21 de febrero de 2015     Número 89

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER
Suplemento Informativo de La Jornada

Plantaciones forestales comerciales,
herramienta contra la desforestación
y la pobreza: AMPF

Evolución de las PFC

En 1997 el gobierno federal creó el Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan), inicialmente operado por la Secretaría de Medio Ambiente, y hoy por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) por medio del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR). Desde entonces, se tiene registrado el establecimiento de 289 mil 727 hectáreas de PFC de diversas especies y para diversos fines, siendo las maderables de especies como el cedro rojo, eucalipto, teca, melina y pino, las que más se han establecido (en ese orden de importancia). Las no maderables establecidas son candelilla, lechuguilla, piñón de aceite y árboles de navidad.

Información proporcionada por Jorge Pedro Flores Marker, gerente de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales de la Conafor, el volumen acumulado de producción de las PFC de 2007 a 2012 sumó un millón 310 mil 187metros cúbicos.

“Para la presente administración, el tema de PFC es uno de los más relevantes para incrementar la producción y productividad forestal, y cada año se ha procurado elevar el presupuesto disponible para apoyar a los plantadores. En el 2014, se asignaron apoyos por un monto de 258.3 millones de pesos para el establecimiento de 17,641 hectáreas de nuevas plantaciones, y para el presente año se tiene programado asignar 350 millones para 26 mil hectáreas. Se estima que en el 2018, se producirán 2.1 millones de metros cúbicos de madera provenientes de PFC, lo que representará el 19 por ciento del total de la producción forestal nacional; en el 2012, esta proporción fue del 4.8”.

Lourdes Rudiño

Si bien grupos ambientalistas rechazan las plantaciones forestales comerciales (PFC), al señalar que son monocultivo y carecen de la diversidad genética de los bosques naturales, estas PFC son la principal herramienta para disminuir la sobreexplotación de bosques y selvas, los cuales son objeto en muchas regiones de tala clandestina o aprovechamiento fuera de planes de manejo a causa de la presión social y económica y de un exceso de leyes y regulaciones silvícolas, afirma Jesús Martin Cuanalo Araujo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales (AMPF).

Además, agrega en entrevista, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), “sólo se pueden establecer PFC en suelos que no están cubiertos por árboles, es decir agrícolas o con actividad ganadera, y entonces las PFC son una manera de reconvertir hacia lo forestal. En esas tierras, un cultivo de temporal de maíz no dará al año utilidades mayores a tres mil pesos, mientras que un aprovechamiento silvícola da diez veces más y eso, está probado, ayudará a que se conserve el bosque. Las comunidades van a conservar lo que les da de comer y van a conservar el bosque si el bosque les permite ingresos”.

México, señala, tiene una vocación natural y un potencial en el sureste para cinco millones de hectáreas de PFC; hoy día están establecidas 180 mil y son tema nuevo, pues es a partir del 2000 que se ha trabajado más en esto. “Pero estoy convencido de que las PFC pueden ser la solución no sólo para conservar nuestro ecosistema; también para combatir la pobreza rural de muchas regiones de México. Las PFC evitan que se afecten las partes forestales que no deben ser tocadas –nuestras reservas de la biosfera, parques nacionales, corredores biológicos-; si hay de dónde disponer de materia prima forestal, se reduce la presión sobre esas zonas”. (Cabe decir que los datos oficiales de la Comisión Nacional Forestal, Conafor, indican que la superficie establecida hoy de PFC es de 289 mil 727 hectáreas).

“Hace cien años Finlandia sufría condiciones muy precarias, pero decidió aplicar un plan de desarrollo forestal, tomando en cuenta la vocación de su suelo, y hoy es una de las economías más desarrolladas del mundo y con bienestar social. Uno de los ejes de su crecimiento son las PFC. Allí y en conjunto en los países nórdicos (líderes globales en PFC), estas plantaciones han impulsado la economía pero también ahora existe el doble de biomasa forestal respecto de cuando detonaron su proyecto de industria forestal. El aprovechamiento forestal bien hecho, bien llevado, con un objetivo de sustentabilidad, promueve la conservación de los bosques”.

