Madrid.

El Tribunal Constitucional español anuló este miércoles por unanimidad todas las medidas adoptadas por el gobierno y el Parlamento catalanes para celebrar un referendo de independencia. El presidente de Cataluña, Artur Mas, advirtió que la beligerancia de las instituciones españolas con la región les dejan como único camino las elecciones.

Los nueve magistrados que integran el alto órgano jurídico declararon inconstitucionales tanto la Ley de Consultas como la convocatoria a la consulta ciudadana, en una sesión este miércoles que no duró ni una hora y en la que se puso de manifiesto, otra vez, la sintonía entre el Tribunal Constitucional y el gobierno español.

El principal argumento de los magistrados que decidieron declarar ilegales las medidas adoptadas en Cataluña fue que la Ley de Consultas regula, en realidad, la convocatoria a referendo, que es materia reservada al Estado.

Por lo anterior, el tribunal dictó una segunda sentencia que declara inconstitucional y, en consecuencia, nulo, el decreto del presidente de la Generalitat de Cataluña del 27 de septiembre, en el que convocó a una consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña.

El Tribunal Constitucional, que había adoptado en su día la suspensión cautelar de todas las iniciativas que ahora declaró ilegales, finalmente resolvió a favor de todos los recursos interpuestos por el gobierno español del conservador Mariano Rajoy.

Esta resolución anula de facto tanto la nueva ley de consultas catalana, aprobada con mayoría absoluta en el Parlamento regional con el respaldo de cuatro formaciones políticas, como la convocatoria de la consulta, que se había quedado sin efecto con la suspensión cautelar, una vez que estaba prevista para el pasado 9 de noviembre.

Los magistrados resolvieron los informes en menos de media hora, en los que se asumieron la mayoría de las tesis de la Abogacía del Estado para indignación del gobierno catalán, que desde el origen de la disputa jurídico acusó al Tribunal Constitucional de actuar bajo el mandato del gobierno, con motivaciones políticas y ajena a los preceptos constitucionales que le deberían de regir.

La sentencia sostiene que queda fuera de la competencia autonómica formular consultas, aún no referendarias, que incidan sobre cuestiones fundamentales resueltas con el proceso constituyente y que resultan sustraídas a la decisión de los poderes constituidos. El respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del orden constituido, y especialmente de aquellos que afectan al fundamento de la identidad del titular único de la soberanía, se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines.

Es decir, que a partir de ahora ninguna comunidad autónoma podrá convocar ni celebrar referendos sin la autorización del gobierno central.

Incluso establece que no caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la decisión constituyente, la voluntad del pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional.

El presidente Mas deploró el contenido de la sentencia y advirtió que si el Tribunal Constitucional nos dice parcialmente no a la ley de consultas y no al decreto, quiere decir que sólo nos dejan un camino al pueblo de Cataluña, que es el de las elecciones. Ya que, añadió, según el Estado, no se trata de encontrar vía intermedia, sino de que claudiquemos.

El presidente catalán añadió que ahora sólo queda un camino democrático y legal para poder hacer la consulta que en algún momento debemos hacer. Lo hubiésemos querido hacer de otra manera, pero advirtió que la única salida serán los comicios del próximo 27 de septiembre.

Mas lamentó que resulte casi imposible dirigir la política catalana en los próximos años de manera mínimamente solvente y convincente si no se resuelve la que considera cuestión principal planteada a los catalanes: qué nivel y forma de relación debe haber con España.