El marco legal: un obstáculo para
la conservación y el desarrollo

Noé Mendoza y Malena Oliva

La gestión comunitaria de los bosques representa una alternativa de manejo sostenible de los recursos naturales, debido a que los ejidos y las comunidades que habitan territorios forestales son los actores más interesados en preservar las condiciones ambientales que posibilitan un modo de vida digno. Sin embargo, el aprovechamiento colectivo de los bosques es un modelo que en el México del siglo XXI encuentra condiciones contextuales muy complejas que lo obstaculizan y entorpecen.

Entre las barreras contextuales que enfrentan las iniciativas de gestión comunitaria de los bosques destaca la existencia de un marco legal forestal abigarrado y ajeno a la realidad socio-ambiental de la ruralidad mexicana. En muchos casos el entorno normativo impone barreras de entrada innecesarias y dispara los costos de transacción de los proyectos de aprovechamiento colectivo, mermando su competitividad e incentivando modelos de aprovechamiento que perjudican a la comunidad y su base de recursos naturales.

Un caso paradigmático de esta sobre-regulación forestal tiene lugar en el municipio de Calakmul, Campeche, que cuenta con la selva tropical más vasta de México y –junto con el Petén guatemalteco- es considerado el segundo pulmón verde más importante de América. Sus ejidos tienen vocaciones productivas diversas; destaca el aprovechamiento de recursos maderables practicado tanto en áreas destinadas a la extracción de madera (con diámetros mayores a 35 centímetros) como en zonas agrícolas, donde se deja descansar la tierra y se aprovechan diámetros menores (de alrededor de 10 centímetros) de especies arbóreas de rápido crecimiento.

Los ejidos que desean aprovechar la madera con fines comerciales deben presentar un Programa de Manejo Forestal Sustentable (PMFS) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); asimismo, cuando el aprovechamiento se realiza en extensiones mayores a 20 hectáreas, es necesario presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Para la elaboración de estos documentos se contratan servicios de prestadores técnicos forestales, cuyo pago comúnmente se solventa por medio de programas de apoyo que aplica la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El PMFS y la MIA buscan asegurar un aprovechamiento sustentable de la base de recursos. Sin embargo, la tardanza en la gestión del trámite por parte de la Semarnat y las correcciones draconianas que se piden a los ejidos hacen que, aun para los ejidos con larga tradición forestal, la aprobación de los PMFS y sus autorizaciones anuales sea una tarea colosal con alto nivel de incertidumbre y costos ocultos.

Para los ejidatarios de Calakmul la tramitología constituye un costo elevado, ya que la delegación estatal de la Semarnat en Campeche se ubica a 300 kilómetros de Calakmul, y todas las autorizaciones deben ser firmadas por el delegado estatal. A esto se suma la insuficiencia de personal en la delegación para desahogar los trámites de acuerdo con los plazos establecidos en la ley, lo que ralentiza el proceso.

El ejido 20 de Noviembre, ubicado al centro-este del municipio, es uno de los más extensos y con más larga tradición en el aprovechamiento sustentable de sus bosques. En el año 2013 venció su más reciente PMFS, e ingresaron uno nuevo (en tiempo) para darle continuidad a su programa de comercialización. Semarnat cuenta con 60 días hábiles como plazo legal para emitir su fallo (positivo o negativo), sin embargo, hasta el día de hoy el ejido no ha recibido respuesta alguna. Esta demora, por la que Semarnat incurre en la ilegalidad, obligó al ejido a suspender su principal actividad económica y lo hizo entrar en moratoria con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) de un crédito refaccionario que se pagaba con la venta de madera.

Por otra parte, diversos ejidos de Calakmul han desarrollado tratamientos silvícolas para aprovechar la vegetación secundaria que crece en terrenos agrícolas en descanso, a los que se conoce como acahuales. Se estima que en Calakmul existen alrededor de cuatro mil hectáreas de acahual, dominadas por especies de rápido crecimiento que eventualmente y de manera natural cederán espacio a las especies que conforman selvas maduras. Estudios realizados en la zona han demostrado que los acahuales que reciben tratamientos silvícolas incrementan sus índices de diversidad de aves y otras especies que indican una mejoría en la salud del bosque.

Sin embargo, el aprovechamiento de acahuales no tiene cabida en los PMFS porque la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable sólo contempla la extracción de especies con diámetros grandes, mientras que las especies que interesa aprovechar en el acahual tienen diámetros pequeños. Por otro lado, el acahual está definido por la misma ley bajo parámetros propios de bosques templados de pino-encino, que no corresponden a los acahuales de zonas tropicales; ello entorpece y llega a imposibilitar el aprovechamiento de estos últimos bajo los parámetros de la ley.

