Moscú.

Decenas de miles de rusos que trabajan en medios de comunicación con capital extranjero podrían quedarse sin empleo si no se modifica, o al menos se pospone, la entrada en vigor de la ley, prevista para el 1º de febrero de 2016, que prohíbe a ciudadanos extranjeros tener más de 20 por ciento de las acciones de éstos.

Por ahora, en una medida por demás razonable, la legislación no permite que los extranjeros posean más de 50 por ciento de canales de televisión o estaciones de radio que emitan en más de la mitad de las entidades federales de Rusia o, en su defecto, en un territorio en que viva más de la mitad de la población de este país.

Para neutralizar la influencia foránea, de acuerdo con la motivación oficial, los diputados de la Duma, sin casi debates y en tiempo récord de diez días, aprobaron en septiembre pasado una ley que pone con un pie en la calle a los trabajadores de redacciones de medios impresos, estudios de televisión y estaciones de radio, fábricas de papel, imprentas, empresas de distribución de consorcios mediáticos con capital extranjero que, al día de hoy, ofrecen en Rusia su producción a un auditorio potencial de 60 millones de personas.

Las limitaciones se refieren a tres grandes segmentos: el primero son los canales de televisión de entretenimiento con señal abierta STS, Domazhny y Perets, que forman parte de STS-Media, cuyo 37.9 por ciento de las acciones pertenecen al consorcio sueco Modern Times Group; así como el canal Disney, de la estadunidense Walter Disney Co. con 49 por ciento.

El segundo segmento se refiere a los canales temáticos de televisión que se difunden con señal restringida mediante suscripciones por cable o satélite como Discovery, TV 1000, Sony Sci-Fi, Nickelodeon, Eurosport, por enumerar algunos.

Y por último, los consorcios extranjeros con presencia en el mercado ruso de prensa escrita –revistas sobre todo, y algunos diarios– como la alemana Burda, la estadunidense Hearst y la finlandesa Sanoma Independent Media.

Las empresas o ciudadanos rusos que desde compañías registradas en otros países figuran como propietarios de medios de comunicación en Rusia, tienen de plazo hasta 2017 para poner en orden su composición accionaria de acuerdo con la nueva ley.

Y por esta razón –ante la pérdida del 30 por ciento de la publicidad desde que se aprobó la ley y el riesgo inminente de tener que cerrar sus actividades en Rusia– los principales editores extranjeros con presencia en el mercado local solicitaron al Kremlin hacer efectivas las restricciones a partir de 2017, un año más tarde, igual que el mismo trato que se da a los ciudadanos rusos que poseen medios aquí con inversiones en el extranjero.

La petición está contenida en una carta –elaborada a iniciativa de los consorcios alemanes Axel Springer y Burda y que también contó con el apoyo de Bauer Media (Alemania), Sanoma Independent Press (Finlandia), Bonnier (Suecia), Egmont (Dinamarca) y De Agostini (Italia)–, enviada el viernes pasado al presidente Vladimir Putin, según reveló este martes el diario ruso RBK.

Todavía no hay respuesta a la misiva y quizá, conforme se comenta en círculos cercanos a la oficina de la presidencia rusa, nunca la haya en el actual contexto de confrontación abierta con todo lo que venga del otro lado de las fronteras de Rusia.