El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, José Ramón Amieva, informó que está a la espera de los resultados de las reuniones técnicas que sostienen la Secretaría de Obras y Servicios, el Sistema de Transporte Colectivo y la empresa española CAF para saber cuáles son los elementos del material rodante de la línea 12 del Metro que se tienen que trabajar y los tiempos para hacer las obras, ya que, recordó, se cuenta con varias opiniones técnicas.

Sobre el pago de 25 millones de pesos que reclaman ejidatarios de Culhuacán, en la delegación Tláhuac, Amieva Gálvez reiteró que no existe ninguna disposición jurídica o administrativa que mandate al Gobierno del Distrito Federal a pagarlos.

Ese monto, recordó, estaba señalado en un documento que en su momento se circuló, pero que la persona que lo admitió a trámite no tenía ni las facultades ni el esquema de responsabilidad para poder comprometerse en ese sentido.

Este viernes, los representantes de los 203 ejidatarios afectados acudirán a la Dirección General de Estudios Legislativos, dependiente de la Consejería Jurídica, para continuar con el trámite de reclamo, en tanto concluye el juicio interpuesto contra el Gobierno del Distrito Federal.

El 11 de marzo se reunirán con funcionarios de la administración capitalina y de la Asamblea Legislativa para conocer el resultado de la revisión de sus expedientes y saber si procede el pago de las expropiaciones de 1938 y 1965; así como el apoyo de mitigación por las obras de la línea 12.

Ernesto Fernández, representante de los afectados, señaló que en el oficio CJSL/DGJEL/427/2013, la directora de Estudios Legislativos, Claudia Luengas, consideró que era conveniente que en el acuerdo por el que se crea el Programa de Apoyo al Impacto por Mitigación de la obra de la línea 12 del Metro en 2012, se incorporara la falta de pago de las indemnizaciones, para concluir esa reclamación.

Los 25 millones de pesos considerados, que fueron transferidos del Metro a la Secretaría de Finanzas para pagarnos, nunca nos llegaron y la respuesta de la funcionaria es que pasó el tiempo, era un programa social y se acabó, aunque estaban etiquetados. Ahora dice que no nos debe nada, pero vamos a seguir peleando por la vía jurídica, advirtió.