Durante 2013 y 2014 se gestó una iniciativa por reformar la legislación forestal con el objetivo de contemplar el acahual tropical en los programas de manejo. Este movimiento fue liderado por ejidos, organizaciones comunitarias, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CMSS) y la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Actualmente la propuesta de reforma a la ley aguarda su discusión en el Senado de la República.

El marco legal que rige al sector forestal en México se convierte en un factor de incertidumbre que, más allá de resguardar los recursos forestales comunitarios, promueve que las comunidades de Calakmul renten el derecho de uso de la tierra o vendan sus derechos ejidales a proyectos privados carentes de miramientos sociales y ambientales. Este problema adquiere relevancia internacional debido a que la antigua ciudad maya y los bosques tropicales protegidos de Calakmul fueron declarados recientemente Patrimonio Mixto (Cultural y Natural) de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La sobre-regulación forestal actúa como obstáculo para la gestión comunitaria, precisamente en detrimento del modelo de interacción virtuosa hombre-naturaleza reconocido por la Unesco. Esto compromete al Estado mexicano a transitar hacia un sistema normativo ágil y eficiente, que reconozca los distintos contextos donde opera y promueva las virtudes de la gestión comunitaria en regiones forestales como Calakmul.

Chiapas

Plantaciones agrocombustibles
y su impacto socioambiental

Miguel Ángel García A. Coordinador general de Maderas del Pueblo del Sureste, AC

Piñón. Planta extractora abandonada, Cintalapa, Chiapas FOTO: Miguel Angel Garcia Aguirre

Desde su llegada al gobierno de Chiapas en diciembre de 2006, Juan Sabines tomó como una de sus banderas políticas la expansión de las plantaciones agrocombustibles (tendenciosamente llamadas por su gobierno ”bio”combustibles), en primer lugar las de palma africana (Elaeis guineensis) y en segundo las de piñón (Jatropha curcas). Presumía estos cultivos como el aporte chiapaneco a la “lucha contra el cambio climático”.

Así, el primer decreto de Sabines, emitido el día que tomó posesión, fue el de la creación de la Comisión de Bioenergéticos del estado de Chiapas. En éste se señala que en el estado existe un potencial de 900 mil hectáreas aptas para el cultivo de palma africana, sobre todo en las zonas norte y sur de la Selva Lacandona y en la Costa (Soconusco); la meta oficial trazada fue elevar, entre 2006 y 2012, de 17 mil a 100 mil hectáreas las plantaciones de palma africana (60 mil en la Selva y 40 mil en el Soconusco), así como establecer 110 mil hectáreas en las zonas de selva baja subtropical conocidas como el Istmo, Fraylesca y el Valle Central.

De hecho, el gobierno chiapaneco logró incidir en este aspecto en la administración federal de Felipe Calderón de tal forma que las plantaciones “bio”combustibles se convirtieron en uno de los cinco proyectos eje del llamado Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (versión reciclada y disminuida de lo que fuera el famoso y desinflado Plan Puebla Panamá).

Sabines alcanzó a sembrar unas 50 mil hectáreas de palma africana, siendo el estado del país con mayor superficie y mayor producción de aceite de esta especie, seguido de Veracruz y Tabasco. Cabe señalar que estas plantaciones monoespecíficas de una especie exótica (ajena a la región y al país) se establecieron en los límites de zonas de alta biodiversidad, como son las reservas de biosfera Montes Azules, Lacantún, La Encrucijada y El Triunfo; los monumentos naturales Bonampak y Yaxchilán; el parque nacional Palenque, y los refugios de flora y fauna Chan Kin, Nahá y Metzabok, siendo territorios habitados por pueblos indígenas

En Chiapas llegaron a existir cinco viveros de palma africana –los más grandes de América Latina-, ubicados en los municipios de Acapetahua y Mapastepec (región Soconusco), Palenque (región Selva Norte) y Benemérito de las Américas (región Selva Sur), en los cuales existía –según reportes oficiales- alrededor de un millón y medio de plantas que fueron distribuidas entre comunidades indígenas; a éstas les “regalaron” las plantas, a cambio de que pusieran la tierra y la mano de obra para su establecimiento.

La forma como fue diseñado el proceso de producción de estos agrocombustibles ha hecho que los campesinos no tengan el control de ninguna de sus etapas, sino que dependen de técnicos de empresas privadas, y ya para la venta del fruto quedan a merced de intermediarios o, en el mejor de los casos, se ven obligados a entregar los frutos a un mercado cautivo, controlado regionalmente por las empresas extractoras de aceite, bajo un sistema cuasi feudal. Aun así, hemos de decir que la gran mayoría de campesinos chiapanecos productores de palma, durante años se encontraron satisfechos por la alta demanda y “buenos precios” de su producto, sobre todo comparándolo con la deprimida situación que guardan los precios de granos básicos como el maíz y el frijol.

