El robo de dinero a los
cosechadores de chile*

FOTOS: Joseph Sorrentino

Joseph Sorrentino

En la oscuridad de la madrugada, Susana López, mochila al hombro, se dirige a un bloque de tiendas de descuento en la calle El Paso, uno de los principales puntos de reunión de los trabajadores agrícolas en El Paso, Texas. Aquí se une a decenas de otros trabajadores exhaustos que se despertaron a las dos de la mañana con la esperanza de ser contratados por la gente que busca mano de obra para las fincas de la región. Algunos pasan a comprar una pieza de pan a la panadería que está a media cuadra; otros prefieren ir por un burrito a un puesto callejero. Desayunan y se recargan en la pared de la Payless ShoeSource y esperan. Es una vida de incertidumbre. “Uno nunca sabe si va a haber trabajo”, Isidro Mancha, de 63 años, que nació y se crió en Albuquerque, me dice. “Uno trabaja con diferentes contratistas casi todos los días”.

En este día de finales de septiembre, López sólo tiene que esperar media hora antes de ser elegida y treparse a la camioneta de un contratista con destino a un campo de chile verde en Deming, Nuevo México, a 119 millas (191.5 kilómetros) de distancia. En otros días ella ha esperado hasta hora y media. Los defensores de los trabajadores y éstos mismos dicen que los contratistas eligen personas que conocen –los que trabajan rápido y, sobre todo, los que no se quejan-. Los trabajadores llaman a este sistema “You yes, you no” (“Tú sí, tú no”).

A veces, López tiene suerte y consigue trabajo en Las Cruces, a donde se llega fácilmente en 45 minutos en coche, pero hoy el viaje dura cerca de tres horas de ida y otro tanto de vuelta. Una vez en Deming, ella y sus compañeros esperan en la camioneta o en la parte superior de las filas de chiles, ansiosos por empezar. Transcurrirán unos 30 minutos antes de que el contratista por fin diga que hay suficiente luz para trabajar. Entonces comienza el movimiento que no para.

Por el momento López vuelve a El Paso esa noche. Gastó 13 horas para cobrar sólo 47 dólares por seis horas de trabajo. Y aunque es legal que el contratista no le pague por las horas de espera en la calle El Paso ni por los viajes hacia y desde los campos, encuentro que pudo haber violado la ley en diversas formas para darle un pago tan pequeño por ese día. Descubrí muy pronto que para los cosechadores de chile de Nuevo México el robo de salarios es tan común como el dolor de espalda.

La paga que recibe López es demasiado baja como para pagar la renta de un apartamento, por lo que ella se queda en un refugio en El Paso a cargo de un grupo de defensa de los trabajadores del campo, el Proyecto Sin Fronteras, que alberga hasta 125 trabajadores, muchos de los cuales tienen algún tipo de estatus legal. Todos aquellos con los que hablé tenían residencia permanente legal, y varios eran ciudadanos estadounidenses. Llamar al refugio “esqueleto” sería generoso. López y otras mujeres duermen en una pequeña alcoba junto al área de recepción, compartiendo su espacio reducido con una fuente de agua; los hombres duermen cerca, en la gran sala principal. No hay camas; todos duermen sobre mantas o colchones delgados sobre el linóleo. El refugio está lleno de gente, a menudo ruidosa, y no hay privacidad. Con sólo unas pocas pequeñas ventanas, el aire se vuelve rancio rápidamente. Pero es gratis. “Yo vivo aquí por necesidad”, dice López. “Si yo tuviera un apartamento, no podría enviar dinero a mi familia”, una hija de seis años de edad y dos padres enfermos, justo al otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez.

Cuando llego al campo de chile con López en la madrugada en un día de finales de septiembre, el aire es sorprendentemente frío, aunque el sur de Nuevo México todavía está registrando máximos de 80 y tantos grados Fahrenheit (80 grados Fahrenheit equivalen a 26.667 grados centígrados). Un ligero olor a chiles cuelga en el aire. En la oscuridad, apenas puedo distinguir las ordenadas filas verdes que se extienden a lo largo de varias hectáreas. Los chiles verdes crecen pegados al suelo, por lo que López y los otros trabajadores se arrodillan y van empujando la cubeta delante de ellos para cosecharlos. Las plantas están mojadas por el rocío de la mañana, y la ropa de los trabajadores rápidamente se cubre de lodo.

“Uno se ensucia todo”, dice Eduardo Martínez, de 46 años, que trabaja en la cosecha de chiles para mantener a su esposa y sus dos hijos, en Ciudad Juárez. “Uno parece cerdo.”

