La falta de acceso a la información promueve la impunidad y fomenta la existencia de la trata de personas. Así lo muestran los resultados del Diagnóstico situacional de la trata de personas en Querétaro, investigación efectuada por el Centro de Investigación Social Avanzada.

Para el trabajo presentado ayer en la Universidad Iberoamericana los investigadores analizaron la situación del estado durante 18 meses, lapso en el que se registraron 54 desapariciones. Pero debido a las dificultades para acceder a datos confiables y precisos, los perfiles de los casos no pudieron ser bien determinados.

Rodrigo Guerra, director del Cisav, criticó tanto la falta de colaboración de las autoridades queretanas para facilitar información que les permitiera aproximarse al tema, como la paz cosmética que los medios de comunicación del estado manejan en sus espacios, pues evitan mostrar las fracturas graves que la entidad posee en temas como la trata y otros problemas.

Natalia Stengel, coordinadora general de la investigación, advirtió que la inexistencia de un modelo de diagnóstico sobre la trata de personas en México deriva en la nula coordinación entre instancias gubernamentales, la escasez de rigor metodológico para recabar información y medidas insuficientes para combatir el problema, lo que crea un clima de impunidad y mayores riesgos para las víctimas.

Subrayó que la trata de personas se ha industrializado muy rápido en los municipios de Pedro Escobedo, San Juan del Río y la propia ciudad de Querétaro. Advirtió que los funcionarios encargados de la persecución de la trata de personas se caracterizan por su desconocimiento del tema, pues sólo reportan como víctimas de este delito a las mujeres que ejercen el sexo de manera forzada, y pasan por alto la mendicidad forzosa, la trata de personas con fines de explotación laboral y la servidumbre por deuda, dijo.

Además de la falta de atención generalizada a los municipios lejanos de la capital de Querétaro, apuntó que 42 por ciento de las personas encuestadas como parte de esta investigación responsabilizan a las autoridades gubernamentales de la trata de personas.Emilio Maus Ratz, director del Programa contra trata de personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisó que en México existen aproximadamente 266 mil víctimas de algún tipo de esclavitud, pero que sólo 7 por ciento de los acusados por trata de personas reciben sentencia.