En nombre de legisladores de PAN, PRD y PT, Alejandro Encinas presentó ayer ante el pleno del Senado una iniciativa ciudadana de ley general de aguas, que tiene como finalidad garantizar el acceso y uso equitativo de los recursos hídricos del país, una gestión planificada, con plena participación social, para corregir la política de sobreconcesionamiento, acaparamiento y contaminación del producto, así como evitar la destrucción de cuencas y acuíferos.

El proyecto fue elaborado por 450 investigadores universitarios e integrantes de organizaciones no gubernamentales, que antes expusieron que se trata de una alternativa al proyecto de legislación secundaria en la materia que prepara el gobierno federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con una visión privatizadora y represiva y como parte de la reforma energética que permite a empresas extranjeras explotar el petróleo y la electricidad.

El investigador Pablo Moctezuma Barragán, de la Universidad Autónoma Metropolitana, recalcó que la iniciativa del gobierno federal –que está en revisión en la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias– deja fuera toda participación social y otorga más facultades a la Conagua, organismo que podrá usar la fuerza pública contra organizaciones o movimientos que protesten contra disposiciones relacionadas con la explotación del agua.

Señaló que la iniciativa del Ejecutivo se centra en la realización de megaobras hidráulicas para dar respuesta a las necesidades de las petroleras extranjeras y abre la puerta a proyectos energéticos intensivos en uso de agua, como el de fractura hidráulica o fracking.

Al presentar la iniciativa, el senador Encinas Rodríguez resaltó que los puntos esenciales son el reconocimiento y la restauración de los derechos al agua y al territorio de los pueblos originarios, la construcción de instancias de planeación ciudadana-gubernamental, la aplicación de planes rectores consensuados y vinculantes, el rediseño del sistema de concesiones y la reorganización de la infraestructura hidroagrícola y el uso del agua.

Se plantea, agregó, crear el fondo nacional para el derecho humano al agua y saneamiento, una asignación presupuestal equivalente a 0.7 por ciento del producto interno bruto para ejecutar los planes rectores y municipales, que los sistemas de agua potable y saneamiento sean operados por organismos públicos y comunitarios sin fines de lucro, un dictamen de impacto sociohídrico ambiental, una contraloría social y la prohibición de uso de aguas nacionales para fracturación o la minería tóxica.

En conferencia de prensa previa, los panistas Silvia Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, y Salvador López Brito, quien encabeza la Comisión de Pesca y Acuacultura, respaldaron la iniciativa ciudadana, ya que mediante la contraloría social del agua se permitiría que participen los ciudadanos en su cuidado y en la toma de decisiones.

La iniciativa fue respaldada por las bancadas de PRD y PT.