La Secretaría de Salud (Ssa) incurrió en presunto daño al erario por mil 974.2 millones de pesos, equivalente a más de 60 por ciento del dinero transferido a los estados en 2013, que debían destinarse a obras y adquisiciones para mejorar la calidad de los servicios médicos en el país. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que la dependencia federal carece de mecanismos para dar seguimiento al uso del recurso y tampoco estableció reglas.

Así, aceptó declaraciones de gasto de los estados sin comprobante, ni fijó plazos para que las entidades invirtieran y comprobaran el uso del dinero o, en su caso, lo devolvieran a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Una parte del faltante debería estar en bancos, pero sólo 10 entidades presentaron estados de cuenta que avalan la existencia de 633 millones de pesos. El resto de los estados no pudo acreditar el resguardo de los recursos.

En la revisión de la cuenta pública 2013, la ASF evaluó el desempeño de la Ssa en el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud. Este es uno de los asuntos prioritarios de la actual administración, pendiente desde hace varios años, sobre todo luego de que el gobierno de la República aseguró, en 2012, que ya se había alcanzado la cobertura universal de salud con la afiliación de más de 50 millones de personas al Seguro Popular.

El número de inscritos actualmente en este esquema es superior a los 53 millones, pero una de las críticas recurrentes es la carencia de acceso efectivo a los servicios por la insuficiencia de personal médico, equipamiento e infraestructura en clínicas y hospitales.

En 2013, primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el programa para mejorar la calidad de los servicios médicos contó con tres mil 181.9 millones de pesos. El monto fue transferido por la Ssa a los estados sin reglas ni especificaciones, por lo que tampoco existieron criterios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

La ASF recomendó a la Ssa iniciar procesos administrativos para sancionar a los funcionarios de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (Dgplades) responsables de las irregularidades.

Hasta el 17 de diciembre de 2014, cuando la ASF emitió su dictamen, persistía el faltante monetario. De los tres mil 181.9 millones autorizados para 2013, los estados no comprobaron 245 millones 479 mil pesos. Asimismo, 10 entidades tienen en bancos 633 millones 365.1 millones de pesos que debieron devolver a la Tesofe al final de año.

Otros 18 estados no presentaron estados de cuenta que acrediten la existencia de mil 95 millones 393 mil pesos, que también debían devolver a la Federación.

El informe destaca que el estado de México recibió la mayor cantidad de dinero (274.8 millones), pero no comprobó ni devolvió 223.7 millones. El organismo fiscalizador encontró que 2.1 millones se gastaron, pero no se presentaron comprobantes a la Ssa.

El Instituto de Salud mexiquense informó que adquirió bienes para el hospital de Axapusco, pero la ASF detectó faltantes por 845 mil 612 pesos. Asimismo, la entidad reportó obras por 65.7 millones de pesos, pero sin comprobantes, ni regresó 5.4 millones de remanentes de algunas acciones.