representar Venezuela para la seguridad estadunidense.

Por lo que toca a la reducción del peso de la superpotencia en la región, debe señalarse que ésta no se debe a una decisión del gobierno de Washington, como queda de manifiesto con la reciente intentona de presionar al régimen venezolano, sino a los proyectos políticos de recuperación de la soberanía y de integración latinoamericana que tienen lugar en diversas naciones de Sudamérica desde la década antepasada: la propia Venezuela, además de Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia y Uruguay. Tales proyectos, distintos entre sí, coinciden en la necesidad de fijar los rumbos económicos, políticos y sociales de los países correspondientes al margen de los dictados estadunidenses; de construir foros y entidades regionales sin presencia de Washington, y de diversificar las relaciones comerciales y tecnológicas con naciones como Rusia, China e Irán, que fungen como contrapeso geopolítico a Estados Unidos.

A la fecha, el poder de Washington en la región se limita al control de membretes institucionales obsoletos, como la Organización de Estados Americanos, y a la influencia de gobiernos conservadores como los de México y Colombia. Las recientes escaramuzas diplomáticas entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores dan cuenta, en suma, de la renuencia o la falta de capacidad del gobierno actual de Estados Unidos para romper con los designios neocolonialistas dictados por sus antecesores.