Colección Análisis Estratégico para el Desarrollo presentada en San Lázaro
Constituye una enciclopedia del cómo estamos y del qué debemos hacer
on la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como anfitriona, se presentó este miércoles, en San Lázaro, esta notable colección de 18 volúmenes, coordinados por José Luis Calva, escritos por 348 académicos y publicados por Juan Pablos. En ellos se cubren de manera amplia y detallada la realidad macroeconómica del país y su inserción en la globalización (vols. uno a 6), los temas económicos sectoriales clave (industria, energía y agropecuario; vols. 7 a 9), los relacionados con lo social (vols. 10-12 y 16); el desarrollo regional, el cambio climático y el medio ambiente (vols. 13-14); la política (vol. 15); seguridad pública y derechos humanos (vol. 17) y jóvenes (vol. 18). En consejo nacional de universitarios se pueden bajar los índices de los volúmenes y los espléndidos prólogos escritos por J.L. Calva. Sigue una versión sintética de lo que dije al presentar el vol. 11.
Incluso sus tradicionales apologistas han reconocido ya el fracaso de las políticas de lucha contra la pobreza basadas sólo en la asistencia social orientada a la formación de ‘capital humano’ mediante transferencias condicionadas de ingresos, cuyo paradigma ha sido el programa Progresa-Oportunidades-Prospera. Este enfoque no ha logrado romper la transmisión intergeneracional de la pobreza (su principal objetivo) porque la educación y los servicios de salud, ejes de la formación de ‘capital humano’, son de pésima calidad; y porque el ‘capital humano’ acrecentado (a medias) no se puede convertir en mayores ingresos en una economía que casi no genera nuevos empleos de calidad. Este volumen, como lo señala Calva, parte de la premisa que la reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza deben ser concebidas no como algo extrínseco a la estrategia económica (alcanzables a través de la compensación social), sino como algo intrínseco al correcto funcionamiento de la economía. Esta misma idea la expreso en mi contribución al volumen: la lucha contra la pobreza y por el florecimiento humano no puede ser una tarea exclusiva de la política social. La pobreza no puede reducirse sólo con buenos programas dirigidos a su combate. Para lograrlo es necesario recuperar la articulación sinérgica entre política económica y política social
. Algo similar se encuentra en la contribución de Barba, Ordoñez y Valencia. En conjunto en el volumen se propone una ambiciosa estrategia de construcción de un estado de bienestar fundado en derechos en el cual la política económica es tan decisiva como la social.
La evolución de la pobreza, sus ligas con las políticas públicas, el empleo y la crisis son tratadas a profundidad en el capítulo de Araceli Damián, quien analiza también el enorme impacto de la crisis alimentaria mundial vía los fuertes aumentos de los precios de los alimentos básicos. La relación entre desigualdad y pobreza, así como la relación entre pobreza, crecimiento y desigualdad son exploradas por Mario Camberos, en un texto prolífico en información empírica desde 1984. Camberos explota la información disponible de manera cabal, pero el estudio de la desigualdad está severamente limitado en nuestro país por la ausencia de información periódica sobre la desigualdad de la riqueza y por la creciente incapacidad de las ENIGH de captar el ingreso de los más ricos. En otros países los datos derivados de las declaraciones del impuesto personal sobre la renta se convierten en la fuente clave para los ingresos altos, pero en México no se permite este acceso, lo que aumenta la subestimación de la desigualdad.
La liga entre empleo (y salarios) y crecimiento económico en México es examinada por Calva. Muestra que durante la vigencia del periodo neoliberal (1983-2010) 23.1 millones de personas arribaron a la edad de trabajar y no encontraron empleo. Una parte de ellos tuvieron que emigrar. Calva destaca el papel central de la emigración como válvula de escape de la olla exprés de la creciente pobreza y el éxito exportador de mano de obra de los gobiernos neoliberales. Los ingresos por remesas de dichos migrantes se multiplicaron 26 veces. Ni con la enorme válvula de escape de la emigración internacional han logrado los neoliberales equilibrar el mercado de trabajo. La tasa de desocupación alternativa, que incluye a los inactivos disponibles, se situó en 2010 en 15.3 por ciento y, entre los jóvenes a un nivel mucho más alto (véase el capítulo de Damián). Los indicadores salariales muestran una tendencia estrepitosa a la baja: los salarios mínimos se deterioraron 71 por ciento y los salarios contractuales en las ramas de jurisdicción federal 63.5 por ciento, como lo muestra Calva. Un análisis detallado de la evolución de la capacidad adquisitiva del salario mínimo se presenta en el capítulo de Luis Lozano y coautores. La capacidad adquisitiva de los salarios medios también se deterioró, aunque en mucho menor medida que la de los mínimos. Sin embargo, debe considerarse que la desigualdad salarial se ha agudizado muchísimo en el neoliberalismo (deterioro abajo, fuertes alzas arriba) y que la mediana del salario debe reflejar mucho mejor el deterioro ocurrido que su media.
Pero el volumen, como el conjunto de los 18 volúmenes, tiene como propósito central hacer recomendaciones para cambiar el rumbo. Sobre empleo decente y son las recomendaciones de Galhardi, sobre normas del trabajo las de Román. Sobre las relaciones laborales los capítulos de Bensusán y de Bouzas. Sobre mejoría salarial, el de Arroyo. Barba, Ordoñez y Valencia, en el capítulo que cierra el libro, parten de “la idea que el Estado está obligado a garantizar la protección universal de los mínimos de seguridad económica (trabajo e ingresos) y bienestar social (servicios) que suponen el pleno disfrute de los derechos sociales. Distinguen tres tipos de reformas: a) en el manejo de la política económica, sobre todo en lo que incide en el crecimiento, la creación de empleos, la reducción de la desigualdad y el aumento de los recursos públicos; b) en seguridad social, salud y vivienda; y c) en lo concerniente a la superación de la pobreza. Concluyen señalando que se requiere construir una nueva coalición social para hacer posible la reforma social del Estado que proponen. En mi capítulo propongo una arquitectura institucional para articular, sinérgica y positivamente, la política económica y la social como elemento indispensable para superar la pobreza, y una estrategia de superación de la pobreza que implementa dicha articulación, la cual detallo en 15 propuestas concretas que van de precios y tarifas hasta la disminución de la desigualdad educativa, pasando por políticas fiscales, control de precios, abasto social y público de bienes básicos; recuperación salarial, y una política social centrada en los derechos sociales universales en la que se complementa la universalidad con apoyos adicionales para la población pobre; es decir que complementa políticas universalistas, concebidas como las centrales, con las focalizadas para garantizar el cumplimiento de los derechos para todos.
