El presidente de la comisión de agua potable y saneamiento de la Cámara de Diputados, el priísta Kamel Athie, informó ayer que la iniciativa para emitir la ley general de aguas será analizada y votada en comisiones entre el martes y miércoles de la próxima semana, con el fin de que el jueves sea llevada al pleno.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, confirmó que PRI, PAN y PRD tienen prisa por sacar la citada propuesta, la cual apunta a privatizar el servicio público del líquido potable y facilitar la fractura hidráulica o fracking.

Al concluir la sesión del pleno de la Cámara de Diputados, en la que se aprobó la licencia que solicitó el perredista Silvano Aureoles para separarse de la presidencia de la mesa directiva, se informó que la iniciativa ya fue turnada a comisiones.

En los considerandos del documento se afirma que el objetivo de la nueva ley es garantizar el derecho humano al agua, pero al definir el mínimo vital se propone que el volumen para consumo personal y doméstico que permite al individuo cubrir sus necesidades básicas corresponde a 50 litros diarios por persona.

Se plantea que el recurso hídrico será tratado como un asunto de seguridad nacional, bajo la rectoría del Estado y mediante la determinación de bases, apoyos y modalidades legales, para que los tres órdenes de gobierno ejerzan sus atribuciones con el fin de garantizar el derecho humano al agua, sin comprometer su sustentabilidad ni frenar el desarrollo económico, por lo que la iniciativa incorpora mecanismos de coordinación, concertación y de participación social y privada.

También se propone que los estados creen o perfeccionen un órgano, entidad o dependencia gubernamental que, entre otros aspectos, regule, vigile y supervise la prestación del servicio con la finalidad de garantizar su oportunidad, calidad y eficiencia.

El documento incluye un capítulo específico referido a desastres y emergencias naturales, en el que los órdenes de gobierno, con la participación de los sectores social y privado comparten responsabilidades para reducir riesgos y prever y mitigar los efectos que los meteoros generan sobre los recursos hídricos y la infraestructura.