Cuanalo Araujo considera que “el tipo de tenencia de la tierra en México ha hecho que la inversión de plantadores en México sea poco atractiva. Hacer convenios con ejidos tiene un riesgo, pues muchos de ellos cambian de autoridades cada tres años, además no siempre hay el respeto que requieren los contratos, pues los ejidos tienen una figura que hace muy difícil llevarlos ante la ley si hay un incumplimiento, y viceversa, también puede haber abusos por parte de particulares. Por otro lado, para que sea redituable, una PFC debe tener una superficie grande y eso es muy difícil de conseguir (…). Por último (como sociedad) nos da miedo pensar en la venta de la tierra, pero debemos pensar que llevar actividades que detonen la economía a distintas regiones finalmente ayuda a combatir la pobreza”.

“Por la idea revolucionaria del campesino, nos hemos empeñado en tener amarrada a la gente a la tierra, eso lo que ocasionó fue que se atomizara la superficie, y eso ha sumido en la pobreza a las comunidades y arroja a la gente a las ciudades o al extranjero. Si se establece una PFC en una región y sobre todo si se establece una industria forestal, lo que ocurrirá es que habrá mayor demanda de mano de obra, empieza a haber actividad directa de la PFC o de la industria y se empieza a generar una economía alrededor de esto pues habrá quien le quiera vender zapatos a los obreros y habrá quien quiera rentar y quien quiera vender comida, etcétera”.

-¿Se tiene ejemplo de PFC que logre esto en México?

-Aquí todavía estamos en un ciclo de incubación en las PFC; se estima que lo que se ha estado plantando va a alcanzar su madurez en 2018. Actualmente producimos en México –de todo tipo de fuentes de producción, incluidos bosques naturales- seis millones de metros cúbicos de madera y la Conafor está proyectando producir vía las PFC 11 millones de metros cúbicos anuales para el 2018. Pienso que un ejemplo real exitoso de empresas lo vamos a notar a partir de ese entonces. Los ciclos de corta en las PFC llegan a sumar 30 años; sí hay árboles, como son clones de eucalipto, de más rápido crecimiento, pero hay que ver para qué tipo de industria se está produciendo. La madera de eucalipto sirve para papel blando, es celulosa blanda –para papel higiénico o de impresión- pero si pensamos en una actividad maderable o de derivados de la madera, estamos hablando de ciclos de 14 a los 30 años. A veces se hacen cortas de aclareo al cuarto o séptimo año, que nos permiten ir aprovechando el producto de cortas dimensiones o de menor diámetro.


FOTO: Conafor

“Finlandia tiene sólo tres especies de árboles maderables, pino silvestre, abedul y picea. Casi todo el año es invierno y su ciclo de corta es de 60 años. Eso quiere decir que quien está plantando ahorita está pensando en las generaciones futuras, ni siquiera en sus hijos. Eso nos falta en México atrevernos a apostarle al largo plazo”.

De acuerdo con el entrevistado, aunque no hay una estadística precisa, y la Conafor tiene en proyecto evaluar las PFC para saber exactamente a quiénes y con cuánto se les ha apoyado con presupuesto público, puede calcularse que unas 50 mil hectáreas corresponden a productores de muy pequeña escala, de una y hasta diez hectáreas cada uno, y las 150 mil restantes a productores privados, quienes cuentan con predios promedio de cien hectáreas; hay otros productores más grandes con hasta mil hectáreas, y unos cuantos con hasta cinco mil.

Cabe mencionar que, de acuerdo con Avelino Villa Salas, miembro del consejo ejecutivo nacional de la AMPF y de la Academia Nacional de Ciencias Forestales, los productores de pequeña escala deben concebirse como “temporales” y los más grandes, “permanentes”. Ello, porque los primeros se involucraron en las PFC por el estímulo del apoyo gubernamental y no dan el seguimiento requerido a sus plantaciones, tienen mezclas de árboles que resultan inmanejables o incluso desconocen qué mercado surtirán. Los segundos en cambio establecieron sus PFC porque están integrados con la demanda específica de productos como resina, celulosa o madera y cuentan con tecnología de punta. Villa también señala que cuando comenzó el impulso gubernamental a las PFC, en 1997, “había más empresas extranjeras que mexicanas invirtiendo en esto. Estaban las estadounidenses Temple Inland y Simpson, en el sur de Veracruz; Smurfit, en Campeche, e International Paper, haciendo sus ensayos genéticos. Pero éstas acabaron vendiéndole a los mexicanos”, debido entre otras cosas a las restricciones de tipo agrario.

