Cuestionado por siete partidos políticos por lo que consideran ‘‘actitud pasiva’’ para contener la estrategia propagandística del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el desempeño de la Comisión de Quejas y la presunta formación de un bloque de consejeros en favor del PRI, el Instituto Nacional Electoral (INE) intenta resarcir la crisis de credibilidad en la que se ha visto inmerso, pero con la premisa de no legitimarse mediante sanciones económicas.

En reunión privada con los partidos en ‘‘rebeldía’’, el miércoles pasado, el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova, expuso la lógica del INE en la coyuntura: ‘‘En el momento de la imposición de las mayores multas a partidos, se dieron los periodos de mayor credibilidad del Instituto Federal Electoral. Ahora el INE no debe fincar su credibilidad en sanciones; sin embargo, no debe ser omiso frente a lo que pasa’’.

Las  acciones del organismo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que han llegado sólo a la amonestación pública, han propiciado la crisis institucional que ahora enfrenta el INE, con la inconformidad de 7 de los 10 partidos políticos ahí representados y favorecido un creciente desafío del PVEM a la legalidad,  que ha enfrentado un cúmulo de quejas de los otros partidos por el consecuente impacto en la equidad de la contienda, debido a los promocionales en cines, espectaculares y difusión de ‘‘informes legislativos’’.

El problema comenzó el 18 de septiembre de 2014, cuando los anuncios televisivos del senador del Verde Carlos Puente dieron inicio a la campaña ‘‘Verde sí cumple’’, en la que aparecieron otros legisladores del mismo partido hasta sumar 239 mil ‘‘impactos’’ hasta diciembre.

Al mismo tiempo, hicieron su aparición espectaculares en camiones, Metro, parabuses, puestos de periódicos, papel para envolver tortillas... y la publicidad llegó hasta los cines, con los abucheados cineminutos.

De inmediato se prendieron las alarmas en los partidos de oposición, que comenzaron a interponer una cadena de denuncias contra esta evidente campaña sistematizada, muy anticipada a la elección, pero ignorada por la Comisión de Quejas del INE, que en cinco ocasiones rechazó detenerla. La lentitud y desdeñosa respuesta de la comisión contrastó con la celeridad con la que ordenó quitar un anuncio del PRD donde aparecía la imagen del periodista Joaquín López Dóriga, argumentando que éste había sido ‘‘calumniado’’, lo que fue descartado después por el TEPJF.

Sólo el 31 de diciembre, cuando las consejeras Beatriz Galindo y Adriana Favela se encontraban de vacaciones, sus colegas Ciro Murayama y Pamela San Martín tomaron su lugar y junto con José Roberto Ruiz Saldaña –quien siempre era mayoriteado por sus colegas ausentes ese día– declararon las medidas cautelares para cancelar los cineminutos. Por el desacato a esta medida, el Verde por fin podría ser multado este lunes con el pago de 36 millones de pesos.

Los señalamientos contra la Comisión de Quejas y su parcialidad hacia la dupla PRI-Verde fueron creciendo, sobre todo cuando la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo ilegal de la campaña del Verde, pero le aplicó la sanción más leve.

Finalmente, la demanda de recomponer dicha comisión se convirtió en una de las principales banderas de los siete partidos ‘‘rebeldes’’, junto con la salida de Alfredo Cristalinas de la Unidad Técnica de Fiscalización, a quien los opositores llamaron ‘‘operador del PRI’’ en la revisión de las cuentas partidistas, sobre todo por el caso Monex y los rebases de topes en la campaña de Enrique Peña Nieto.

Empujado por estas exigencias, Córdova cumplió una decisión que tenía desde su nombramiento: hacer a un lado a Cristalinas, aunque el consejero Marco Antonio Baños, acusado por la oposición de encabezar el ‘‘bloque priísta’’, había convencido inicialmente a Córdova de mantenerlo en el cargo.

A su llegada, el nuevo titular, Eduardo Gurza Curiel, se encontrará en su escritorio con un amplio expediente del Verde. PRD y Morena exigieron romper el secreto bancario y fiscal para investigar, por ejemplo, si las televisoras han hecho aportaciones en especie para sostener una costosa campaña calculada en más de 2 mil 300 millones de pesos, frente a los 191 millones que reconoce haber gastado el PVEM.

El movimiento en la Unidad de Fiscalización resultó más sencillo, no así el de la Comisión de Quejas. En una de sus recientes reuniones con los partidos inconformes, éstos reprocharon a Córdova haber dejado esa delicada tarea en manos de dos consejeras ligadas al ‘‘bloque priísta’’, mientras que Ciro Murayama, el más cercano al consejero presidente, encabeza la Comisión de Presupuesto, de poca importancia en la elección.

Córdova reconoció que no midió la importancia que tendría la Comisión de Quejas, porque desde la reforma política los procedimientos especiales sancionadores (relacionados con propaganda) son resueltos por la llamada telesala. Sin embargo, al parecer no calculó que en primera instancia dicha comisión puede cancelar la difusión de publicidad como medida precautoria.

Con los partidos inconformes –cuatro regresaron ayer a la mesa y tres se mantienen en ‘‘rebeldía’’– por la opacidad con que opera la Comisión de Quejas, los consejeros aceptaron difundir sus sesiones por Internet y abrir un micrositio en la página del INE, pero aún no hay nada sobre su recomposición. Con la presión de Morena, PRD y PT, los integrantes de la citada comisión –Galindo, Favela y Ruiz Saldaña– sesionarán hoy para definir si multan o no al Verde.