Milpa Alta, DF

Llamado a fortalecer la preservación
de los bosques en manos campesinas

Lourdes Rudiño

No obstante la riqueza ambiental que representan, y el servicio de “vida” que otorgan a la Ciudad de México, los bosques de esta gran metrópoli son hoy poco apreciados desde las decisiones gubernamentales, y todavía menos valorados son los dueños de esos bosques, los comuneros y ejidatarios responsables de cuidarlos, vigilarlos y preservarlos, así como de prevenir y sofocar sus incendios.

Francisco Pastrana FOTO: Flor Soledad Hernández

Así los explican Francisco Pastrana, Estanislao García y Ausencio Flores, quienes son parte del equipo de trabajo de la Representación General de Milpa Alta, cuyos nueve pueblos –con más de 130 mil habitantes, y 28 mil 300 hectáreas, según sus títulos primordiales, de las cuales se tienen confirmadas y tituladas 17 mil 944- están presentes en 32 por ciento del suelo de conservación del Distrito Federal.

En este suelo de conservación –87 mil 124 hectáreas en las delegaciones Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Milpa Alta-, los bosques, pastizales y humedales existentes, de hecho sobrevivientes a contrapelo de la urbanización, recargan los mantos acuíferos que abastecen más del 70 por ciento del agua que consume la gran capital, además de realizar captura de carbono, ofrecer paisaje, equilibrar temperaturas, preservar biodiversidad de flora y fauna y demás servicios ambientales.

Históricamente, dice Estanislao García, desde la época prehispánica, la población de Milpa Alta ha protegido al territorio y sus recursos y eso ha costado vidas. “La participación de los milpaltenses en la Revolución de 1910, propiciada por la intención de Porfirio Díaz de meter aquí el ferrocarril y extraer madera, costó la muerte de casi 50 por ciento de los pobladores entonces. Y hoy día la gente expone el pellejo por defender sus recursos”.

Francisco Pastrana dice que el reconocimiento de los servicios ambientales que otorgan los bosques del DF a la ciudad, iniciado en los 90’s del siglo pasado, fue tardío pero positivo. Sin embargo, resulta insuficiente y el actual gobierno de Miguel Ángel Mancera ha tomado decisiones que menoscaban el interés los dueños de los bosques y buscan estimular la participación de la iniciativa privada, situaciones que los milpaltenses están combatiendo de la mano de sus pares del conjunto de delegaciones mencionadas, en el marco de la organización Pueblos Unidos del Distrito Federal.

“En 1984 –comenta- el gobierno del DF impulsó la ampliación de los cascos urbanos. Nosotros nos inconformamos, pues la facultad de definir los cascos urbanos corresponde a los pueblos dada la naturaleza comunal de la tierra. Esto continuó hasta 1998, cuando comenzaron dos ciclos de gobiernos que podemos llamar democráticos del DF y empezó a darse una relación con los pueblos y se consideró que los pueblos debíamos de participar en la conservación de nuestros recursos. En el 2000 se emitió el Programa General de Ordenamiento Ecológico, primer programa que integra la participación de los pueblos, esto fue un avance. Otro avance fue en 2006, cuando se publicó la Ley para la Retribución por la Protección de los Servicios Ambientales del Suelo de Conservación del Distrito Federal. Allí se estableció la obligación del gobierno local de hacer pagos a los pueblos dueños de las tierras consideradas suelos de conservación, por la generación los servicios hídricos y ambientales.

“En 2010, hubo otro avance, se conformó el Área Comunitaria de Conservación Ecológica (ACCE), que abarca en Milpa Alta cinco mil hectáreas y se suscribió un convenio de acciones anuales para conservar los recursos naturales y los ecosistemas dentro del área”. Previamente en 2008 se puso en marcha el Programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a Través de la Participación Social (Proface), el cual consiste en que los comuneros y ejidatarios realicen tareas de conservación y vigilancia de los ecosistemas.

Pero estos avances son relativos pues los programas y pagos que reciben los comuneros y ejidatarios dueños de los bosques representan muy poco –“ni 0.5 por ciento”- en comparación con el cobro del suministro de agua a la Ciudad de México, de 40 mil millones de pesos anuales, y con otros cobros que supuestamente están encaminados a proteger el medio ambiente, como la verificación de vehículos e impuestos a la gasolina. “¿Adónde va todo ese dinero que se recauda?”

Además, “con la llegada de Mancera (los avances) se empiezan a caer. Porque le dan un giro de 180 grados a la política ambiental. Nos dicen: ‘a partir de ahora, las actividades comunales desaparecen, y esas acciones que hacían los comuneros la va a hacer la Dirección de Vigilancia Ambiental Deva) del gobierno del DF’, y nosotros decimos: no”, señala Pastrana.

