La iniciativa de Ley General de Aguas propuesta por la Comisión Nacional del Agua, que esta semana la Cámara de Diputados aprobaría vía fast track, prevé mayor participación del sector privado en los servicios de potabilización y saneamiento, y propone que los trasvases de una cuenca a otra, así como la explotación del recurso nacional, sean concesionados a particulares hasta por 70 años.

El motivo principal por el cual se buscaba expedir la ley, que era garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, queda relegado. Se reduce a definir la cantidad de líquido, 50 litros por día, para satisfacer necesidades básicas; a que esta dotación se debe realizar por medios manuales, y deja un vacío respecto al saneamiento, sobre lo cual ni siquiera tiene un capítulo, como sí lo existe para trasvases y concesiones, explican analistas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que para cumplir con esta garantía se deben destinar al día entre 50 y 100 litros de agua aceptable y accesible físicamente. Naciones Unidas en 2010 aprobó una resolución en la que reconoce que esta garantía individual es esencial para la realización de todos los derechos humanos.

En 2012 el Congreso de la Unión modificó el artículo cuarto de la Constitución para garantizar el derecho humano al agua. El cambio constitucional precisa que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

La iniciativa del Ejecutivo para reglamentar el derecho humano al agua es un pretexto para impulsar megaobras y obliga a las autoridades municipales a concesionar la operación de los sistemas de agua a particulares, señaló Elena Burns de la organización Agua para todos, agua para la vida.

Este proyecto de ley abre la posibilidad de utilizar toda el agua que existe en el país y da manga ancha para usarla como les conviene; “el jueves a más tardar, vía fast track podría aprobarse, aunque también se impulsó la iniciativa ciudadana elaborada por decenas de organizaciones ambientalistas y respaldada por legisladores”, señaló la diputada Socorro Ceseñas del PRD, quien ha cuestionado el acueducto Monterrey VI, que trasvasará agua de la cuenca del Pánuco a Nuevo León.

Sobre los trasvases de una cuenca a otra, el documento plantea que estos consisten en la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se trasladan de una cuenca para ser utilizadas en otra, podrán concesionarse hasta por 70 años.

Con esto se abre la puerta a la política de manejar el agua por trasvases, moverla de donde sea y a través de manos privadas, advirtió Elena Burns.

Esta iniciativa de ley es compatible con la reforma energética. Son esquemas que promueven el lucro, resaltó.

Sobre las concesiones, el proyecto de ley indica que se darán para hacer obras hidráulicas o cualquiera relacionada con el agua, para la explotación, uso o aprovechamiento de zonas federales y demás bienes públicos inherentes.

En la iniciativa oficial (artículo 65) se plantea la participación social y privada en la prestación de servicios públicos como la extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas.

En cambio, cuando se trata de otorgar el servicio a comunidades, deja la responsabilidad a la sociedad y la ciudadanía organizada.

También en el artículo 26 plantea que los municipios podrán concesionar de manera total o parcial la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

De acuerdo con el diputado del PRD Javier Orihuela, integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, en los órganos legislativos no se ha tratado abiertamente la iniciativa y tememos que el dictamen que se presente venga de la Conagua.