Cuanalo comenta que los dueños de pequeños predios “entran al programa, pero después los costos de mantenimiento les resultan altos, y muchas veces dejan crecer la plantación abandonada; o no tienen dinero para hacer estudios de viabilidad de cuál es la mejor especie y cuál es el mejor clima, ni usan la mejor semilla, el mejor material genético material clonado, que sí usan las grandes empresas, y que para aquellos resultaría muy costoso (…) Su producción es de tan pequeña escala, que si no se organizan entre ellos, el destino de su madera va a ser doméstico, va a terminar siendo para pequeños aserraderos o para autoconsumo, por eso digo que no hay que tener miedo de apostar a las grandes extensiones, los ejidos o comunidades pueden tener grandes extensiones de plantaciones si realmente se organizan; un problema es que están parcelados los predios agrícolas y pecuarios. Tendría que haber organización. Y el otro problema es que justamente para que los privados compren necesitan tener grandes polígonos en una sola masa. En Finlandia los dueños de las PFC promedian entre 20 y 30 has, no son grandísimas extensiones, pero están organizados”.

Señala que la mayoría de las PFC en manos de productores privados están establecidas en tierras que han sido compradas. El valor de la tierra en el sureste, dice, va de 15 mil y hasta cien mil peso por hectárea.

Las plantaciones forestales y
de agrocombustibles en México

Carlos A. Rodríguez Wallenius UAM Xochimilco

Las plantaciones forestales y de agrocombustibles en México muestran la confrontación entre dos modelos de agricultura contrapuestos: las plantaciones comerciales, vinculadas a grandes intereses económicos, que buscan ganancias extraordinarias, que hacen uso extensivo de tierra y agua, basados en el monocultivo de especies maderables, para celulosa o de agrocombustibles, frente al modelo de agricultura campesina e indígena, basada en la siembra de maíz, bajo tierras de propiedad social, el sistema de la milpa y el policultivo de diversas especies y formas de organización comunitaria.

Esta confrontación se ha acrecentado desde hace unas dos décadas, a lo largo de las cuales el gobierno federal, en alianza con empresas agroindustriales, han impulsado un modelo comercial fortalecido por cambios legales, como el caso de la Ley Agraria, que permite la venta y el arrendamiento de las tierras ejidales y amplía la extensión de la propiedad forestal hasta por 20 mil hectáreas mediante sociedades mercantiles. Por su parte, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos establecen protección y apoyos para las plantaciones comerciales y para las agroempresas.

Con este marco jurídico, se han empujado políticas gubernamentales como el Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan), con el objetivo de impulsar al establecimiento de plantaciones para aumentar la superficie y la productividad forestal, proporcionando subsidios e incentivos.

El interés gubernamental por las plantaciones forestales se debe a la intención de reducir la dependencia de las importaciones de insumos de madera y celulosa, así como de promover un modelo empresarial, con base en monocultivos de árboles de rápido crecimiento destinados a la producción de pasta de celulosa y de madera aserrada, con especies como el eucalipto, pino, la melina y teca, así como palma africana y jatropha (piñón) para agrocombustibles.

Las políticas de fomento a las plantaciones comerciales han impulsado un incremento moderado en la superficie sembrada, pues pasaron de 100 mil hectáreas en el 2006 a 200 mil en el 2014. El crecimiento ha sido más importante en los estados del sureste como Veracruz, Tabasco, Campeche, Puebla y Chiapas –dadas las condiciones climáticas, de suelo y agua de la región-. Allí es donde el gobierno ha concentrado sus esfuerzos. La extensión sembrada es relativamente pequeña si se le compara con las aspiraciones del Consejo Nacional Forestal, el cual considera que México cuenta con un potencial de 11 millones de hectáreas para el establecimiento de plantaciones comerciales.

