Las tres principales fuerzas políticas en la Cámara de Diputados lograron un acuerdo para constituir, con una reforma a la Constitución, un sistema nacional anticorrupción para sancionar actos de corrupción de funcionarios públicos y particulares.

El PRI, que el lunes advirtió que se trataba de un punto irrenunciable, cedió a las presiones del PAN para que el secretario de la Función Pública sea ratificado por la Cámara de Senadores e incluso renunció a que el sistema se denominara de integridad.

El proyecto de dictamen, que será discutido hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que ningún delito quedará sin sanción, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá revisar el ciento por ciento de las participaciones federales a los estados y obliga a los funcionarios a presentar una declaración patrimonial y adicionalmente una de conflicto de intereses.

También prevé que los delitos de corrupción no prescriban antes de siete años, y una de las principales medidas será aplicar la extinción de dominio por enriquecimiento ilícito a los funcionarios sancionados. Actualmente esa medida sólo se aplica en casos de delincuencia organizada.

El proyecto considera crear un consejo en el que participarán ciudadanos de integridad probada y conformar un tribunal de justicia administrativa que se encargará de perseguir y sancionar los delitos en la materia.

Los coordinadores de PAN y PRD, Ricardo Anaya y Miguel Alonso Raya, respectivamente, explicaron por separado que el plazo de siete años será suficiente para que un funcionario público o particular puedan ser investigados por hechos de corrupción, y que ningún caso podrá cerrarse si existen nuevas denuncias.

Anaya expresó que escándalos como el de la casa blanca de la familia presidencial no serán archivados. Debe quedar muy claro: no hay borrón y cuenta nueva; quien haya cometido una falta administrativa o un delito en el pasado será juzgado con el sistema nacional anticorrupción, declaró.

Alonso Raya explicó que los plazos para determinar el tiempo de prescripción, así como los tipos penales y las sanciones administrativas, serán precisados en la legislación secundaria.

Héctor Gutiérrez, vicecoordinador del PRI que el lunes consideró irreductible la ratificación del secretario de la Función Pública, ayer expuso que el tricolor cedió para evitar que las posiciones irreductibles del PAN arriesgaran la posibilidad de la reforma.

En el caso de la ASF, el proyecto señala que deberá iniciar la revisión de la cuenta pública el día siguiente del cierre del ejercicio anterior; entregar informes individuales de auditoría y sus reportes a la Cámara de Diputados en junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente a la presentación de la cuenta.

Los informes serán públicos e incluirán los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o a los entes públicos, a consecuencia de su fiscalización y las denuncias penales presentadas.

Entre las nuevas atribuciones que se prevé otorgar a la ASF está promover responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa y ante la fiscalía anticorrupción de la Procuraduría General de la República.

En el caso de los particulares, se plantea que podrán ser sancionados por tribunales de justicia administrativa cuando se involucren en actos de corrupción, que van desde multas económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones y arrendamientos u obras públicas hasta la suspensión de actividades, disolución o intervención de la empresa.