Los entrevistados comentan que las reglas de operación del Proface fueron modificadas en 2014; allí se estableció que “la sociedad” es beneficiaria del programa y que “debe propiciarse” la participación de los dueños de las tierras, cuando de origen el programa definía a los núcleos agrarios como los beneficiarios, como los protagonistas del programa. Los milpaltenses presentaron un recurso de amparo contra esas modificaciones porque, dicen, los convenios internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los artículos 4 y 2 constitucionales establecen la participación fundamenta de los pueblos en estas acciones. Aquí decir que la “sociedad” es beneficiaria representa abrir las puertas a la inversión privada en recursos que tienen dueños, los campesinos.

Asimismo, señalan los entrevistados, también en 2014 el gobierno del DF pretendió desaparecer las brigadas que realizan trabajo en la zona del Proface de Milpa Alta (14 grupos de entre diez y 66 personas que vigilan los bosques; adicionales a cuatro grupos dentro de la ACCE), con la idea de que la Deva realizara las labores de vigilancia y conservación. “Nosotros decimos no, porque los tratados internacionales establecen que todo lo ambiental y desarrollo sustentable debe trabajarse entre gobiernos y pueblos, y ellos mediante esta acción pretendieron dar un paso adelante para buscar que los proyectos de conservación los empezara a hacer la iniciativa privada”.

Cabe decir que los milpaltenses, y de hecho toda la organización Pueblos Unidos está demandando que la tarifa “miserable” de dos mil 500 pesos mensuales que el gobierno paga a los brigadistas suba por lo menos en 200 por ciento. Son mujeres y hombres de las comunidades constituidos en brigadas que realizan labores de mantenimiento, reforestación, poda, prevención y combate de incendios. “Trabajan todo el año de lunes a viernes, pero en época de estiaje lo hacen de lunes a domingo; somos miembros de la comunidad, y la mayoría son jóvenes”, dice Ausencio Flores.

Los comuneros están también inconformes porque el Fondo Ambiental Público –que creó el gobierno hace casi una década con el objetivo de destinar sus recursos a la realización de acciones de conservación y vigilancia de los ecosistemas, a la protección y la restauración del equilibrio ecológico y al pago de las retribuciones a los pueblos dueños de las tierras por los servicios hídricos y ambientales que generan éstas- se ha orientado a proyectos como Ecobici, y Azoteas Verdes e incluso para infraestructura urbana.

Los entrevistados comentan que “el beneficio que obtiene la comunidad de sus bosques es indirecto. Existe una veda forestal desde 1947. Todo aprovechamiento que se dé en Milpa Alta es ilegal. El único que se dio fue por medio de un programa comunitario de aprovechamiento de madera derribada para fines domésticos que duró el año 2010 –para usar alrededor de 40 mil árboles que cayeron por vientos en febrero de ese año-. “La situación propició que algunas personas, abusando de ese programa empezaran a construir aserradero, pero no sólo estaban aprovechando la madera derribada, sino que estaban sacando madera viva. Por tal razón se impulsó también que las autoridades intervinieran para frenar esa tala ilegal y en junio de 2013 se dio un operativo grande para desmantelar los aserraderos”.

Explican que la tendencia a soslayar a los dueños de los bosques en las decisiones que atañen a los bosques, o tratar de inducir la presencia de la iniciativa privada, ocurre porque “la gente a veces no entiende que los bosques son de propiedad colectiva. Está acostumbrada a la propiedad privada, que cada quien es dueño de sus 200 o 40 metros cuadrados. No entienden la propiedad colectiva, de los pueblos; es propiedad, sólo que en lugar de ser uno somos los pueblos los propietarios, y eso fue reconocido por la Corona española y por el 27 constitucional. Por eso, los pueblos tenemos la capacidad de decidir”.

Cabe señalar que de la superficie total de Milpa Alta, las tierras de uso común constituyen el monte alto, los bosques y los pastizales. Son el patrimonio común de los comuneros de los nueve pueblos y abarcan aproximadamente 16 mil 877 hectáreas. Las tierras de cultivo o repartimiento son las destinadas a la agricultura y abarcan aproximadamente 10 mil 436 hectáreas, y las tierras urbanas, que constituyen los fundos legales de los pueblos y sus desdoblamientos naturales, abarcan unas mil 762.35 hectáreas.

Estanislao García comenta que desde hace unos años la condición comercial del nopal se ha debilitado y ello ha propiciado que “mucha gente joven, al no encontrar trabajo, se integre a las brigadas comunales. Son condiciones socioeconómicas las que han influido sobre todo en esta situación, y las condiciones del país. No hay oferta de trabajo, profesionistas titulados no encuentran trabajo. Hay brigadistas con licenciatura. Esto ha favorecido la integración de nuevas corrientes de jóvenes que refuerzan los cuadros de la defensa del territorio y de los recursos a favor de nuestros pueblos”.

