En México no se puede hablar de una democracia y de estado de derecho con 23 mil desaparecidos, aseguró Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

El Poder Legislativo tiene una deuda inmensa, porque México no cuenta con un andamiaje legal robusto para hacer frente a la desaparición forzada, no sólo en cuanto a la tipificación de la conducta y establecimientode sanciones penales adecuadas, sino en cuanto a la relación de otros temas, como planes nacionales de búsqueda, servicios forenses, protocolos de búsqueda elevados a rango legal, en términos de reglamentar las primeras diligencias frente a una desaparición.

Rezago que señaló la ONU

En entrevista luego de participar en el acto por el 15 aniversario de la organización no gubernamental Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) –integrada por familiares de desaparecidos, exiliados y presos políticos– Aguirre reiteró que este rezago legislativo fue parte de los señalamientos que formuló el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en sus recientes observaciones.

Es de destacar que sean personalidades políticas de otras latitudes las que muestren mayor preocupación por el caso Ayotzinapa frente a la indiferencia de la clase política mexicana, que está más atenta a los tiempos electorales que a esta crisis de violencia y violaciones que vive el país, de la cual Ayotzinapa es un caso paradigmático, pero detrás del cual están más de 23 mil desaparecidos, expresó en relación con los reclamos que hicieron eurodiputados a legisladores del PRI por el caso Iguala.

“El Poder Legislativo no puede decir que desconoce que está en estado de incumplimiento frente a sus responsabilidades internacionales.

Ojalá estos intercambios con parlamentarios de otros países sirvan para que el Poder Legislativo asuma sus responsabilidades en esta crisis de violencia y de violaciones a los derechos humanos que vive México; que es una crisis de Estado, no sólo del Ejecutivo federal. Es una crisis que requiere que la totalidad de los poderes y niveles de gobierno para que adopten medidas extraordinarias para paliar la crisis que enfrenta el país.