La muerte del profesor Claudio Castillo durante el enfrentamiento entre maestros y agentes policiacos en Acapulco, Guerrero, así como las denuncias de presuntas agresiones sexuales contra varias educadoras, dejan ver un claro endurecimiento de las autoridades contra los movimientos populares, el cual dio inicio desde que se declaró muertos a los alumnos desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, señalaron organizaciones civiles.

Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, subrayó que el desalojo del martes pasado contra integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) forma parte de un esquema represivo que viene delineándose desde que la Procuraduría General de la República declaró el cierre de las investigaciones por el caso Iguala.

A partir de ahí paró la búsqueda (de los estudiantes) y las fuerzas federales se van cargando hacia Acapulco y Chilancingo, los dos centros neurálgicos de la protesta en Guerrero, y despliegan sus fuerzas para iniciar un nuevo tipo de relación con los padres de los normalistas, donde se arrecia el clima de descalificación, indicó.

Todo ello hizo posible que las fuerzas de seguridad actuaran con uso excesivo de la fuerza y brutalidad en el desalojo de la movilización de la Ceteg, como lo comprueba el hecho de que en un tramo de dos kilómetros quedaron múltiples fragmentos de cristales de autos que los policías rompieron a cuanto vehículo había ahí, sin necesidad de hacerlo.

Asimismo, hay numerosos testimonios de que el profesor Claudio Castillo Peña murió a consecuencia de los golpes que le propinaron los agentes, y otros sobre agresiones sexuales contra profesoras, una de las cuales estaría internada en un hospital de Cuernavaca con una pierna fracturada y múltiples golpes en el cuerpo.

Se pudo haber disuadido a los manifestantes sin necesidad de esa brutalidad policiaca, pero no hay protocolos para esas situaciones. Lo que hicieron fue iniciar una cacería de forma deliberada para desarticular un proceso organizativo, enfatizó.

Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, dijo que el gobierno ha entrado en un terreno bastante riesgoso, porque quiere dar una salida represiva a las manifestaciones de inconformidad de los maestros y otros sectores sociales.

Es muy delicado, porque la situación a escala estatal no está para ese tipo de salidas. La golpiza al profesor Claudio indica que el gobierno ya entró en una etapa donde va a aplicar el terror de la represión sin medir consecuencias ni respetar protocolos, y cuando el Estado decide resolver los conflictos mediante la violencia, nada bueno se puede esperar, lamentó.