ras negar que exista un distanciamiento entre el Vaticano y el gobierno peñista por las recientes declaraciones del papa Francisco, quien llamó a Argentina a evitar una mexicanización –en referencia a la inseguridad y el avance de la delincuencia organizada en nuestro país–, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, dijo que la misiva enviada a Roma por la dependencia que encabeza sólo tenía por propósito abrir un espacio de diálogo. Ello, a pesar de que la víspera el mismo funcionario llamó a consulta al nuncio vaticano, Christophe Pierre, y envió a Roma una nota diplomática, mecanismo que suele usarse para expresar protestas formales de un Estado a otro. En otro sentido, Meade Kuribreña aseguró que, a contrapelo del sentir generalizado, a la actual administración no le han faltado claridad ni contundencia para defender los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos, violentados en forma rutinaria por autoridades y empleadores, especialmente en los casos de los mexicanos indocumentados.

Las declaraciones referidas muestran la difícil situación por la que atraviesa el manejo de la política exterior del país desde septiembre del año pasado, luego que el ataque atroz contra estudiantes normalistas en Iguala exhibió ante la opinión pública nacional e internacional los fallos catastróficos del estado de derecho en el país, la descomposición institucional y la inoperancia de las corporaciones públicas de seguridad y de los organismos encargados de la procuración de justicia. De entonces a la fecha la diplomacia mexicana no sólo ha debido hacer frente a multiplicadas protestas sociales, críticas y muestras de solidaridad con los muchachos de Ayotzinapa en muchos países, sino que se ha visto también sometida a numerosos cuestionamientos de gobiernos, parlamentos y organismos internacionales, de los que el comentario del pontífice es sólo el ejemplo más reciente.

En estos meses la cancillería mexicana ha debido procesar, entre otras, observaciones críticas del presidente saliente de Uruguay, José Mujica; el de Bolivia, Evo Morales, y el de Estados Unidos, Barack Obama; de legisladores del Parlamento Europeo; del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED); de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de organismos independientes como Amnistía Internacional.

La crítica situación ante la comunidad internacional se ve agravada por dos factores: por un lado, la persistente práctica de usar los cargos y representaciones de la política exterior como premios o consolaciones para políticos y tecnócratas sin experiencia en la materia y la consiguiente marginación del personal diplomático de carrera; por el otro, la creciente supeditación, tanto en el frente interno como en el externo, al gobierno de Estados Unidos, el progresivo abandono del tradicional papel de México como referente de independencia y equilibrio y la renuncia a los principios pilares de la política exterior nacional. Estas tendencias, que datan del gobierno de Carlos Salinas, se han ido acentuando sexenio tras sexenio y con esos antecedentes la difícil coyuntura actual encontró a una Secretaría de Relaciones Exteriores debilitada y extraviada que no parece tener la capacidad requerida para manejar la crisis con éxito.

En política exterior, como en el resto del quehacer gubernamental, es particularmente necesario, por ello, emprender un viraje, recuperar el rumbo y realizar de manera urgente un proceso de fortalecimiento institucional.