A cuatro años de que se detectaron diversas anomalías en el proyecto inmobiliario Miravento Luxury Towers Internacional, el cual se pretendía construir en la colonia Fuentes del Pedregal, de la delegación Tlalpan, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ejerció acción penal contra Roberto Ruiz de Chávez Soto, representante de la empresa constructora, acusado del delito de fraude.

A pesar de que los inversionistas en ese desarrollo inmobiliario, ubicado en Fuentes del Pedregal 44, utilizaron escrituras, cuentas catastrales y de agua falsas, además de que se apropiaron de manera ilegal de una calle, hasta ayer no se había sancionado a nadie; sin embargo, por un presunto fraude de más 5 millones de pesos se detuvo a Ruiz de Chávez.

El pasado miércoles, luego de que el juez 52 penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal giró la orden de aprehensión, Ruiz de Chávez fue detenido en una cafetería del sur de la ciudad y llevado al Reclusorio Oriente, donde ayer rindió su declaración preparatoria y argumentó ser sólo un trabajador sin participación en las inversiones.

No obstante, fue señalado por José Francisco Méndez Hurtado, Luis Adrián Villena Aguilera y Rodrigo Galindo Pérez como la persona con quien suscribieron, en 2011, contratos de compraventa con reserva de dominio a plazos por la compra de varios departamentos.

En algunos contratos se acordó el pago al contado y en otros se determinaron plazos para realizar los depósitos. Sin embargo, al conocer las anomalías, intentaron recuperar su dinero, pero no hubo repuesta. Por el contrario, Roberto Ruiz de Chávez les dijo que pronto se resolverían los problemas, señalaron los abogados que los representan.

Los terrenos en los que se construía el complejo habitacional resultaron ser propiedad de Scotiabank y no de un particular, como se aseguró en los permisos de construcción presentados por la empresa para hacer el desarrollo.

Por la ocupación ilegal de una calle, el Gobierno del Distrito Federal promovió el juicio civil 1679/2011 y ordenó su recuperación. No obstante, el proyecto inmobiliario quedó bajo investigación de la PGJDF, porque Miravento Luxury Towers utilizó una licencia para obra nueva y una manifestación de construcción expedidas en 1980 y 1983, de las que no hay registro.

Además, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal se promovieron al menos tres recursos legales relacionados con el proyecto, que constaría de 400 departamentos de lujo en torres de 15 niveles, de los cuales varios fueron vendidos y por lo que se interpusieron varias denuncias por fraude.