stados Unidos quiere legitimar su añeja intervención de facto en México. El sexenio pasado, mediante los llamados centros de fusión bilaterales, Washington penetró a los organismos de seguridad e inteligencia del Estado mexicano, y ahora quiere que miles de agentes encubiertos que actúan en el territorio nacional puedan portar armas de manera legal. El vehículo para consumar esa antigua exigencia es el nuevo PRI de Enrique Peña Nieto. Primero lo ablandó, y ahora, al igual que hizo antes con Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, obliga a Peña a que sea él quien proponga que sus agentes porten armas en México.

La iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fue enviada al Senado el 24 de febrero. ¿Objetivo? Permitir que agentes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) puedan actuar armados en México como parte de un programa de preinspección conjunto, similar al que Washington tiene con Canadá. Más allá del eufemismo de que las autoridades migratorias de un país ejerzan sus facultades en el territorio del otro (sic), la intención es permitir que agentes estadunidenses revisen la documentación y consulten en bases de datos el movimiento de pasajeros en puertos y aeropuertos internacionales de México, y controlen y supervisen los cargamentos de mercancías de exportación e importación en las aduanas mexicanas.

La iniciativa de Washington, encomendada a Peña, propone que sus agentes porten armas reglamentarias calibre 40 (máximo), y que los escoltas del presidente, ministros y altos funcionarios de Estados Unidos puedan actuar armados en México para su adecuada protección. Según el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, se trata de “armonizar (…) sin nin­guna ambigüedad” la legislación de México con la de Estados Unidos; argumentó que la actuación de agentes estadunidenses armados en el territorio nacional es importante y relevante para la generación de mejores espacios de competitividad y prosperidad compartida en la región norteamericana.

Titular de una cancillería otrora baluarte en la defensa de la no intervención −hasta que Vicente Fox y Jorge G. Castañeda Gutman propusieron una cesión inteligente de soberanía−, Meade sabe que los agentes del ICE, la DEA, la CIA, el Pentágono, la FBI, la ATF (Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego) y de otros servicios de inteligencia han venido actuando armados y de manera encubierta en el país desde hace años. Recientemente, un ex miembro de la CIA estimó en 25 mil los agentes clandestinos de EU en México. Y apenas en noviembre pasado The Wall Street Journal (WSJ) reveló que funcionarios del Servicio de Alguaciles del Departamento de Justicia de EU, armados y disfrazados de elementos de la Secretaría de Marina de México, participaron al menos cuatro veces al año en operativos antinarcóticos en el territorio nacional, con apoyo de agentes de la DEA y la FBI. Según el WSJ, en la captura de Joaquín El Chapo Guzmán intervinieron agentes encubiertos de Washington, y un alguacil resultó herido en Sinaloa en julio del año pasado durante un operativo contra el grupo de los hermanos Beltrán Leyva; rescatado por un militar de la Marina, fue trasladado a Culiacán y luego a Texas.

Desde 2005, con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), y después bajo la cobertura de la Iniciativa Mérida (2007), EU ha venido aumentando de manera exponencial su injerencia política, policial, militar y de inteligencia en México. Pero el dato revelado por The Wall Street Journal exhibe que los agentes estadunidenses actúan aquí incluso con recursos del propio Estado mexicano −como son las armas y los uniformes de la Marina−, en actividades que sólo corresponden a las corporaciones nacionales. El hecho indica que el gobierno de Peña Nieto ha avanzado un escalón más en la abdicación de sus potestades soberanas, con el agravante −sin ambigüedad alguna− de que en el marco de la tan cacareada cooperación, Washington ha abastecido con armas de alto poder a las organizaciones criminales mexicanas que dice combatir, como quedó demostrado en los operativos Rápido y Furioso y Receptor Abierto.

La iniciativa de Peña, ahora, de armar a los agentes estadunidenses en México, se la había dejado de tarea el presidente Barack Obama en la reunión que ambos sostuvieron en Toluca en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el 19 de febrero de 2014. En abril siguiente, durante la segunda Reunión Trilateral de Ministros de Defensa de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, acordaron buscar respuestas conjuntas a las amenazas transnacionales. Reunidos en la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional, ante el ministro canadiense Robert D. Nicholson y su homólogo estadunidense Charles Timothy Hagel, el titular del arma, general Salvador Cienfuegos, aseveró que existe una importancia geoestratégica en América del Norte que nos impulsa a estrechar lazos para atender amenazas que son de naturaleza diversa y alcance multilateral. En la declaración conjunta, los tres ministros de Defensa y el secretario de Marina, almirante Vidal Soberón, señalaron que debido a la profundidad de nuestras relaciones, geografía, demografía e integración económica, los tres países comparten intereses mutuos de defensa. ¡Joder! ¡Al diablo con las asimetrías!

No hay duda de que el lenguaje de la Aspan ha impregnado el vocabulario de quienes deberían defender la soberanía nacional. En su último tramo, el libreto fue confeccionado por el todopoderoso Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, cuyo informe de octubre pasado proponía una estrategia de seguridad unificada en Norteamérica y mayores conexiones de energía de Estados Unidos con Canadá y México. Parafraseando a Bill Clinton, cabría gritar: Son los hidrocarburos, estúpido. Pero eso Peña sí lo entiende y sigue en camino para consumar la entrega.