Cada vez que López llena una cubeta, que tiene una capacidad para 20 libras (nueve kilos 72 gramos), se la sube a un hombro y se apresura hacia las grandes cajas donde va a depositar sus chiles. El pago a los trabajadores es a destajo, y la mayoría de los agricultores de Nuevo México estaban pagando 85 centavos por cubeta este año. (“¿Quieres ganar dinero?, tienes que mover los dedos rápido”, dice José Valente, un hombre delgado de 65 años que ha estado trabajando los campos durante casi 50 años.) Cada vez que López vacía su cubeta, recibe una pequeña ficha de plástico, la mete en su bolsillo frontal y se apresura de nuevo a su fila para seguir cosechando.

En el fresco de la madrugada, el grupo de unos 60 trabajadores se mueve rápidamente por las filas, corriendo hacia atrás y hacia adelante. López, una mujer grande, pronto comienza a respirar con dificultad. A medida que avanza el día, la temperatura se eleva, alcanza los 88 grados Fahrenheit (31 grados centígrados). El agotamiento entra en acción, y todo el mundo se hace lento.

A López le dijeron que el grupo trabajaría hasta el mediodía. Dan las 12:30 y luego las 13:00 horas. Ella pide terminar. “Yo trabajo hasta que mi cuerpo dice ‘stop’”. Le duelen las piernas, los brazos; está agotada. Extiende su mano derecha. Está temblando.

Pronto, más trabajadores dejan el campo. Pero los tractores siguen llegando, traen más cajas vacías para ser llenadas. A nadie se le paga hasta que la cuota del día se cumple, por lo que López espera. Alrededor de las 14:00 horas, hay una larga pausa entre tractores y ella está convencida de que, finalmente, va a recibir el pago. Luego otro tractor se detiene. Ella niega con la cabeza y murmura “pendejo”. Transcurre una hora más antes de que le paguen. Por una cosecha de 55 cubetas, ella recibió 46.75 dólares Trabajó seis horas y 25 minutos y esperó dos horas.

Ella debió haber ganado mucho más. Con raras excepciones relativas a las fincas muy pequeñas, la ley estatal exige para los trabajadores que cobran por hora –por ejemplo, por el deshierbe de un campo o la cosecha de chiles- que se les pague el salario mínimo de Nuevo México, 7.50 dólares por hora. Si se toma en cuenta el tiempo de espera de López, su salario por hora queda muy por debajo de esos 7.50 dólares. Eso significa que, en efecto, sus salarios fueron robados.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Nuevo México ocupó el primer lugar nacional en la superficie cultivada en 2012, con cerca de 10 mil acres (cuatro mil 46.85 hectáreas) plantados y 78 mil toneladas de chiles cosechados. Esa cosecha fue valuada en 65 millones de dólares, pero el verdadero valor de mercado de esos chiles de Nuevo México –cuando se utilizan en los restaurantes, se venden en las tiendas o se transforman en salsas- sumó un estimado de 400 millones de dólares en 2012, de acuerdo con la Asociación del Chile de Nuevo México (NMCA), un grupo compuesto por los agricultores y los industrializadores.

Además el valor de la cosecha rebasa los dólares y los centavos. Un estudio publicado en julio por USA Today denominó a la salsa de chile verde como el mejor alimento icónico del país. Según la NMCA, los chiles verdes de Nuevo México se venden en todo el país en supermercados como Albertsons, Whole Foods, Kroger y Walmart. Son un ingrediente presente en salsas frescas y en las preparadas por procesadores tales como como Bueno Foods, Santa Fe Olé, Cervantes y Border Products.

De estos beneficios, poco llega a los cosechadores de chile. Según un informe de mayo de 2012 de la Oficina de Estadísticas Laborales, los trabajadores agrícolas ganan a nivel nacional un promedio de 17 mil a 26 mil dólares al año. Sin embargo, una encuesta de 2012 del Centro de Nuevo México para la Ley y la Pobreza (NMCLP), realizada con 253 trabajadores agrícolas –muchos de los cuales están en Sin Fronteras, y la mayoría de los cuales cosechan chiles- señala que sus ingresos familiares medios son inferiores a nueve mil dólares, muy abajo de la línea federal de pobreza.

El robo de salarios es una parte de esta historia. El 75 por ciento de los trabajadores de campo encuestados por NMCLP reportaron alguna forma ilegal de sub pago ese año.

Ese robo es perpetrado de varias maneras. El más común, según María Martínez Sánchez, abogada de NMCLP, es que el contratista o el agricultor falsifica los recibos de salarios diarios de los trabajadores. Las leyes laborales estatales y federales establecen que los trabajadores deben ganar el salario mínimo por lo menos, incluso cuando se paga a destajo. Pero Martínez Sánchez explica: si un trabajador no llena suficientes cubetas para ganar el salario mínimo, el contratista o el agricultor manipulan las horas trabajadas, una práctica llamada “cortocircuito de las horas”.

