El análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los créditos e intermediarios financieros autorizados y utilizados por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) durante la cuenta pública de 2013 demostró que hubo inconsistencias e irregularidades en el manejo de los recursos públicos, con el fin de beneficiar a firmas como Geo, Urbi y Homex, entre otras.

Así lo dieron a conocer ayer en conferencia de prensa la asociación civil Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna (FMDVD) y ex trabajadores de la inmobiliaria GEO.

José Humbertus Pérez Espinoza, vocero y presidente del FMDVD, refirió que el pasado miércoles 18 de febrero la ASF dio a conocer los resultados de la denominada auditoría de cumplimiento de los Créditos a Intermediarios Financieros de SHF, número 13-2-06HKI-02-0176, en los cuales quedó claro que la citada sociedad simuló la realización de fideicomisos privados, pero que en realidad eran abiertos con dinero público, lo que terminó apuntalando la crisis financiera de las empresas vivienderas y beneficiando a los directivos de Sofoles o Sofomes y de firmas como GEO, Ara Homex, por mencionar algunas.

Dijo que los resultados son negativos para la SHF en el primer año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y principalmente por las conclusiones de la ASF se tienen que iniciar los procedimientos administrativos ante la Secretaría de la Función Pública, en contra del director general de SHF, Jesús Alberto Cano Vélez, y del director general adjunto jurídico y fiduciario del mismo organismo, José Gabriel Fernández de la Concha, por los graves señalamientos de la Auditoría en su primer año de gestión como representantes de esta banca de desarrollo, destacó.

Refirió que “la gravedad de la auditoría de Créditos a Intermediarios Financieros (principalmente firmas como Homex, Urbi o Geo) de la cuenta pública del año 2013 de la SHF se sintetiza en el segundo párrafo de la página 19 del dictamen de la ASF, pues concluye que, en términos generales, la Sociedad Hipotecaria Federal no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.

Por ejemplo, la ASF destaca que debido a que no fueron proporcionados los expedientes de la cartera de primer piso y bienes adjudicados, por formar parte de fideicomisos privados rescatados con recursos públicos, en la revisión se tuvieron las limitantes de no poder cotejar que los expedientes de los acreditados correspondieran con la documentación que acredite los derechos de cobro y que su valuación sea consistente con la información presentada en estados financieros, refirió Pérez Espinoza.

Agregó que la principal gravedad se presenta porque los recursos que la SHF otorgó a las Sofoles-Sofomes (recursos públicos del gobierno federal) fueron utilizados para formar fideicomisos privados y con esto evitar que la Auditoría Superior de la Federación llevará una investigación profunda por la sobrevaluación de las viviendas (hasta 40 por ciento de su valor real), añadió.