omo en numerosos casos en el país, Zacualpan, una pequeña comunidad indígena nahua del municipio de Comala, en el estado de Colima, se encuentra inmersa en una lucha de resistencia contra la imposición de un proyecto minero de oro a cielo abierto de la Compañía Gabfer SA de CV, representada por el empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez, quien, siguiendo la estrategia de la llamada ingeniería de conflictos –desarrollada por las mineras canadienses–, ha provocado la confrontación de la mayoría de la comunidad contra un pequeño grupo de extracción priísta, cooptado por la corporación, que encabeza el depuesto presidente del comisariado de bienes comunales, Carlos Guzmán Teodoro. La destitución de este individuo se basó en hechos comprobados de corrupción, desvío de fondos federales destinados a la comunidad, ocupación violenta del balneario comunitario Ojo de Agua, así como por reiterados tentativas de comprar voluntades y ejercer violencia contra la población para que se acepte la apertura de la explotación minera.

Como parte del problema, y como también ocurre en numerosas regiones del territorio nacional, son las autoridades de los tres niveles de gobierno las que se coaligan para apoyar, fuera de la Constitución y las leyes, a las corporaciones de la megaminería tóxica. El Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, la organización Bios Iguana AC, la Mining Watch Canadá y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) denunciaron ya hace meses que este proceso se ha realizado en total contubernio con la delegada de la Procuraduría Agraria en el estado, María Elena Díaz Rivera, con el apoyo pleno de distintos funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal; así como de diversos legisladores locales, quienes en conjunto se han vuelto fieles promoventes de la actividad minera, a la vez que son omisos al cumplimiento de las leyes nacionales, dando total preferencia al interés privado por encima del interés de los pueblos, a pesar de que su tierra, sus bienes naturales y su territorio han sido entregados en concesión sin establecer un proceso adecuado basado en el consentimiento previo, libre e informado ( Caso Zacualpan, Colima, documento en red).

Cabe señalar que Colima es el estado de la República que proporcionalmente tiene la mayor superficie de su territorio (44 por ciento) concesionada a las corporaciones mineras por la Secretaría de Economía a escala federal, por lo que los pueblos han podido comprobar, por experiencia propia, lo que significan la amenaza y la concreción de una mina a cielo abierto en su territorio: devastación ambiental irreversible, sustracción del agua hasta el agotamiento de las fuentes existentes, envenenamiento de la tierra y los mantos acuíferos con mercurio (plata), cianuro (oro) y otros tóxicos, así como destrucción del territorio por las explosiones constantes (para un gramo de oro, se requiere llevar a molienda hasta ocho toneladas de piedra), fractura del tejido social por la división de las comunidades y familias entre quienes se oponen a la presencia minera (usualmente la mayoría de la población) y quienes trabajan en favor de la corporación (pequeños grupos que en muchas ocasiones devienen sicarios al servicio de las compañías).

La comunidad de Zacualpan y los organismos que la apoyan se han movilizado política y jurídicamente ante diversas instituciones del Estado, logrando importantes triunfos en ambos ámbitos. En lo referente a lo político, a finales del año pasado, y pese a las agresiones policiales, amenazas de muerte, intentos de soborno, presencia intimidatoria del Ejército y diversas formas de violencia física contra opositores a la mina, así como abiertas complicidades y trampas metalegales de varias autoridades agrarias y del estado, se logró, con los votos de la mayoría de la comunidad, integrar el nuevo comisariado comunal, que defenderá el territorio y sus recursos naturales. Asimismo, se han interpuesto demandas legales que han dado como resultado que el Tribunal Unitario Agrario dicte una sentencia reconociendo la asamblea en la que destituye a Carlos Guzmán, se rechaza el proyecto minero y se declara el territorio libre de minería, además de reconocer que el comisariado es la instancia que debe administrar el balneario Ojo de Agua, que siendo propiedad de la comunidad indígena, estuvo administrado durante años por caciques de filiación priísta, que nunca rindieron cuentas. No obstante, el grupo de Guzmán ocupó violentamente este balneario, en desacato a la sentencia del tribunal unitario, con la complicidad manifiesta del comisariado municipal, Enrique Carpio, y la omisión de las policías municipal, estatal y federal. Es también evidente la connivencia del presidente municipal de Comala, Braulio Arreguín; de Roberto Chapula, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y del Ministerio Público asentado en este municipio, con el grupo de Carlos Guzmán y, por ende, con los intereses corporativos de la minera.

A esta correlación de fuerzas dentro de los aparatos de Estado, contraria a los intereses de la comunidad indígena de Zacualpan, se suma, en septiembre del año pasado, la actuación de la Comisión Permanente del Congreso de Colima, que en un punto de acuerdo, logrado en votación unánime, exhorta al gobernador Mario Anguiano Moreno para que intensifique las acciones de seguridad pública supuestamente para lograr la paz, pero en realidad operando como fuerza de ocupación, y que la dependencia vigile que gente extraña a la comunidad indígena de Zacualpan no altere el orden y la paz pública, en obvia referencia a Bios Iguana AC y las organizaciones solidarias agrupadas en Rema.

Ante lo candente de la situación y el riesgo real de una escalada de violencia de consecuencias irreparables, personalidades, diversos representantes de instituciones y agrupamientos civiles y de derechos humanos, nacionales e internacionales, han conformado una misión de observación que estará en Colima del primero al 4 de marzo con el propósito de reunirse con la comunidad de Zacualpan, el gobernador de ese estado, la Procuraduría Agraria, la Semarnat y representantes del Congreso estatal, entre otros actores, para conocer de primera mano la situación y promover mecanismos y espacios de diálogo.