n día después del enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) en Acapulco, el subsecretario de Protección Civil de esa entidad, Raúl Milani Sabido, confirmó la muerte del profesor Claudio Castillo Peña, de 65 años, quien no podía caminar a causa de la poliomielitis que padecía, y quien, al momento de su muerte, estaba a bordo de una camioneta desde la que operaba un equipo de audio.
Hasta ahora, ni las autoridades de Guerrero ni las federales han sido capaces de informar de manera clara y puntual sobre lo ocurrido y se han limitado a enfrascarse en un lamentable choque de declaraciones: mientras el gobierno estatal señaló que la muerte referida se dio a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo que la víctima falleció resultado de un aplastamiento
y rechazó que el deceso se haya producido debido a golpes propinados por efectivos federales, si bien se comprometió a esclarecer e investigar el episodio.
Urge que así sea porque hasta ahora el hecho duro es que el desalojo de una movilización magisterial por un justificado reclamo administrativo –el pago de sueldos y pensiones– arrojó como saldo decenas de heridos y una víctima mortal, cuya condición, de acuerdo con la información disponible, no le permitía defenderse ni mucho menos agredir a nadie.
Tales circunstancias no dejan mucho margen para la justificación de un hecho que podría ser muestra de un abandono alarmante de las formas correctas de gobernar por parte de las autoridades, así como un extravío de los principios elementales de respeto a las garantías individuales y a la propia vida humana.
Por lo demás, a unas horas de que se cumplan cinco meses de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas más en Iguala, el hecho ocurrido en Acapulco refuerza la percepción pública de que ese tipo de actos no sólo se derivan de la desidia, la torpeza y la incapacidad de las autoridades encargadas de restablecer el orden, sino forma parte de un entorno deliberado de amenaza por parte del poder público a disidentes, opositores, activistas y manifestantes.
El asunto resulta doblemente preocupante si se considera que ese poder, en sus distintos niveles y con todos sus recursos de fuerza, ha sido incapaz de poner un alto al sostenido deterioro de la seguridad pública y de la conflictividad social en esa entidad, y que, por el contrario, ha atizado con acciones equívocas descontentos populares que no se circunscriben al ámbito magisterial y estudiantil.
Es imperativo que el episodio del pasado martes sea investigado a profundidad, que el esclarecimiento llegue hasta sus últimas consecuencias y, si es el caso, se castigue conforme a derecho a los responsables de la muerte del maestro Castillo Peña.
Los gobernantes deben tomar conciencia sobre la intrínseca inmoralidad de un modelo que por un lado genera profundos y extendidos descontentos sociales y por el otro pretende suprimirlos mediante el abuso de la fuerza. Por ese camino las muestras de ingobernabilidad en el país pueden generalizarse hasta llegar a un punto de no retorno.
