Los obispos de Guerrero Dagoberto Sosa Arriaga, de Tlapa; Maximino Martínez Miranda, de Ciudad Altamirano; Alejo Zavala Castro, de Chilpancingo-Chilapa, y Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco –que conforman la provincia eclesiástica de Acapulco–, lamentaron los hechos de violencia ocurridos durante la confrontación entre la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y la policía federal, con saldo de un muerto, 9 heridos y más de un centenar de detenidos que ya fueron dejados en libertad.

Los jerarcas indicaron que estos hechos “han puesto de relieve las consecuencias de un proceso en el cual no se han favorecido las condiciones necesarias para encontrar una solución justa mediante el diálogo, entre ellos asuntos pendientes como la estabilidad laboral y la regularización de pagos a los docentes.

Difícil convivencia en Guerrero

Destacaron que este hecho violento se suma a un preocupante contexto de inseguridad y violencia que ya nos hace difícil la convivencia y la armonía social, y expusieron su pesar porque estas expresiones ocurran cuando no se valora la gran posibilidad que ofrece el diálogo bien entendido y realizado.

Ante ello, consideraron que ambas partes necesitan recapacitar para que no se repitan estos episodios que siembran más zozobra en Acapulco y en todo el estado de Guerrero y en ese sentido hicieron un llamado a las partes confrontadas para que recuperen el camino del diálogo para resolver los asuntos pendientes.

Resaltaron que Guerrero necesita señales de que podemos resolver los conflictos, por más complicados que sean, de manera pacífica y digna y exhortaron a las partes a modificar aquellas actitudes que no permiten mirar más allá de sí mismas y que contemplen a un pueblo necesitado de las capacidades del magisterio y de las autoridades.

Insistieron en que hay que superar las actitudes de rivalidad y de confrontación para buscar el entendimiento para que toda la sociedad sea beneficiada con una convivencia pacífica y de progreso.

Por otro lado, en el Centro Histórico de la ciudad de México, ayer se movilizaron integrantes de la secretaría de jóvenes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para exigir se aceleren las investigaciones sobre los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, y señalaron que este caso ha sido el detonador para que las desapariciones forzadas en México se planteen como un problema de carácter nacional. Exigieron que se legisle de manera prioritaria en la materia.

Mientras tanto, el Frente Indígena y Campesino (Ficam), conformado por 12 organizaciones, repudió que la violencia y la represión policiaca sean utilizadas por las autoridades para callar las voces de inconformidad y para tratar de frenar la lucha social, ello tras los hechos ocurridos el pasado martes en Guerrero.