La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen de reforma a la Constitución para crear un sistema nacional anticorrupción, a partir del reconocimiento de que el flagelo no es un fenómeno individual, sino que ha logrado instalarse como mecanismo con capacidad de autorregulación.

La finalidad de la reforma no es sólo sancionar actos de corrupción, sino también concentrarse en la prevención y persecución del delito de enriquecimiento ilícito de manera transexenal, con la definición de que no prescribirá antes de siete años.

La corrupción trasciende militancias partidistas, proyectos ideológicos y órdenes de gobierno, señaló la comisión en el dictamen enviado a la mesa directiva para ser incluido en la sesión de hoy.

Para asegurar la amplitud del sistema, la reforma considera indispensable la participación ciudadana, además del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), del presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, del fiscal anticorrupción y un representante del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que formarán parte de un comité coordinador.

El documento asentó el acuerdo de los partidos para que el titular de la Secretaría de la Función Pública sea ratificado por la Cámara de Senadores, y la comisión explicó que esta atribución para el Congreso no constituye una invasión de las facultades exclusivas del presidente de la República.

Destacó que si bien es atribución exclusiva del presidente la designación de los integrantes de su gabinete, deben generarse esquemas que permitan garantizar que quien esté a cargo de dicha secretaría obedezca a intereses generales con absoluta imparcialidad.

La ratificación, insistió, no implica la intromisión de uno de los poderes de la Unión sobre otro, sino que se trata de generar esquemas de corresponsabilidad entre poderes y contrapesos que garanticen que quien realice las funciones de contralor del servicio público cuente con la imparcialidad necesaria para el desempeño de sus funciones, a la luz de su ratificación democrática.

Otro de los ejes de la reforma es el fortalecimiento de la ASF.

Se prevé que ésta comience revisiones del gasto durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias y con la autorización del auditor, con el fin de investigar en tiempo real y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares.

También, al eliminarse el principio de anualidad y posterioridad de la revisión de la cuenta pública, la ASF realizará auditorías de ejercicios fiscales anteriores, para que delitos cometidos en años distintos al de la revisión de la cuenta pública no queden impunes. Además, se iniciará la fiscalización sobre el gasto a partir del primer día del siguiente ejercicio al que se va a revisar, y auditar fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, cuando éstos manejen recursos federales.

La comisión definió que con la obligación de presentar una declaración de conflicto de interés se quiere garantizar la integridad en la toma de decisiones gubernamentales, para que no se vean comprometidos por intereses privados.

Con el reconocimiento de que la corrupción es dual, también se sancionará a particulares, y la persecución del delito estará a cargo, en el caso de faltas administrativas, del Tribunal de Justicia Administrativa, y de corrupción a la fiscalía especializada.

Los estados y el Distrito Federa deberán constituir sus propios sistemas anticorrupción.