Los trabajadores con los que hablé interactúan exclusivamente con contratistas, y no está claro hasta qué punto los agricultores participan en las decisiones de pago. Ninguno de la media docena de contratistas y agricultores a quienes me acerqué estuvo dispuesto a compartir detalles. Pero Jim Knoepp, director jurídico adjunto del Southern Poverty Law Center, explica que los agricultores son considerados empleadores y por tanto son responsables de las infracciones cometidas por los contratistas.

Durante varios días, di seguimiento a los salarios de 16 trabajadores que viven en el refugio de Sin Fronteras. Cuando tenían recibos –escritos a mano en formatos emitidos por los contratistas-, casi siempre mostraban una tarifa por hora superior a los salarios mínimos federales y estatales. Sobre el papel, los salarios llegaban a ser de hasta 14.72 dólares por hora. Sin embargo, cuando hice los cálculos considerando el número real de horas que los trabajadores reportaron, los verdaderos pagos por hora oscilaron entre 3.97 a y 12.92 dólares. En dos terceras partes del tiempo, no ganan el salario mínimo estatal de 7.50 dólares.

Tomo el caso de César Rivera (no es su nombre real), un hombre delgado de 72 años, de Coahuila, que camina con el porte de alguien que ha trabajado en los campos la mayor parte de su vida. El 30 de septiembre, Rivera me dijo que había trabajado siete horas, sin embargo su recibo por el día establecía que había trabajado cuatro. Esa fue la diferencia entre un supuesto salario de 8.50 dólares la hora y uno verdadero de 4.86. Durante cinco viajes diferentes que hice a los campos, confirmé de primera mano que los trabajadores como Rivera a menudo trabajan más horas de lo que registran sus recibos.

Incluso cuando las horas no están en “cortocircuito”, los trabajadores rara vez reciben su paga completa por la jornada diaria. Como ocurrió a López, habitualmente los trabajadores se ven obligados a esperar en el campo, fuera de su horario. Y eso es ilegal, dice Sarah Rich, una abogada de Ayuda Legal de Texas Rio Grande. “Hay una ley (federal) llamada ‘Ley de Portal a Portal’”, explica Rich. “Una vez que llegan a la granja y se les pide que esperen, entonces están allí básicamente para beneficio del empleador”, y la ley dice que deben recibir el pago por ese tiempo. Sin embargo, el estudio de NMCLP encontró que a 95 por ciento de los trabajadores nunca se les había pagado por el tiempo que pasaron en espera del comienzo del trabajo. Y, de acuerdo con Martínez Sánchez, la abogada de NMCLP, la Ley de Portal a Portal también da derecho a una compensación por el tiempo pasado en espera de recibir el pago. Cuando tomé en cuenta los tiempos de espera en el campo de los trabajadores a los que di seguimiento, observé que recibieron menos del salario mínimo durante tres cuartas partes del tiempo, y las tarifas por hora cayeron hasta 3.78 dólares.

El robo de salarios también ocurre por medio de la violación constante del salario mínimo de Nuevo México, de 7.50 dólares por hora. Sin distingos, los agricultores y contratistas con los que hablé creían, erróneamente, que estaban exentos de pagar la tasa mayor por hora del estado, y pensaban que tenían que pagar sólo la tasa federal menor de 7.25 dólares.

Estos salarios robados pueden significar sólo centavos y dólares por día, pero se acumulan. Si bien es muy variable, un chilero típico podría trabajar siete horas al día, cinco días a la semana, en 12 semanas durante la cosecha. Esto significa 105 dólares robados por temporada por cada trabajador que ha recibido 7.25 dólares por hora en lugar de 7.50. Con un cálculo conservador de media hora de tiempo de espera sin pago antes y otra media después de cada turno, se suman otros 450 dólares robados por trabajador en cada ciclo de cosecha. A un cosechador lento cuyo contratista altera sus recibos –cortando nada menos que 3.5 horas de trabajo al día para que parezca que está ganando el salario mínimo- se le podría estar menoscabando hasta mil 580 dólares en una temporada. En Nueva México, el sub pago de salarios es considerado un delito menor, y podría significar penas de cárcel para el empleador.

