Los recursos de la política pública de apoyo empresarial –destinados a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)–, prácticamente se quintuplicaron entre 2001 y 2013 al pasar de 2 mil millones a 9 mil 900 millones de pesos y se prevé que suban 35.5 por ciento más hacia finales de sexenio.

Sin embargo, los resultados de dicha política demuestran deficiencias y debilidades pues sólo una de cada 200 mipymes logró unirse a una cadena productiva, una de cada 2 mil se desarrolló tecnológicamente y dos de cada millar se integraron al mercado externo, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El producto interno bruto (PIB) de México se estancó entre 2001 y 2013 porque en promedio sólo ha crecido 2.1 por ciento, pero la participación de las mipymes en la producción bruta de las empresas disminuyó a una tasa media anual de 3.5 por ciento al pasar de 49.8 por ciento que aportaban en 1998, a 34.7 por ciento en 2008 y a un estimado de 31.2 por ciento en 2013, asevera el organismo.

Los diversos fondos o fideicomisos que existen en la Secretaría de Economía (SE) para el sector a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes, antes Fonaes) y del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim) carecen de mecanismos que generen información suficiente para conocer el impacto de sus acciones y su contribución al crecimiento económico, así como la creación, consolidación y competitividad de las mipymes y la generación de empleos, señala.

La ASF asegura que la tasa de mortalidad de las mipymes es de 78.6 por ciento pues sólo la quinta parte de estos negocios sobrevive más de 37 meses y agrega que los programas para apoyarlas carecen de mecanismos que permitan priorizar los recursos públicos para mejores resultados.

Ello a pesar de que el Fondo Pyme, a cargo del Inadem incrementó su presupuesto a una tasa anual de 16.5 por ciento, mientras que los recursos para el programa de microfinanciamiento a mujeres rurales (Fommur) aumentaron 11 por ciento cada año; los de Pronafim, 6.9 por ciento, y los del Fonaes, 3.8 por ciento.

Los programas de la SE también se enfocan a la capacitación de los microempresarios pero la ASF considera que les han dado poca relevancia porque los recursos al respecto disminuyeron a una tasa anual de 8 por ciento y se redujo el número de personas capacitadas por cada programa.