El equipo de cinco expertos independientes convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asesoría técnica al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa arribará este domingo al país, y tendrá la facultad de emitir recomendaciones, no sólo con respecto a los 43 normalistas desaparecidos, sino también sobre aspectos estructurales en materia de desaparición forzada.

Así lo indicó Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien subrayó la importancia de que el gobierno mexicano respete las capacidades y atribuciones de los expertos y acate sus observaciones, pues ellas se referirán a los patrones que sigue este delito en México.

Pueden hacer recomendaciones urgentes desde el primer día, y lo que esperamos es que aporten una mirada objetiva y experta a la investigación del gobierno, con respecto a la búsqueda con vida de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y, sobre todo, si están agotando la línea de la relación entre el crimen organizado y autoridades de distintos niveles, afirmó la activista en charla con La Jornada.

De igual forma, se espera que los miembros del grupo enviado por la CIDH tomen un papel activo en la indagatoria, en lo que se refiere a documentación de los hechos, entrevistas con familiares de las víctimas y sus abogados, así como con diversas autoridades, y en sus distintos campos de pericia, desde el derecho penal hasta la atención sicológica integral a quienes la necesiten.

Después de destacar que los expertos independientes pueden incluso presentar las denuncias penales que consideren pertinentes, Brewer llamó a las autoridades mexicanas a que garanticen a este equipo todas las facilidades para realizar su trabajo y sobre todo acaten sus recomendaciones.

El cambio de titular en la Procuraduría General de la República, dijo, no debería significar ningún obstáculo para que los analistas de la CIDH lleven a cabo su labor. Los compromisos y obligaciones para con el grupo de expertos son institucionales, por eso nuestro llamado es a que todas las instituciones les den pleno acceso a los expedientes necesarios en una actitud de diálogo constructivo.

Asimismo, la activista recordó que el grupo no sólo puede formular observaciones con respecto al caso de los normalistas de Ayotzinapa agredidos hace más de cinco meses, sino también sobre aspectos estructurales y generales de cómo ocurren las desapariciones forzadas en todo el país.

Justo lo que quedó muy claro en la evaluación del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas es la relación entre las omisiones del Estado, el patrón de las desapariciones y la falta de investigaciones adecuadas, agregó.

El grupo de la CIDH está integrado por Francisco Cox (Chile), experto en derecho constitucional; Claudia Paz y Paz (Guatemala), especializada en derecho penal y derechos humanos; Ángela Buitrago (Colombia), especialista en derecho penal y ciencias criminológicas.

De igual forma, acudirán Carlos Beristain (España), médico y especialista en educación para la salud, y Alejandro Valencia Villa (Colombia), especialista en la promoción y defensa de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Su mandato es por seis meses, prorrogables por el tiempo que sea necesario.