El desarrollo del sistema de plantaciones comerciales ha sido sostenido por una serie de empresas que tienen vínculos con corporativos mexicanos y trasnacionales de las industrias mueblera y papelera y tiendas departamentales. Es el caso de Forestaciones Operativas de México, Agropecuaria Santa Genoveva, Silvicultura Soraya (vinculada a la papelera Kimberly Clark), Promotora de Plantaciones del Sureste (que forma parte de las tiendas Liverpool) o Plantaciones de Tehuantepec (relacionada con International Paper).

Respecto a las plantaciones para agrodiesel, el principal producto que se ha promovido es la palma africana. En total, en el 2012 había alrededor de 80 mil hectáreas plantadas con palma africana. Chiapas es el productor más importante con un 79 por ciento de la producción nacional, seguido por Veracruz con el 13 por ciento y el resto se cultiva en Tabasco y Campeche. El gobierno mexicano promueve la siembra de palma africana y jatropha directamente con campesinos, mediante incentivos económicos y programas de apoyo. Esta situación hace que los agricultores dependan del control de las pocas empresas procesadoras, que son las que compran las semillas y extraen el aceite.

Las plantaciones comerciales tienen otras repercusiones sociales, pues implican el desplazamiento de la producción campesina (sobre todo del maíz) y el usufructo de las tierras ejidales y comunales (mediante la compra o renta de sus tierras por parte de las empresas), ya que las agroindustrias necesitan de los suelos y el agua de las comunidades para generar condiciones de economía a escala para una producción rentable, con proyectos de largo plazo que requieren de grandes inversiones iniciales y con ganancias que se obtienen en el mediano plazo.

Adicionalmente las plantaciones comerciales tienen un impacto ambiental importante, pues se basan en la siembra de grandes extensiones de monocultivos, provocan erosión biológica al desaparecer la biodiversidad por la eliminación de la capa vegetal original y las especies asociadas al hábitat, intensificado por el uso de agroquímicos y pesticidas. Además, especies como el eucalipto o la teca esterilizan el suelo por efecto alelopático.

De esta manera, el sistema comercial implica un modelo que excluye a las formas de producción y de vida campesina e indígena, pues atenta contra su base de subsistencia, ya que las plantaciones se expanden por la compra y renta de tierras, para que sean sembradas con monocultivos. Ejemplo de ello son los contratos de arrendamiento, elaborados en condiciones desventajosas para los ejidatarios y que no incluyen los costos ambientales provocados por los monocultivos.

Las contradicciones provocadas por las plantaciones no se han hecho esperar, van desde el desdén de ejidatarios y campesinos a sembrar o a rentar sus tierras, hasta la movilización de comunidades para exigir el retiro de empresas de sus territorios.

Integrar criterios de desarrollo
en la producción de palma africana

Héctor B. Fletes Ocón Profesor de tiempo completo, Universidad Autónoma de Chiapas [email protected]

Crisis se ha vuelto una palabra recurrente. Uno escucha crisis financiera, ambiental, alimentaria, energética. Pero ello no significa lo mismo para distintas personas, grupos y naciones.

En la década reciente, lo que con diferentes manifestaciones se ha expresado como crisis energética (disminución de reservas de combustibles fósiles, emisión de gases de efecto invernadero, creación de mercados de carbono, inestabilidad de precios, expansión de biocombustibles y el vínculo estrecho entre el sector energético y el alimentario global) ha conducido a diversas estrategias políticas y empresariales.

En el lado político, se ha buscado no sólo la producción de combustibles con fuentes alternativas, sino se ha establecido una estrategia de “seguridad energética”, principalmente en los países industrializados. En el lado empresarial, los grupos globales de interés (petroleras e industrias automotriz y alimenticia) buscan la utilización de materias primas más eficientes en términos de costos y rentabilidad.

En este contexto, desde el sexenio 2006-2012 se emprendió en México un ambicioso programa de producción de agrocombustibles, creando organismos especiales para ello dentro de distintas secretarías. Una de las opciones de insumos que se mencionó fue la palma africana o de aceite (además del maíz, la caña de azúcar y la jatropha), cuyo proceso en el país resulta una situación de sumo interés y relevancia.

