n episodio importante en la batalla de este país contra la corrupción se libra en Chihuahua. Desde el 28 de noviembre se ha gestado aquí la Unión Ciudadana, movimiento que aglutina ya a numerosas mujeres y hombres libres, con partido y sin partido. Su demanda fundamental es que se termine con la impunidad, que se haga justicia en los posibles casos de corrupción que involucran al gobernador César Duarte y a varios de sus colaboradores.

El movimiento ha ido creciendo por todos los rumbos del estado. Luego de su asamblea fundacional en la capital, el 28 de noviembre, a pesar de un invierno a veces riguroso, han ido brotando capítulos regionales. En Cuauhtémoc y en Madera el frío y la lluvia congelante no fueron obstáculo para que varios cientos de ciudadanas y ciudadanos valerosos acudieran entusiastas a la cita cívica. Lo mismo la gente de las fronterizas Juárez y Ojinaga (Okinawa para Peña Nieto). En los próximos días se abren capítulos en la propia ciudad de México, en Delicias, Jiménez y Parral.

No cabe duda de que en todo México la gente clama por parar en seco la corrupción. En Chihuahua ésta se vive como la compra de 65 millones de pesos en acciones de Banco Progreso por parte del gobernador y su esposa. Se padece como endeudamiento que ya se acerca a los 50 mil millones de pesos; como licitaciones amañadas de medicamentos, como sobrejercicio en el presupuesto durante la campaña electoral federal de 2012, como acaparamiento de la exportación de ganado. Por eso, la denuncia inicial de Jaime García Chávez por el asunto del banco y la convocatoria plural a formar la Unión Ciudadana han operado como el magneto que atrae la inconformidad y la indignación.

Pero el creciente movimiento ciudadano se está enfrentando a un también creciente acoso de parte del gobierno del estado y sus aliados. Desde la reunión fundacional el 28 de noviembre y luego el 6 de febrero en Juárez fueron enviados grupos de provocadores que infructuosamente trataron de reventarlas.

En Ojinaga, días antes de la asamblea de la Unión Ciudadana, se difundió por radio y volantes la nota falsa de que se suspendía. En Ciudad Madera, luego de que el alcalde negó el uso del auditorio municipal para realizar la reunión, los organizadores rentaron un salón de fiestas, pero el propietario se desdijo después de ser amenazado por el gobierno del estado.

La cerrazón de los grandes principales medios electrónicos e impresos ante la Unión Ciudadana es casi total. La prensa no publica prácticamente nada si no es mediante inserciones pagadas. En cambio, da amplio espacio a los ataques al movimiento y a sus dirigentes. Se reducen o cierran los espacios a los articulistas que escriben sobre el tema. En la radio sucede lo mismo, salvo pocas y muy honrosas excepciones. Y el canal de televisión que informa puntualmente del movimiento, sus demandas, sus acciones y sus opiniones, el Canal 28 de la capital del estado, ha visto cómo se le suprime totalmente el financiamiento público.

El movimiento continuamente es denigrado por los gatilleros a sueldo de las páginas editoriales. Quieren reducir las graves denuncias de corrupción a pugnas electoreras. El gobernador ha llegado a retar públicamente a quienes lo dirigen para cuando salga de la gubernatura. Se amedrenta a los empresarios para que no apoyen a la unión y a las y los empleados de gobierno para que no asistan a las movilizaciones.

Los blancos preferidos de los ataques oficiales y oficiosos han sido el denunciante, Jaime García Chávez, y el senador Javier Corral, y en menor medida Francisco Barrio. A finales de enero en su comparecencia ante el Senado, el gobernador Duarte quemó los que consideraba sus mejores cartuchos: acusaciones contra dos hermanos del legislador por delitos cometidos y ya pagados hace más de una década, pero a él mismo de nada lo pudo acusar. Luego se han repartido libelos lujosamente impresos, casa por casa, con más calumnias contra Corral y Barrio, señalando que son un peligro para Chihuahua.

Lo más reciente es una denuncia por narcotráfico presentada ante la PGR contra Javier Corral por su correligionario blanquiazul Cruz Pérez Cuéllar. Más lo que se acumule esta semana…

La complicidad de los medios con la corrupción gubernamental, los ataques y las calumnias financiados por el poder cuestionado, la compra de grupos parlamentarios y partidos de oposición, las auditorías e institutos de transparencia operando como tapaderas; la amenaza a los proveedores si apoyan a quienes demandan justicia; la negativa al uso de espacios públicos: todo esto forma parte del sistema pro corrupción y pro impunidad muy actuante en Chihuahua y en todo México.

La regresión autoritaria encabezada por Peña Nieto se manifiesta claramente en la defensa de gobiernos corruptos como el de Chihuahua, que lo financiaron en su campaña. En el control priísta y de su títere, el PVEM, sobre el INE, develado por la denuncia de los representantes de siete partidos; en las reformas a la Ley de Transparencia operadas desde Los Pinos. En la imposición de la ley Korenfeld en materia de agua que impondrá la privatización del vital líquido y beneficiará a empresas como HIGA con proyectos tan absurdos y dispendiosos como el Monterrey VI.

Por todo esto, la lucha de Unión Ciudadana ya no es sólo asunto de Chihuahua. Es un insistente llamado a la conciencia nacional. Apoyarla, solidarizarse con ella, difundirla, replicarla con sus variantes locales es nutrir el cada vez más caudaloso río de resistencias amplias y diversas que combaten contra un sistema de gobierno autoritario, corrupto, criminal, violador sistemático de los derechos individuales y sociales.