uego de varias horas de reunión entre los ministros de Finanzas de Grecia y de los 18 socios del llamado Eurogrupo, se anunció ayer la extensión por cuatro meses del programa de ayuda para el gobierno de Atenas, a condición de que éste se comprometa a no revertir ni detener las reformas estructurales iniciadas por su antecesor y a no tomar medidas que pongan en riesgo la estabilidad del país. De acuerdo con el líder del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, el hecho constituye el primer paso para reconstruir la confianza entre Grecia y sus socios regionales.

Debe recordarse que el acuerdo suscrito había generado grandes expectativas a raíz del arribo de la coalición de izquierda Syriza al gobierno de Atenas –encabezado por Alexis Tsipras–, particularmente por la posibilidad de que ese recambio en la política interna griega implicara un cese del programa de reformas de cuño neoliberal adoptado en años recientes, lo que podría conducir a una eventual salida de Grecia de la zona euro.

En lo inmediato, el acuerdo representa el anuncio de la continuación de las políticas draconianas impuestas por la troika europea a la población del país helénico, cuyo rechazo por parte de la mayoría de la ciudadanía explica en buena medida el ascenso de Syriza al gobierno en ese país.

No obstante, si se toma en cuenta la desequilibrada correlación de fuerzas preexistente entre el gobierno griego y Bruselas, el significado más relevante de la reunión celebrada ayer en la capital belga no es de índole económica, sino política: surgido de un proceso electoral en el que se expresó en forma inequívoca una voluntad popular contraria a las políticas de la troika, y arropado en ese sentido por una legitimidad política incuestionable, el gobierno demostró que hay margen para la negociación con una élite europea que hasta ahora se había mostrado implacable con los regímenes de los países pobres y dependientes de la región.

En ese sentido, el episodio de ayer pone en perspectiva la existencia de un margen, así sea mucho menor a lo deseable, para la negociación y la defensa de las soberanías nacionales europeas en un entorno marcado por la supremacía de los poderes supranacionales y los intereses corporativos. Ello resulta aleccionador para los procesos internos de otros países periféricos de la zona euro que, como España, han visto surgir fuerzas políticas que desafían las inercias de los partidos y gobiernos tradicionales y cuyo ascenso se explica en buena medida como consecuencia de la inacción de sus regímenes ante la crisis económica y los chantajes de Bruselas.

Por el momento, el acuerdo anunciado ayer por el Eurogrupo implica continuar un estado de cosas que beneficia a los intereses de la troika y resulta lesivo para los griegos. Con todo, esa solución no representa más que un mero paliativo que no resuelve de fondo las causas estructurales de la crisis griega ni las condiciones asimétricas y desventajosas en que la nación mediterránea ha enfrentado el proceso de integración económica de la Europa comunitaria. Cabe esperar que el compás de espera que se abrió ayer contribuya a consolidar el peso específico del gobierno griego frente a sus interlocutores regionales, a efecto de que éste pueda reflejar y defender en forma más efectiva los intereses de sus ciudadanos.