La organización Amnistía Internacional (AI) externó preocupación de que el gobierno de Quintana Roo utilice el sistema judicial para perseguir a periodistas críticos de la administración estatal. Lo anterior fue expuesto después que el comunicador y activista Pedro Canché Herrera cumplió seis meses en prisión y un juez federal resolverá en breve su solicitud de amparo contra la formal prisión.

El periodista maya fue detenido en el municipio de Felipe Carrillo Puerto el 30 de agosto de 2014, acusado de sabotaje, tras publicar fotos de una protesta afuera de la oficina de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) por el incremento a las tarifas en el municipio de la zona central de Quintana Roo.

El Movimiento Mundial pro Derechos Humanos de AI expresó preocupación de que la detención de Canché Herrera responda a su labor periodística y atente contra el ejercicio de la libertad de expresión, porque fue acusado por el gobierno de Roberto Borge Ángulo de liderar la protesta que incitó a bloquear la entrada de esas oficinas.

AI manifestó su alarma de que el sistema judicial pueda estar siendo utilizado para perseguir a periodistas que hacen críticas al gobierno. Debido a la amplia interpretación de sabotaje en el artículo 204 del Código Penal de Quintana Roo, es preocupante que las autoridades lo puedan utilizar de manera anómala.

Arbitrariedades del MP

Sostuvo que el Ministerio Público incurrió en arbitrariedades al documentar los cargos contra el detenido por su actividad periodística, además de que hubo omisiones en la investigación y le dictaron formal prisión sin pruebas suficientes. Dijo haber recibido información preocupante sobre la salud del comunicador, incluyendo la tardía atención médica que ha recibido por heridas recibidas al parecer durante su detención.

Refirió que son de inquietar las declaraciones de autoridades estatales negando que Pedro Canché sea periodista, “cuando está documentado su trabajo de más de dos décadas como editor de revistas impresas, y actualmente independiente en diversos medios electrónicos.

Canché fue detenido debido a su ejercicio del periodismo, por lo que se exige que finalice la criminalización en su contra y que cualquier decisión respecto a su caso tome en cuenta las arbitrariedades del proceso, dice el comunicado de AI.

El inculpado tiene la página en Internet Diario de un preso de conciencia, en la que escribe desde prisión (http://diariodepedrocanche.tumblr.com ).

En Mérida, Yucatán, Perseo Quiroz Rendón director ejecutivo de AI en México, lamentó la crisis en materia de derechos humanos que existe en el país donde hay 23 mil personas desaparecidas de 2006 a la fecha, al menos 7 mil denuncias de tortura y existe impunidad en derechos humanos en 98 por ciento de los casos. Criticó la tibia labor que realizan las comisiones estatales del ramo, problema que impera también en Yucatán.

Detalló que en 2014 hubo 7 mil denuncias de tortura, pero sólo siete tuvieron condena judicial. Estimó que ha aumentado 600 por ciento ese problema y en la mayoría de los casos policías estatales son los responsables y siguen por orden de incidencia las corporaciones municipales, las federales, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina.

Respecto de feminicidios, dijo que ocurren principalmente en el estado de México y en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La CDHE de Coahuila acusan a fuerzas de seguridad de secuestrar y asesinar a detenido

Leopoldo Ramos , corresponsal

Saltillo, Coah.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) acusó a elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (Gate) de la Comisión Estatal de Seguridad, de incurrir en desaparición forzada contra una persona a la que secuestraron y golpearon por cometer un delito. El cadáver del detenido fue encontrado un mes después del arresto.

Los policías hicieron la detención entre las 11 y 11:45 horas del 19 de junio de 2013 en Monclova y el agraviado estuvo desaparecido hasta el 19 de julio de 2013, fecha en que su cuerpo fue encontrado en un paraje de Monclova, sin que los miembros de la corporación lo pusieran a disposición de autoridades, ocultando en forma dolosa su detención a los familiares, dijo el organismo en un comunicado.

En la recomendación 06/2015, la CDHE solicitó al gobierno del estado presentar denuncia penal contra los policías involucra- dos, procurar que se castigue por desaparición de personas y resarcir el daño a los familiares de la víctima.

El organismo que preside Xavier Diez de Urdanivia pidió al gobierno de Coahuila “presentar una denuncia de hechos contra los elementos del Gate que detuvieron al agraviado (…) a efecto de integrar una averiguación previa penal y proceder conforme a derecho ante la autoridad judicial”.

Con base en la Ley General de Víctimas, es indispensable que se repare el daño material y moral a familiares del agraviado y se les proporcione atención médica y sicológica, por secuelas ante la desaparición forzada o involuntaria.

Los señalamientos del organismo de derechos humanos local se presentaron cuando en las redes sociales se difunde un video donde supuestos agentes del Gate realizan ejecución extrajudicial de varias personas heridas con las que momentos antes se habrían enfrentado a balazos.

El secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, aseguró que el video es falso.