Pese a los reportes que anualmente entrega la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que de manera sistemática reporta irregularidades y actos de vandalismo con los recursos públicos, en las estructuras de los gobiernos federal y estatales persisten la impunidad, los conflictos de intereses y la corrupción.

Sólo siete funcionarios públicos han sido procesados y sentenciados penalmente entre 1998 y 2012, a partir de las revisiones periódicas a la cuenta pública. Poco más de 400 denuncias están en trámite, es decir, en un proceso judicial extraordinariamente largo, tortuoso y complicado.

El problema, de carácter estructural, no radica en la ASF, que cumple con su función de fiscalizar el gasto público y evaluar el desempeño de los gobiernos, sino en la existencia de enormes lagunas jurídicas; los gobiernos se convierten en juez y parte en el momento de investigar y fijar las sanciones.

Expertos en temas de gasto, presupuesto y transparencia advierten que tras los informes de la cuenta pública por la ASF no pasa nada. Ni sanciones ni mejoras. Mucho menos ahora que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya ni siquiera aparece oficialmente en el organigrama de la administración pública federal y ha visto reducido su personal más de 30 por ciento y tiene menos facultades que en 2012, a pesar de que se haya designado a Virgilio Andrade como nuevo secretario de la dependencia.

Óscar Arredondo, investigador del área de presupuesto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señala que en el informe de la cuenta pública 2013 la ASF detectó mil 300 casos de posible corrupción, los cuales causarían un quebranto de cuando menos 50 mil millones de pesos. Sólo en ese ejercicio existen más de mil 300 expedientes de responsabilidad administrativa. Sin embargo, el porcentaje de sanciones que llega a prosperar es bajísimo, subrayó.

Desde su punto de vista, el problema no radica en la ASF –entidad que debe fortalecerse con la creación del sistema nacional anticorrupción–, sino en que la información sale del ámbito de la Auditoría y se va a las instancias que sancionan, encabezadas por la Secretaría de la Función Pública, donde reinan los conflictos de interés y la impunidad.

Liliana Ruiz Ortega, experta en temas de evaluación de programas y análisis presupuestal, se expresa en términos similares y propone potenciar el trabajo de la ASF y no excluir al organismo de la discusión del sistema anticorrupción. La revisión de la cuenta pública, que presenta cada año y, por cierto, reporta actos de vandalismo con los recursos públicos, debe utilizarse para la discusión presupuestaria, declaró la especialista, también de Fundar.

De acuerdo con la legislación, tras presentarse el informe de la ASF, dependencias y entidades cuestionadas tienen 30 días hábiles a partir de la notificación para presentar información que solvente las observaciones. Después, la Auditoría cuenta con 120 días para decidir si son procedentes. Luego las entidades tienen 30 días para aclarar lo pendiente y así se sigue en cuanto a las recomendaciones. Es decir, es un proceso que lleva medio año, que sumado a los 14 meses que transcurren entre el cierre del ejercicio y la entrega del informe correspondiente son casi dos años.

Además, pese a que la Secretaría de la Función Pública debería acompañar a las entidades públicas a atender las observaciones de la ASF, se encuentra abocada al plan de ocho acciones anticorrupción anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto.