El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) corre el peligro de convertirse en un órgano de defensa sólo para los ciudadanos que pueden contratar un licenciado o de los grandes despachos de abogados, cuando su finalidad es atender a quien requiere impugnar desde un acto de autoridad de los jefes de Gobierno o delegacionales, secretarios o directores de la administración local, hasta el cobro de una infracción de tránsito, advirtió su presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

Explicó que esto se debe a que los ciudadanos ignoran cuáles son las atribuciones de este tribunal y que incluso cuenta con un área de defensoría jurídica gratuita para asesoría.

Nuestra gran preocupación es que no queremos ser un tribunal de élites, que sólo atiende a determinado sector económico de la población, sino uno ciudadano, admitió.

La magistrada puntualizó que este órgano cuenta con autonomía y jurisdicción plena para dirimir controversias entre un ciudadano y las autoridades de la administración pública de la ciudad de México.

Así sea una impugnación de una boleta de tránsito, cuya infracción puede ascender a mil o dos mil pesos; de un recibo de predial, cuando el contribuyente no está de acuerdo con lo que se le cobra, de su derecho de agua, o de cualquier impuesto con el que esté en contra, ejemplificó.

Pero, agregó, también se ve la parte administrativa, es decir, todos aquellos actos de autoridad, como un decreto que emita el jefe de Gobierno.

Esquivel Mossa detalló que en caso de que un ciudadano quiera impugnar un acto del gobierno de la ciudad de México que no le favorece, no necesita contratar un abogado, sino que puede acudir directamente al TCADF y se le designa uno para que lo asesore de manera gratuita.

Las impugnaciones contra el impuesto predial y los derechos de servicio de agua son las principales quejas que se reciben. Son los actos que más afectan a la ciudadanía, también se han incrementado las denuncias por construcciones tanto de las empresas inmobiliarias como de los vecinos que están en contra de éstas.

Abundó que si una persona está en contra de un vecino que, por ejemplo, usa su casa como taller mecánico y esto le afecta, puede demandar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a las autoridades que otorgaron los permiso. Sino cuenta con éstos se puede solicitar la clausura.

De acuerdo con estudios realizados por este tribunal se detectó que menos de uno por ciento de la población del Distrito Federal sabe de las actividades que realiza.