Desde los años 70’s, e incluso antes, se promovió la expansión de palma en México, pero es a partir de los diez años recientes que presenta un gran dinamismo. Todo indica que el crecimiento de su superficie sembrada (hasta cerca de las 75 mil hectáreas en el 2013) no se asocia con la producción de agrocombustibles, como se definió en el programa gubernamental (que buscaba establecer 300 mil en ese periodo de seis años), sino con la cualidad de México como importador de aceites vegetales, y esto a su vez con los desajustes y desplazamiento de mercancías agrícolas (maíz, soya y caña de azúcar) hacia la producción de agrocombustibles en países como Estados Unidos, Brasil y China, entre otros.

La producción de palma africana se ha concentrado en los estados del sureste del país: Campeche, Tabasco, Veracruz y principalmente Chiapas (en donde están sembradas unas 50 mil hectáreas). En esta entidad la plantación se ha expandido en tres regiones: el corredor costero (que incluye el Soconusco y el Istmo-Costa), la región Selva, y el norte del estado. Lo que ha pasado allí tiene una gran relevancia. Primero, porque la producción de palma (y su procesamiento como aceite crudo por extractoras) ha representado una alternativa de ingresos para agricultores en el contexto de los disminuidos precios de los básicos, maíz en especial; una alta demanda de aceite crudo de palma, y la cualidad de la planta de producir a lo largo del año. Segundo, a pesar de ciertas ventajas que ha representado, comienzan a observarse impactos ambientales al establecerse como monocultivo, incluso en áreas de Reservas Naturales: está minando la biodiversidad local. Tercero, muestra una ocupación de tierras no “marginales” y un desplazamiento de la producción de básicos y hortalizas. Cuarto, mientras hay un numeroso grupo de productores en las regiones mencionadas, la extracción del aceite se concentra en alrededor de siete empresas (algunas propiedad de agricultores locales), con una diferencia importante en el valor apropiado en las diferentes fases de la cadena (materia prima, aceite crudo, aceite refinado, y una variedad de usos industriales).

Por otro lado, contra lo esperado por agentes oficiales y productores, los precios comienzan ya a verse inestables y con reducciones importantes. Finalmente, a la industria están concurriendo un conjunto de actores heterogéneos y de muy distintas escalas (también global) que intentan imponer, negociar y establecer estándares de producción sustentable de la palma, siendo obviamente en condiciones desventajosas para los agricultores que están representados por ciertos comités regionales de palma. De este modo, son múltiples las dimensiones desde las cuales examinar esta alternativa.

En cuanto a la dimensión ambiental, el escenario es que, mediante la regulación que se viene construyendo por parte de múltiples actores globales, nacionales y locales, podría crecer la subordinación de los agricultores ante los otros actores de la cadena. Esto obedece a que en los distintos instrumentos no se observa la posibilidad de que se establezcan diferenciales de precios que reconozcan la calidad y la “sustentabilidad” del producto, sino simplemente el criterio de si el productor está o no “certificado ambientalmente”. Así, el momento actual es clave para impulsar transformaciones institucionales que mejoren las ya difíciles condiciones socioeconómicas de los agricultores y campesinos. En este proceso por supuesto debe jugar un papel muy importante el Estado, y las asociaciones de productores, las cuales están ya desarrollando redes sociales y productivas en Chiapas.

En ese sentido, se debe generar una estrategia amplia y de largo plazo que impulse los agrocombustibles de segunda y tercera generación, cuya materia prima no comprometa la producción de alimentos. Ello, a la par de impulsar también con visión amplia estrategias de producción de alimentos por pequeños agricultores. De lo contrario, más que aliviar las crisis mencionadas, una estaría estimulando las otras, como sería la creciente inseguridad y vulnerabilidad alimentaria. Estudios muestran que el proceso de producción de aceite de palma genera grandes cantidades de emisiones de CO2. Sobre la regulación que se desarrolla actualmente, es importante buscar equilibrios entre distintas dimensiones del desarrollo asociado con la producción de palma. Hasta ahora, el criterio de la eficiencia económica ha prevalecido sobre la conservación ambiental y la equidad social y económica.

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