El valor de la gestión comunal FOTO: Eugenio Fernández Vázquez / CCMSS Juan Carlos Loza Reflexionar, imaginar y mejorar a la Ciudad de México en su viabilidad ambiental no será posible sin el apoyo y reconocimiento pleno de los pueblos originarios, los cuales –pese a una modernidad avasalladora y de despojo histórico de sus territorios- han contribuido históricamente con la diversidad de los bienes comunes de los que disfrutamos toda la ciudadanía. Esto atraviesa el reconocimiento a su forma de organización autogestiva y autonomista a la que tienen derecho para decidir sobre sus territorios, como lo han hecho hasta ahora a contracorriente de lo que se decide en los escritorios de los centros hegemónicos del poder político-partidista. La recarga de los mantos freáticos, generación de oxígeno, regulación climática, paisajística, captura del bióxido de carbono, diversidad biológica, entre otros, son posibles por dos factores: primero, por la defensa histórica que han mantenido los dueños de esos territorios frente a una urbanización salvaje del llamado suelo de conservación y segundo; por la resistencia y prácticas socioculturales que los pueblos indígenas y campesinos de México, que desde luego por si existen dudas, hay en la actual ciudad y que mantienen una relación distinta con la madre tierra. Practicas y saberes que están íntimamente ligados a formas (en el fondo anticapitalistas) que han permitido una relación (hasta donde se ha podido) más orgánica con la naturaleza, menos depredadora. En este contexto Malacachtepec Momoxco, Milpa Alta es un ejemplo singular en la defensa del territorio e identidad conformada desde hace más de cinco centurias y que nos llega en el siglo que andamos con formas de organización, comunalistas en lo fundamental, que dan sentido a su existencia. Visión colectiva gracias a la cual, junto con las demás comunidades originarias del sur del De eFe, obsequian bienes comunes al resto de la ciudad, que sin embargo el Estado y el marco “institucional” actual mercantilizan bajo la modalidad de los llamados “servicios ambientales”. El agua, por ejemplo, se cobra como una mercancía más sin reconocer o retribuir de manera justa a las comunidades por el mantenimiento de sus territorios que facilitan la recarga hídrica para el resto de la ciudad. Además el sistema impositivo se aplica con poca o ninguna diferencia sobre las zonas rurales, industriales y residenciales. También se observa desde hace décadas la política pública de políticos privados, de hacer y permitir sobre el antiguo espejo de agua y montes del Valle de Anáhuac “desarrollos” inmobiliarios en detrimento del suelo rural y ambiental. Ahora, sólo nombres de calles dan testimonio de donde alguna vez hubo canales, acequias, ejido o comunidad sobre lo que ahora son ejes viales. En el paisaje urbano, se observan “parches verdes” con “valor ambiental”. Las comunidades del Momoxco, herederas de una larga tradición en la defensa del territorio, conservan hasta la actualidad formas colectivas de posesión de la tierra que han facilitado el mantenimiento de los bienes comunes, los cuales comparten con el resto de la ciudad. Montes y diversidad biológica únicas en el mundo que ha tocado a los milpaltenses resguardar y que son indicadores de la salud y viabilidad de esta mega urbe. Visión futurista arraigada en el pasado, que supera el concepto macroeconómico de desarrollo sustentable para la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Ell@s, l@s nahuas de Milpa Alta, como parte de su identidad saben desde antes de la invasión y el coloniaje español y de la década de los 80’s (fecha en que surge el concepto de sustentabilidad y sostenibilidad), que su premisa de vida fundamental es trasladar de generación en generación el mensaje y la idea de “que estas tierras y todo lo que existe en ellas se debe de conservar para los hijos de los hijos y de los que aún no nacen”, mensaje claro incluso en sus títulos primordiales, que además de documentos agrarios son una suerte de “salvoconducto” milenario para defender la vida misma de los originarios y de tod@s aquell@s que vivimos y existimos gracias a estas formas de organización comunitarias que saben del campo, de la ciudad y de la vida. En Milpa Alta existen diversos esfuerzos comunitarios por contribuir, de una u otra manera, en la defensa y el cuidado del territorio, de los saberes y conocimientos ancestrales para las generaciones futuras. Están desde luego las labores cotidianas; desde la producción agrícola y pecuaria hasta aquellas que contribuyen a la conservación de los montes comunales de los milpaltenses. Están otras acciones, más modestas, que se encaminan a la sensibilización, investigación y difusión de la diversidad ambiental y cultural en el territorio del Momoxco, que requieren ser conocidas por el citadino “de a pie”, para que se conozca y en consecuencia se ame y defienda a esta ciudad también rural. Para conocer más de los pueblos de Milpa Alta, visita: http://youtu.be/SaYJfMHAV3U http://youtu.be/8hDg_UNTG_M