Piñón. Aplicación de agrotóxicos

En México existen 11 fábricas extractoras de aceite de palma, ocho de las cuales se encuentran en Chiapas (una localizada en Puerto Chiapas –instalada con asesoría y cofinanciamiento del gobierno de Colombia- puede procesar ya el llamado “biodiesel”). Estas empresas controlan toda la producción: se encargan de la extracción del aceite de palma y de su posterior venta. La industria alimentaria acapara el producto, aunque adquiere 80 por ciento de sus necesidades vía importaciones desde Centroamérica.

La situación deficitaria de este aceite genera una fuerte demanda, lo que ha provocado en Chiapas la acelerada expansión de las plantaciones de palma africana. Algunas de las empresas extractoras de aceite están comprado o rentando leoninamente grandes extensiones de tierras ejidales para dedicarlas a este monocultivo, aprovechándose para ello del impulso privatizador que ha tenido el programa de titulación individual de tierras comunales llamado Procede (hoy Fanar).

Por otra parte, el piñón, siendo un arbusto originario de Chiapas y Centroamérica, usado tradicionalmente por los indígenas chiapanecos como cerco vivo para potreros y parcelas agrícolas –además de tener uso medicinal- fue también considerado dentro de los megaplanes oficiales de expansión como un cultivo de plantación comercial, con fines exclusivamente, éste sí, de elaboración de “bio” combustibles.

De ahí que el gobierno de Juan Sabines se planteara una meta sexenal de ¡110 mil hectáreas en producción! Para ello, su gobierno importó miles de toneladas de semilla de jatropha de la India, pero resultó un silencioso fracaso, pues esta semilla no germinó adecuadamente; acaso se logró la supervivencia de uno por ciento de la superficie plantada.

Ante este fracaso, el gobierno chiapaneco arrancó entonces un agresivo programa de recolección de varetas de piñón nativo, las cuales utilizó para establecer viveros madre, localizados principalmente en la zonas Istmo-Valle Central y la Fraylesca, los cuales apenas pudieron distribuir unos cuantos millares de varetas entre comunidades aledañas, antes de quedar abandonados.

Casi al mismo tiempo, Sabines inauguró una planta industrial procesadora de aceite de piñón y productora de “bio”disel, en Cintalapa, misma que está sin operar por carencia total de materia prima.

Actualmente el “verde” gobernador, Manuel Velasco, si bien ha bajado el perfil en este tema de los “bio”combustibles, mantiene políticas discretas de apoyo a la expansión de los cultivos de palma, Si bien el impulso a los “bio”combustibles fue sólo un alarde demagógico del anterior gobierno de Chiapas –al presumir ante la opinión pública de una extensa producción estatal de “bio”disel e incluso de “bio”turbosina, cuando en realidad nunca se alcanzó una mínima producción comercial-, sí se generó una acelerada y brutal expansión de lesivas plantaciones monoespecíficas de palma africana, con gran demanda de parte de la industria alimentaria, mismas que no pueden llamarse bio-combustibles, pues su establecimiento provoca graves e irreversibles daños socio-ambientales, como son: a) para su establecimiento, se deforestan terrenos de alta biodiversidad nativa, conocidos como “acahuales”, que son selvas en regeneración; b) igualmente, se desplazan tierras campesinas usadas para la producción tradicional de granos básicos (milpas), así como pastizales de ganado de carne para consumo humano, lesionándose la ya de por sí disminuida soberanía alimentaria local, regional y nacional; c) para lograr su pronta y alta productividad, se utiliza una indiscriminada cantidad de agrotóxicos, envenenando suelos y agua, y con ello, afectándose la salud de las familias campesinas; d) con estas plantaciones agrocombustibles se profundiza la dependencia económica de las comunidades, hacia un mercado internacional cada vez más monopolizado, ampliándose la desigualdad y la pobreza; y, d) en el caso específico de la palma, se corre el riesgo de generar –a largo plazo- un proceso de contaminación genética y alteración de ecosistemas naturales, en zonas de alta biodiversidad.

Y todo ello, pretendiendo replicar un insustentable y globalizado modelo de desarrollo urbano-industrial, manipulando e a la opinión pública con plantaciones que nada tienen de “ecológicas”, justificando así el mantener el derroche energético de países, empresas y sectores económicamente poderosos, que son quienes han llevado a la humanidad al callejón sin salida del calentamiento global.

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