Río de Janeiro.

El procurador de Brasil pidió abrir una investigación a 54 políticos de alto rango ligados al escándalo de corrupción que envuelve a la empresa estatal Petrobras, la fase más anticipada de la averiguación. Son 28 pedidos de apertura de investigaciones y siete archivamientos, que involucran a 54 personas, incluidos políticos con fueros, señaló a Afp un asesor de prensa de la fiscalía general. Según se deriva de las distintas causas, el pago para los directivos de la estatal variaba entre uno y 3 por ciento del total de los contratos multimillonarios.

La operación lava jato (lavadero de autos) consistió en un sofisticado esquema delictivo que asoció a algunas de las mayores empresas del país con directivos de Petrobras, otrora orgullo de los brasileños, para manipular licitaciones y desviar fondos. La red giró unos 4 mil millones de dólares durante una década, según datos de la Policía Federal.

Las especulaciones sobre sus ramificaciones en el Congreso y en distintos niveles de gobierno apuntan a figuras tanto afines al gobernante Partido de los Trabajadores y sus aliados como a algunos opositores.

El escándalo ahoga a la mayor compañía pública de Brasil en una mezcla de sobornos, fraude, manipulación de licitaciones públicas y lavado de dinero, que fue calificada de la mayor investigación de corrupción en la historia del país por la Procuraduría General de la República.

Según las delaciones que hicieron algunos acusados a cambio de una reducción de sus eventuales condenas, y que fueron filtradas a la prensa, los fondos desviados fueron destinados a cuentas personales o para financiar partidos políticos.

El procurador general de la República, Rodrigo Janot, entregó una solicitud a la Corte Suprema para indagar a políticos importantes, grupo que podría incluir a ex ministros, gobernadores y actuales líderes de las cámaras, los cuales han sido mencionados por testigos claves de la fiscalía que investiga el enorme plan de sobornos. La procuraduría confirmó el martes que el pedido había sido entregado.

Vamos a trabajar con tranquilidad, con equilibrio. Quien tenga que pagar pagará. Vamos a investigar. Es un proceso largo. Está comenzando ahora. La investigación comienza y vamos hasta el final, asentó Janot a un grupo de personas que le manifestaron su apoyo en la víspera del anuncio esperado el lunes por la noche.

La Corte Suprema no informó los nombres de los políticos indagados y sólo confirmó que recibió la solicitud de apertura de averiguación. Un ministro del máximo tribunal necesita ahora autorizar si se abren las investigaciones o no, y ordenar medidas para apoyar la averiguación como cateos o intercepciones telefónicas. El procurador requiere del permiso del máximo tribunal, ya que la Constitución estipula que miembros del Congreso y ministros de Estado –la mayoría de los sospechosos– sean procesados y juzgados por ese medio.

La procuraduría afirma que a lo largo de la última década las firmas constructoras y de ingeniería más grandes del país pagaron 800 millones de dólares en sobornos a autoridades de la petrolera estatal y a políticos a cambio de contratos con precios inflados. Parte de los recursos fueron a parar a gastos de campaña del gobernante Partido de los Trabajadores y fuerzas políticas aliadas, dicen los investigadores.

La averiguación se ha ampliado en los últimos meses para denunciar a decenas de ejecutivos de las constructoras más grandes de Brasil y al menos a tres ex directores de Petrobras que ya han sido indiciados. El procesamiento podría tomar años antes de llegar a juicio.

El caso de corrupción ha sido un golpe a la presidencia de Dilma Rousseff, cuya popularidad se ha desmoronado recientemente debido a la cercanía con la petrolera con la que construyó su carrera política.