El derecho a la consulta
de los pueblos indígenas

Víctor Mendoza García Maestro en Gerencia del Conocimiento Agroecológico y Cambio Social por la Universidad de Wageningen, Holanda. Consultor en cultura y desarrollo de los pueblos indígenas

Hablar de derechos colectivos en nuestra sociedad cada vez más sumida en el individualismo pareciera un tema anacrónico. Sin embargo, el derecho a la consulta es una de las garantías ostentadas por un sujeto colectivo referido como “Pueblos Indígenas”, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual ha tomado vigencia a partir de la apertura del sector energético a la inversión privada. Y es que desde agosto del presente año, la recién publicada Ley de Hidrocarburos reconoce en su Artículo 120 la realización de los procedimientos de consulta previa, libre e informada a las comunidades y a los pueblos indígenas involucrados en los proyectos del sector.

Vale la pena comenzar a revisar algunos puntos de interés que, además de ser un tema de juristas y estudiosos del derecho, atañe a la sociedad en su conjunto. Dado que nos referimos a un derecho colectivo, la primera interrogante surge al tratar de identificar al sujeto portador de esta garantía. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? La respuesta no será menos compleja ni carente de debate. Cualquier persona sin un grado de expertise podría enlistar algunos elementos exóticos: quizá una lengua ininteligible para el oído castellanizado, un traje con colores chillantes, quizá un tocado de plumas y, sin duda, piel morena, pobreza y demás características tendientes a estereotipar al indígena.

No obstante, una cuestión importante y asignatura pendiente para nuestra sociedad mexicana es comprender que la población indígena es tan diversa en sus manifestaciones culturales como lo puede ser en su apariencia física. Los más de 500 años de mestizaje, migraciones, encuentros y desencuentros globales han provocado en las poblaciones indígenas un sinnúmero de transformaciones, adecuaciones, adopciones y olvidos de elementos culturales propios y ajenos. Es decir, como cualquier otra sociedad humana, los pueblos indígenas son sujetos cambiantes y dinámicos.

Acercarnos al universo de la diversidad cultural de México no se restringe al conocimiento de la distribución geográfica de comunidades con particulares formas de vida y de organización social. Más aún, debe además observarse como el intercambio e interacción entre estas poblaciones. Es decir, se debe reconocer también las múltiples posibilidades de asociaciones culturales y la presencia que estos actores merecen en la arena nacional.

Si observamos estos fenómenos como la creación de un caldo de cultivo intercultural, debemos entender que cada uno de los pueblos indígenas que coexisten en este país tiene una percepción particular del entorno, y como consecuencia, lo que pudiera ser importante para uno podría no serlo para el pueblo vecino. De esta manera, la generalización del sujeto “pueblo indígena” como entes sociales homogéneos puede conducir a errores importantes al momento de crear políticas públicas y protocolos de consulta y por tanto al fracaso de éstos.

Entonces, en la aplicación de un derecho colectivo para un sujeto colectivo se vuelve imperante abrirse a la posibilidad de que este sujeto toma diferentes formas muy distantes de lo que el imaginario popular pudiera entender lo que es un pueblo indígena. No es raro escuchar posturas que descalifican a un grupo que escapa de las aristas de este constructo imaginario cuando popularmente se piensa: “cómo dicen que son indígenas, si son puros güeros” o “pues si traían computadoras y tabletas, ¿cómo van a ser indios?”

En esencia, el derecho a la consulta busca la protección y salvaguarda de las prácticas y tradiciones de los pueblos indígenas. Su aplicación es pertinente cuando un tercero, por la implementación de proyectos o políticas sobre los territorios que ocupan los pueblos indígenas, pudiera poner en riesgo la continuidad cultural de la comunidad. Esto nos lleva al siguiente complejo ético: ¿Cómo evaluar la pertinencia de la salvaguarda de una costumbre?, o bien, la conveniencia de su desuso cuando ésta contraviene las formas de convivencia modernas, como se ha expresado, por ejemplo, respecto a la falta de equidad de género que se observa en las prácticas tradicionales de nuestros pueblos.

La cuestión se vuelve entonces más compleja cuando los elementos para determinar sí o no una práctica cultural debe preservarse –irónicamente- también vienen de los juicios de valor de un tercero. Habrá entonces que preguntarse quién puede erigirse como árbitro o, mejor aún, si esto es necesario.

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