Recientemente, bajo la presión de la abogada de NMCLP, Martínez Sánchez, DWS envió un correo electrónico a sus empleados para aclarar que a los trabajadores del campo, con pocas excepciones, se les debe pagar un salario mínimo de 7.50 dólares por hora. Le pregunté a López lo que significaría para ella contar con siete u ocho dólares adicionales por semana. “Podría comprar algo de comida para mí”, me dijo. “O podría comprar de esas sopas que cuestan diez por un dólar y enviarlas a mi hija en Juárez”. Aún más significativo es que el comunicado de DWS estipulaba que los trabajadores deben ser pagados por su tiempo de espera. Eso por sí solo podría aumentar el pago de un trabajador del campo hasta en 15 dólares por día. Sin embargo, no hay certidumbre de que tales determinaciones hayan llegado a los contratistas en los campos. En respuesta a las preguntas, Alegría Volea, secretaria suplente de gabinete en DWS, escribió: “Estamos trabajando en la difusión y comunicación hacia los empleadores, incluidos los agricultores y contratistas de mano de obra”.

Dino Cervantes, presidente de un grupo de productores de chile, cree que hay una solución simple a los conflictos salariales: Los trabajadores deben hablar con sus jefes. “Probablemente una llamada telefónica resolvería el problema”, dijo. Esto parece deliberadamente ingenuo. “(Los trabajadores) no están dispuestos a quejarse”, dice Rich. “Sus vidas son muy vulnerables. No quieren cortar su acceso al trabajo y no quieren ser vetados, por lo que sólo toman lo que les da el día a día”. Varios chileros me dijeron: “Si me quejo, no voy a ser contratado de nuevo”.

Sus temores no son infundados. López me habló de un día a mediados de junio, cuando ella y otros 17 trabajadores fueron contratados para deshierbar un campo de chile en Deming. Se les dijo que iban a trabajar ocho horas y su pago sería de 60 dólares. Al mediodía, el contratista llegó al campo y, sin ninguna explicación, dijo a todos los trabajadores de El Paso que se fueran. “Nos dieron entre 25 y 30 dólares”, dice López, y eso fue todo.

Los trabajadores tomaron el dinero, pero expresaron su enojo en el coche de regreso a El Paso. Luego contaron su historia a Alicia Marentes, directora de servicios sociales en Sin Fronteras. Ella pidió a López una lista de los trabajadores afectados y llamó a la oficina de Ayuda Legal de Nuevo México, en Las Cruces, para presentar una queja. Después, dice López, ella y los otros cosechadores aparecieron en la lista negra del contratista.

López se sintió frustrada por la falta de progreso en Ayuda Legal. La frustración parece estar en ambos lados. Nena Gutiérrez, de Ayuda Legal, quien tomó la denuncia, dijo que no podía comentar sobre el estatus de los casos específicos, aunque todos se toman “muy en serio”. Pero señaló que sólo 50 por ciento de su tiempo lo dedica a los casos de los trabajadores agrícolas, y que si bien ella intenta ponerse en contacto con todos los denunciantes, “nos enfrentamos a problemas de accesibilidad, debido a que los trabajadores agrícolas se mueven dentro y fuera de El Paso”.

Los trabajadores también tienen la opción de quejarse ante el Departamento federal de Trabajo (DOL) o el DWS de Nuevo México. Pero, por desgracia, la política de DWS puede también inhibir la acción de los trabajadores. Antes de que la agencia acepte cualquier queja, el trabajador debe exigir el pago de su empleador. Dado el temor a las represalias, eso rara vez sucede.

El robo de salarios, por supuesto, no sólo ocurre con los trabajadores de chile. “Ha estado sucediendo desde hace décadas en todo tipo de trabajo en el campo”, dice Knoepp. También es frecuente en otros puestos de trabajo con salarios bajos ocupados por inmigrantes. De acuerdo con un estudio realizado por Somos un Pueblo Unido, una organización de defensa en Santa Fe, casi 25 por ciento de los trabajadores inmigrantes en Nuevo México son víctimas de robo de salarios. Ese informe reveló también que los trabajadores se mostraron reacios a quejarse por temor a represalias.

Marentes, de Sin Fronteras, quiere iniciar un movimiento para la “Alimentación libre de opresión”, lo que significaría, en parte, un aumento en los salarios de los trabajadores agrícolas. Eso elevaría el costo de los alimentos –lo que seguramente se trasladaría los consumidores-. Marentes no ha hecho los cálculos de cuánto costarían los chiles libres de opresión, pero un estudio de Philip Martin, economista laboral de la Universidad de California, Davis, da luces. Según el USDA, el promedio del pago por hora de los trabajadores agrícolas de Estados Unidos es de 10.19 dólares, mucho más de lo que están recibiendo los chileros. Martin considera que pagar a los trabajadores del campo 14.10 dólares por hora les permitiría rebasar la línea de pobreza federal. ¿Cuál sería el consecuente aumento de los costos de comestibles para una familia típica estadounidense? Alrededor de 17 dólares al año.

*Este artículo se presenta editado y fue publicado originalmente en In These Times, en enero de 2014.
Fue realizado en asociación con The Investigative Fund, del Nation Institute, con apoyo de The Puffin Foundation.

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