Ixtepec, Oax. El albergue Hermanos en el Camino, que dirige el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, denunció que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía de Atención al Migrante deportaron a los siete indocuemntados que habían sido atacados, con lo cual se violó su derecho a obtener una visa humanitaria, como estipula la Ley General de Víctimas. Los siete migrantes deportados sufrieron abuso de autoridad por agentes estatales cuando la semana pasada viajaban de la comunidad de Unión Hidalgo –a bordo de una unidad de transporte público– al municipio de Juchitán, en la región del Istmo de Tehuantepec. Los migrantes fueron obligados a descender de la unidad y llevados a la garita migratoria ubicada en La Ventosa. Dos migrantes que no fueron detenidos dieron aviso al albergue que, junto con activistas, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Alberto Donis Rodríguez, encargado del albergue Hermanos en el Camino, precisó que poco importaron las denuncias por violación a los derechos humanos, hostigamiento y abuso de poder, porque el INM los envió de regreso a sus países, porque, según la fiscalía, ya no los ocupaba para las pruebas.