El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Constitución para integrar un sistema nacional anticorrupción, que permitirá investigar y sancionar actos de corrupción de particulares y de todos los funcionarios públicos del país, excepto el presidente de la República.

Durante la sesión de ayer, la mayoría conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) rechazó la propuesta de los institutos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano de modificar el artículo 108 de la Constitución para que el Presidente no sólo sea juzgado por traición a la patria, como define el texto vigente, sino también por manejo y uso indebido de recursos y corrupción.

En la sesión –que fue conducida por Tomás Torres (PVEM), porque Silvano Aureoles (PRD) sólo se presentó para la votación y su despedida–, Acción Nacional secundó a PRI-PVEM, una vez que con los votos en el tablero de asistencia el tricolor y su aliado validaron los puntos que le interesaban al blanquiazul, como la ratificación del secretario de la Función Pública por la Cámara de Senadores.

Con 409 votos en favor, 24 en contra y tres abstenciones, el pleno aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. PRI y PAN celebraron, con aplausos y de pie, los cambios.

Paternidad compartida

Los distintos partidos se arrogaron la paternidad de la enmienda y se dedicaron a cruzar acusaciones de sus respectivos escándalos, para demostrar que la corrupción está en todos, pero no –como dijo Josefina Salinas (PRD)– por la genética de los mexicanos, sino por culpa del sistema.

Desde la tribuna, los diputados rescataron para el presente una larga lista de hechos de un pasado no tan remoto.

Así, en la cámara se mencionó al ex presidente Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl; el ex presidente Vicente Fox y su boyante rancho en San Francisco del Rincón, Guanajuato; el innegable enriquecimiento ilícito de Elba Esther Gordillo, actualmente en prisión; las irregularidades en la construcción de la Estela de Luz en el sexenio de Felipe Calderón; la casa blanca del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera; la residencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; las tarjetas Monex en la elección presidencial pasada; la construcción de la Línea 12 del Metro; el dinero que René Bejarano recibió de Carlos Ahumada; al líder petrolero Carlos Romero Deschamps…

Se recordó, como lo refirió Luisa María Alcalde (Morena), el padrote (Cuauhtémoc) Gutiérrez de la Torre.

En las semanas recientes, el PAN impulsó la reforma anticorrupción, pero diputados del PRI difundieron copias de la nómina de colaboradores que Ricardo Anaya Cortés tenía el año pasado como presidente de la mesa directiva, que ascendía a 312 mil pesos mensuales.

La diputada Ruth Zavaleta (PVEM) lo resumió de este modo: Ningún color de partido tenemos posibilidades de decir que no hemos tenido o enfrentado conflictos dentro de nuestros gobiernos. Eso es lo que queremos evitar con este sistema de anticorrupción.

Cuando el bloque PRI-PAN y su apéndice el PVEM rechazaron sancionar también al Ejecutivo, los diputados Javier Orihuela (PRD) y Ricardo Mejía (MC) señalaron que ante eso no hay posible indignación del gobierno federal si, como lo hizo el papa Francisco, se habla de la mexicanización de otros países donde crece la violencia.

Ya lo dijo el santo Papa, ironizó Orihuela.

El perredista planteó que la reforma no debe ser utilizada para perseguir a los enemigos políticos del sistema y exonerar a los amigos. Citó. “Salinas metió a (Joaquín Hernández Galicia) La Quina a la cárcel y Peña a Elba Esther, pero no para castigarlos, sino para amenazar a los críticos del sistema. Recuerden las opiniones: ‘Está cabrón, si le hizo eso a Elba Esther, qué cosa no nos va a hacer a nosotros’”.

Amalia García (PRD) lamentó que el presidente de la República quede excluido de responsabilidades, cuando en otros países figuras como Fernando Collor de Mello, Carlos Andrés Pérez, Nicolás Sarkozy y Richard Nixon fueron llevados a juicio y las instituciones y sus estados no se derrumbaron.

La cámara dejó firme la atribución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para indagar el uso de las transferencias federales a los estados, a pesar de que el PRD alegó que ello destruirá el pacto fiscal y suplantará las facultades de los gobiernos locales.

Acción Nacional anunció que iniciará un cabildeo, en el Senado y en los congresos de los estados. Con los senadores, porque el coordinador perredista en esa cámara, Miguel Barbosa, dijo que la minuta se discutiría hasta abril al igual que las legislaturas locales, para evitar que los gobernadores frenen la reforma.